'No se ha detenido proceso para notificar sanción a Petro': Procurador

'No se ha detenido proceso para notificar sanción a Petro': Procurador

Dijo que 'términos siguen corriendo' porque la suspensión de la destitución no afectó procedimiento.

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16 de enero 2014 , 08:24 p.m.

El martes 28 de enero debe llegar a la Presidencia de la República la notificación oficial de la destitución del alcalde Gustavo Petro.

Esto, porque el proceso de notificación, según advirtió el procurador Alejandro Ordóñez, no fue afectado por la suspensión de la destitución ordenada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta.

Ordóñez señaló que en este momento siguen corriendo los 8 días que dio su despacho para que el Alcalde se notificara de la decisión en su contra. Cumplido este plazo, la sanción será notificada por edicto.

La Procuraduría sostiene que la polémica tutela de Armenta no suspendió el proceso de notificación, porque la orden se refirió a decisiones plenamente ejecutoriadas, situación que no corresponde a la ratificación de la destitución.

“Los efectos jurídicos de un fallo empiezan a correr a partir del momento de su notificación. En el caso del que estamos hablando, no se ha notificado y por tanto no se han empezado a producir los efectos jurídicos. Luego la suspensión es sobre unos efectos que no se han empezado a producir”, dijo Ordóñez. “Los términos para la notificación siguen corriendo”, advirtió.

El magistrado Armenta decretó “la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario del 9 de diciembre” y del fallo confirmatorio, del pasado 13 de enero. La notificación no es un efecto jurídico del fallo, sino un proceso previo, por lo que la Procuraduría sostiene que la orden judicial no lo cobija.

Este jueves también se conoció que por otra de las tutelas admitidas por el Tribunal de Cundinamarca, el contratista Emilio Tapia, uno de los protagonistas del ‘carrusel de la contratación’ y quien habló de un supuesto complot de los operadores del aseo para generar un caos ante el cambio de modelo en el servicio, será escuchado como testigo.

Según la tutela, su declaración es una prueba que no tuvo en cuenta el fallo de destitución de la Procuraduría.

Ayer, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que empezará a investigar si Armenta estaba o no impedido para conocer la tutela en favor de Petro, por ser su esposa alta funcionaria de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

De otro lado, el fiscal Eduardo Montealegre cuestionó a los sectores que consideran que una eventual medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sería de obligatorio cumplimiento.

Sin hacer referencia al caso del Alcalde, que acudió a esa instancia, afirmó que “ese concepto viejo de la soberanía de los Estados y su autonomía se acabó”.

Montealegre agregó: “Me extraña escuchar voces autorizadas que niegan el poder vinculante de las decisiones del Sistema Interamericano”.

Hasta jíbaros han ocupado la plaza de Bolívar

La decisión del alcalde Gustavo Petro de convertir la plaza de Bolívar en escenario de su defensa y de rechazo del fallo de destitución de la Procuraduría ha empezado a tener consecuencias sobre este emblemático lugar y sus habituales visitantes.

Desde el 9 de diciembre la plaza está ‘colonizada’ por 30 carpas, que sus ocupantes llaman ‘Aldea Bacatá’. Allí comen y cocinan y se turnan para mantener la ocupación permanente del espacio.

Incluso, el miércoles, durante la concentración de estudiantes, se vieron jíbaros que ofrecían alucinógenos como popper y heroína. La marihuana, en cambio, estaba en casi toda la plaza, y hasta desde la tarima, donde en ese momento hablaba el mandatario, la lanzaban en tono retador.

Y en medio de las vehementes alocuciones de Petro, algunos de los visitantes a la plaza se han tornado agresivos con los periodistas. Por ejemplo, el miércoles pasado, cuando el Alcalde acusó a los medios de comunicación de haber “masacrado al magistrado José María Armenta”, algunos insultaron y acorralaron a un grupo de periodistas que cubrían la jornada en la plaza de Bolívar.

REDACCIÓN JUSTICIA

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