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Se lanza segunda parte del polémico libro 'Minería en Colombia'

Por cada $100 que genera la minería, aportan entre 15 y 20 pesos a la mano de obra que demandan.

REDCCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOSenero 15 de 2014, 10:45 P.M.

Tras los polémicos planteamientos de la primera entrega, este jueves se hará el lanzamiento de la segunda parte del libro ‘Minería en Colombia’, bajo la dirección de Luis Jorge Garay, con la autoría de varios expertos en el tema.

Esta casa editorial conoció la publicación en la que se plantean fuertes críticas a los gobiernos, principalmente por un tema coyuntural en estos momentos: el daño ambiental y social que está produciendo esta actividad en el país, amparada en la normatividad existente.

La primera parte de la publicación "generó reacciones altisonantes sobre todo por parte de gremios mineros", indica la Contraloría, productora de la publicación. Ahora, se plantean puntos polémicos, como el papel casi marginal del sector en la generación de empleo. “En el caso del carbón, se presenta en los últimos años una tendencia decreciente de la participación del trabajo, alcanzando niveles entre 15 y 20 pesos por cada 100 pesos generados de excedente del productor”.

Dicha relación, de acuerdo con lo expresado por Guillermo Rudas, uno de los autores, es inversamente proporcional en el caso de la agricultura: “de 600 a 900 pesos en participación del trabajo por cada 100 pesos generados”.

Con respecto a la inversión extranjera directa que aporta el sector, el libro indica que “estas nuevas inversiones no se han concretado aún en nuevos proyectos de explotación de minerales a gran escala, de tal forma que el crecimiento de la participación del sector tanto en el PIB como en las exportaciones obedece a proyectos que vienen operando en el país durante las dos o tres década pasadas, principalmente en carbón y en ferroníquel”. Hidrocarburos sí ha tenido dinamismo en la contratación de nuevos proyectos”.

Los autores ponen sobre el tapete la situación deplorable de la población de los municipios donde, por más de dos décadas, se vienen explotando los recursos mineros del país.

"Viven una gran tragedia: conviven con una actividad generadora de riqueza que es apropiada por los propietarios de las empresas mineras, con muy baja participación de los trabajadores de estas empresas, y con indicadores de pobreza y de falta de oportunidades que reflejan el escaso desarrollo institucional. En las zonas donde se concentra la actividad minera, la población sobrevive soportando los efectos de lo que los especialistas han denominado la maldición de los recursos naturales".

Abordan lo que llaman "El fracaso del Estado en el control de los recursos naturales no renovables de su propiedad". Destacan que la informalidad campea en la minería, pues, "el censo minero realizado por el DANE en 1988 revelaba que la informalidad era la característica más importante de la actividad minera del país, más allá de las contadas empresas formales que por esa época incursionaban especialmente en el sector del oro y carbón".

Esta situación implica una responsabilidad oficial promovida por los conflictos entre "las decisiones de un Estado centralista y la realidad de la autonomía de los territorios. Señalan que "No hay información que permita verificar el éxito o fracaso de las autoridades en la tarea de atacar el aprovechamiento ilícito de minerales, entre otros, porque los alcaldes, que tienen un papel muy importante para combatir este delito, poco efectivos fueron".

Los autores del libro traen a colación la existencia de lo que llaman 'minería criminal', que "encontró un espacio favorable para su consolidación y expansión en aquellas regiones donde existía barequeo y minería tradicional, con una muy débil, por no decir nula, presencia del Estado; también donde la informalidad e ilegalidad habían echado raíces centenarias y era ya un fenómeno reconocido si no aceptado en la práctica por autoridades y comunidad local; y donde habían fracasado los programas de legalización minera e incluso en zonas donde los mineros aprovecharon los beneficios de este programa para continuar operando

y comercializando los minerales extraídos".

La polémica investigación recoge las consecuencias de lo que señalan como "El choque en los territorios, entre la locomotora de la minería informal, ilegal y criminal, y la locomotora oficial minera, ambas tras el control y aprovechamiento de los recursos naturales y la apropiación de la renta minera, lo que deriva en la exacerbación del conflicto interno en sentido amplio, como lo conceptúa la Corte Constitucional. Y en medio de las dos locomotoras, los barequeros, los tradicionales y las minorías étnicas, llevando muchas veces las de perder por las violencias generadas en los territorios donde tradicionalmente viven, trabajan y velan por sus familias".

Finalmente, en el libro se habla de una responsabilidad de los gobiernos y legisladores.

"A los órganos ejecutivo y legislativo les compete la responsabilidad de revisar y subsanar las consecuencias sociales, ambientales y económicas del actual modelo minero y asumir el compromiso de adecuar las normas sectoriales a las nuevas realidades, garantizar la aprobación e implantación de normas y políticas públicas que favorezcan los intereses colectivos, evitando privilegiar injustamente algunos intereses particulares excluyentes sin debida corresponsabilidad social, y avanzar hacia una armonización y una integralidad comprensiva entre la normatividad minera (como el Códigos de Minas) y la ambiental, territorial, institucional (incluido la instancia penal competente) y étnica, entre otros".

"El Estado, en su conjunto, tiene una gran responsabilidad histórica porque cuando más se requería de una institucionalidad, normatividad y autoridad minera y ambiental fuerte, justo cuando el boom de los precios de los minerales impulsaron la actividad en el país, se observó un debilitamiento y una pérdida de posicionamiento relativos de la institucionalidad, coadyuvando, al menos indirectamente, condiciones propicias a la informalidad e ilegalidad que actualmente tienen en una encrucijada al sector", advierten los autores en el libro.

REDCCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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