En Bogotá no hay una lucha ideológica

En Bogotá no hay una lucha ideológica

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17 de enero 2014 , 03:51 p.m.

La sanción impuesta por la Procuraduría al Alcalde de Bogotá no plantea lucha ideológica en la ciudad ni confrontación comparable. Afortunadamente en Bogotá conviven pacíficamente las distintas posiciones del espectro político, en términos actuales la izquierda, el centro y la derecha, inclusive en sus versiones extremas. Prueba de lo anotado se refleja en la conformación del Concejo del Distrito y en la filiación de quienes lo representan en la Cámara de Representantes. Para esas dos corporaciones han sido elegidos miembros del partido comunista, los partidos tradicionales y las organizaciones políticas de más reciente creación. Ese pluralismo se refleja también en la orientación política de los alcaldes elegidos: 3 de la llamada izquierda democrática, dos liberales, dos independientes y un conservador.

Las situaciones creadas por el alcalde Petro obedecen a que él y sus amigos consideran que en su caso no deben operar el control político que la ciudadanía puede ejercer sobre la gestión que cumple ni el control disciplinario que compete a la Procuraduría. Primero se opuso a la revocatoria, que es instrumento político por excelencia. Durante ocho meses, utilizó toda clase de recursos, acciones y argucias para evitar que se convocara la votación correspondiente. Cuando se dio cuenta que la Procuraduría podía sancionarlo, se volvió partidario de la revocatoria y decidió apoyarla. Tal vez pensó que era mejor salir del cargo por veredicto popular y no destituido por el ministerio público.

Contra la sanción que le impuso la Procuraduría está combinando dos respuestas. Una política (la movilización de sus partidarios y las manifestaciones públicas) y otra judicial que va desde la demanda que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta la presentación de centenares de tutelas. Estas últimas le permiten ganar un poco de tiempo, pero no logrará permanecer en el Palacio Liévano, pues la equivocada decisión del distraído o demasiado vivo magistrado Armenta será revocada por sus compañeros de Tribunal, entre otras razones porque la Corte Constitucional decidió recientemente que el Procurador tiene facultades suficientes en la ley y en la Constitución para investigar y destituir e inhabilitar a quienes hayan sido elegidos popularmente, cuando se determine que han cometido faltas que violen el Código Disciplinario Único.

Así está consignado en las sentencias C-634 de 2011 y SU-712 de 2013 (octubre 17). En ellas se establece que las sentencias de unificación que dicta la Corte constituyen precedente judicial y fuente del derecho que prácticamente obligan a los operadores judiciales (magistrados y jueces). En la segunda de dichas sentencias la Corte unifico sus determinaciones anteriores en relación con las varias tutelas interpuestas contra sanciones impuestas por la Procuraduría a servidores públicos de elección popular. Con el fin de garantizar seguridad en la interpretación y aplicación del ordenamiento vigente, la Corte de manera expresa y terminante dijo que el Procurador tiene facultades plenas para investigar y sancionar a los elegidos que hayan violado la ley, razón por la que validó la destitución e inhabilidad de 18 años impuesta a conocida senadora. Esa sentencia de unificación definirá la suerte de los cientos de tutelas interpuestas por los amigos y empleados del alcalde Petro.

Jaime Castro (Exalcalde de Bogotá)

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