Que 500 toneladas de carbón caigan al mar, que barcazas repletas de ese mineral naveguen por el Caribe eludiendo las olas, las normas, la ley, y que la Drummond haya hecho por un buen tiempo caso omiso al sistema de cargue directo es, en verdad, lo de menos. (Vea acá cifras de empleo en el sector de la minería)
Y lo es -como también lo es la sanción del Ministerio de Medio Ambiente- cuando se analiza el impacto de la minería en el país; cuando se echa un vistazo a esas regiones que desde hace décadas han tenido que marchar al ritmo de esa locomotora.
Eso, justamente, es lo que hace la más reciente investigación de la Contraloría General, que será publicada este jueves 16 de enero: dar una radiografía de esa actividad en la que, en suma, se advierte y se reitera que Colombia aún parece no estar preparada para hacerle frente al sector; que aún, como lo dice en un aparte, no existen las condiciones para avanzar hacia la preservación de los recursos naturales.
El balance, entonces -se lee- parece dramático. Pese a que el modelo es exitoso por el aumento de la inversión extranjera, las exportaciones y la notable producción, parece poco alentador desde donde se le mire, ya sea por la condición social de los municipios aledaños a las explotaciones, el daño ambiental o la situación legal de muchas mineras.
Así lo evidencian las más de 340 páginas de ‘Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos’, el segundo libro sobre el tema elaborado por la entidad y liderado por el economista Luis Jorge Garay.
Más minería, peores condiciones de vida
Los hidrocarburos y los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país y generan ingresos significativos. De hecho, su participación en el Producto Interno Bruto es cada vez más importante: en el 2012 representó un 7,7% mientras que sectores como el industrial y el agropecuario apenas alcanzaron 1,6 y 1,8 puntos porcentuales.
Pero, ¿qué hay detrás de esta gran riqueza? ¿Qué se esconde tras las más de 80 millones de toneladas de carbón y las 76 de oro que salen del país año tras año?
Lo que primero queda en evidencia en el estudio de la Contraloría, conocido por ELTIEMPO.COM, es que “la calidad de vida de la población de las zonas de explotación de minerales no sólo no mejoró, sino que, en la mayoría de los casos, vio consolidar su retraso en contraste con otras regiones”.
Un par de ejemplos bastan: los indicadores de pobreza de Chocó, que desde 2009 incrementó de manera acelerada la obtención de oro hasta alcanzar un 39% de la producción colombiana (muy cerca al 42% que concentra Antioquia), son del 74%. Además, tiene un déficit de vivienda de 82% que preocupa.
Y, si el oro deja a su paso tales carencias, el carbón no se queda atrás: en los municipios productores en el Cesar -tierra de la Drummond-, que es de donde sale el 48% de nuestro carbón, hay un promedio de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 76%, 31 puntos más que la cifra departamental y 20 más que la nacional (54%).
Pero esos no son los únicos datos alarmantes. En el tema de salud, si bien el departamento tiene una amplia cobertura (de 116% en 2012), los números no reflejan la calidad del servicio. La muestra es que hace dos años la tasa de mortalidad infantil (TMI) en Colombia era de 18 por cada mil nacidos vivos, mientras que en el Cesar y La Guajira, el segundo departamento que produce más carbón (42%), las defunciones ascienden a 20 y 32, respectivamente.
Y, como si fuese poco, en el Caribe la deforestación ha sido mucho mayor que en cualquier otra región. Entre 2000 y 2007, año tras año, en el norte desaparecían 19 hectáreas (ha) por cada mil, mientras que en todo el territorio la tasa era de cinco hectáreas. A su vez, las zonas carboneras del Cesar talaban, anualmente, 46 hectáreas.
Sin embargo, aquellos datos no son, en verdad los más agobiantes. Inquieta aún más las posibles consecuencias que se pueden desencadenar de una explotación carbonífera que no tome las precauciones adecuadas.
“La principal preocupación -se lee en el informe- derivada del impacto ambiental radica, por su puesto, en los efectos observados en humanos. En especial la acción de pequeñas partículas de mineral sobre los pulmones, lo que puede llegar a generar neumoconiosis”, una grave enfermedad pulmonar, ocasionada por la deposición de residuos sólidos en los bronquios que, por lo menos, ya ha sido reportada en Boyacá.
Dichas partículas, claro, se desprenden tanto en la remoción, en el transporte y en el embarque, pero son más frecuentes cuando se hace explotación a cielo abierto (como en Cerrejón), pues pueden viajar grandes distancia por el aire. En la costa norte, asegura la investigación, se han hecho mediciones que exceden las normas vigentes en las poblaciones cercanas a las minas de carbón.
También, en esas minas, se liberan drenajes ácidos que pueden ir a parar a las corrientes de agua -donde están expuestos una buena cantidad de peces- y metales peligrosos que, en China, han estado asociados a casos de cáncer, cálculos renales o problema de aprendizaje en niños. Por esos antecedentes es que resulta urgente, dice el documento, “evaluar el estado epidemiológico y ambiental de las zonas de minería del carbón en Colombia”.
Y aunque en ocasiones se espera que al menos esas problemáticas sean subsanadas con generación de empleo, un análisis muy distinto presenta la Contraloría. Su participación es de apenas 1,2% (unos 238 mil puestos) a pesar de los grandes ingresos que genera. La exigua cifra contrasta con los trabajos que crea el sector agropecuario (3,6 millones) o el sector industrial (2,7 millones).
La remuneración económica a los empleados también es mucho menor. La del carbón es de entre $15 y $38 por cada $100 de excedente bruto de explotación frente a $600 y $900 que genera la agricultura.
La guerra de los minerales
Hay un factor, además, que habría que tenerse en cuenta cuando se analiza toda la problemática que gira en torno a la minería: la violencia. Es constante la aparición de grupos al margen de la ley que quieren adueñarse de la producción.
Ese el caso del oro que, en ocho departamentos, “ha superado al narcotráfico como la principal fuente de financiación de las bandas ilegales”. Agrega el informe que “minerales preciosos como el tungsteno y el coltán, ahora son extraídos por las Farc”.
El panorama ha ocasionado un crimen organizado que, solo en minería ilegal, podría lavar anualmente hasta $10 billones. De hecho, “entre 2003 y 2011 se reportaron 53 toneladas de exportaciones de oro por encima de la cantidad de lo que se registró como producido”.
Eso, quizás, es el resultado de “la incapacidad de la autoridad minera para hacer seguimiento y fiscalización a una actividad que se administra desde el Gobierno central”, afirma el estudio.
La prueba más certera de esa afirmación es que solo el 37% de las 14.357 unidades mineras censadas en 2010 y 2011 tenían título minero y que de esas el 47%, aunque estuviesen en etapa de explotación, no tuvieran licencia ambiental. Es más: el 65% ni siquiera pagaba regalías.
Y esos motivos, junto a mucho más, conducen a una reflexión que se repite de diferentes formas a lo largo de los siete capítulos: que “en el sector ambiental colombiano se ha configurado un régimen endeble y con baja autonomía gubernativa, producto, no solo de las fallas en la normatividad, sino de que la toma de decisiones pareciera haber sido influenciada por la racionalidad económica y sociopolítica”.
Pero, sobre todo, conduce a una conclusión muy diciente: “al menos, en principio, los impactos de esta actividad para los municipios mineros podrían ser más el reflejo de la ‘maldición’ que de la ‘bendición’ de la explotación de los recursos naturales no renovables”.
SERGIO SILVA NUMA
sersil@eltiempo.com
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
