Con suspensión de sanción, Petro enfrenta nuevo escenario en CIDH

Con suspensión de sanción, Petro enfrenta nuevo escenario en CIDH

EL TIEMPO conoció que comisionados se inclinaban por medida cautelar; ahora prevén hacer una pausa.

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15 de enero 2014 , 08:50 p.m.

Hasta este martes al mediodía, las medidas cautelares que había solicitado el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro ante la CIDH marchaban por muy buen camino. (Lea también: Tribunal de Cundinamarca, inundado con las tutelas a favor de Petro)

En Washington, múltiples fuentes consultadas por este diario, daban por hecho que existían los votos suficientes para otorgarlas. (Los nexos de dos magistrados del Tribunal de Cundinamarca con Distrito)

Según estos, por lo menos cuatro de los siete comisionados se estarían inclinando en esa dirección y solo era necesaria una mayoría simple.

Según el parecer de la mayoría de los comisionados, la decisión de la Procuraduría estaría en contra del artículo 23 de la Convención Americana, de la cual Colombia hace parte, y que se refiere a los derechos políticos de los ciudadanos.

En ella se establece que este derecho, y en lo que se refiere a cargos de elección popular, solo puede ser limitado a través de la condena de un juez competente y en el marco de un proceso penal. Algo que no sucedió en el caso del funcionario, pues su destitución fue por vía administrativa y contra el que se estaría cometiendo un daño irreparable.

Pero todos los cálculos cambiaron con el fallo de un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió acoger una tutela presentada por un ciudadano y le pidió al Gobierno suspender provisionalmente la destitución e inhabilidad de 15 años que pesaban en contra del Alcalde.

De hecho, dicen algunos, esa decisión cayó como un baldado de agua fría en los círculos de la CIDH. Aunque nadie sabe a ciencia cierta qué hará ahora la Comisión, conocedores de su funcionamiento estiman que, tras la decisión del Tribunal, probablemente esta hará una pausa mientras se decide la suerte de la tutela.

Entre otras cosas porque le quedaría difícil argumentar que contra Petro está a punto de cometerse un daño irreparable cuando su destitución está suspendida por el dictamen de un órgano judicial.

Para Santiago Canton, ex secretario Ejecutivo de la CIDH, lo más probable es que la Comisión envíe al Estado y al peticionario (Petro) una nueva solicitud de información para conocer sus posiciones ante este nuevo desarrollo.

Hacia adelante, la actuación de la CIDH podría depender de la decisión que tome el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuando considere el fondo de la tutela, en un plazo de diez días. Si el Tribunal tumba la tutela, el reloj de la destitución de Petro comenzaría a correr nuevamente y la CIDH probablemente se inclinará por otorgar las medidas.

Pero si el Tribunal sostiene la tutela, y esto es toda una ironía, sus chances ante la Comisión podrían verse reducidos. Dado que la tutela probablemente será demanda, esta llegará al Consejo de Estado y quizá a la Corte Constitucional.

Lo más probable es que ambas instancias, como ha sucedido en el pasado, concluyan que el Procurador sí actuó en derecho cuando ordenó la destitución e inhabilidad de Petro.

Diversas fuentes consultadas en Washington creen que ante ese escenario es poco probable que la CIDH se le mida al tema. O, por lo menos, que alguno de los comisionados que estaban inclinándose a favor, cambien su posición dejando a Petro sin el mínimo de cuatro votos que necesita.

Eso, porque una cosa es atravesarse en la decisión de una autoridad administrativa como la Procuraduría, pero otra es frente al Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que son “ligas mayores”.

“Si bien creo que de cualquier manera la Comisión estaría facultada para otorgarlas, algunos comisionados podrían considerar que, ante estas circunstancias, no les corresponde”, dice Canton.

Según esta tesis, ante un concepto del Consejo de Estado y una sentencia de la Corte Constitucional, la Comisión ya no querría enfrentar la situación a través del mecanismo de medidas cautelares, sino que se inclinaría por una revisión de fondo a través del proceso regular de casos del sistema interamericano. Este proceso suele ser mucho más demorado que una medida cautelar y suele tardarse entre dos y siete años para resolverse.

Aunque Petro cuenta con grandes posibilidades de triunfar en ese escenario -pues existen antecedentes que así lo indican-, no frenaría con ello su destitución.

Pero José Miguel Vivanco, director Ejecutivo de Human Rights Watch, cree todo lo contrario. “Creo que esto es una gran oportunidad y las instituciones se construyen ante la adversidad y no en lo fácil. En mi opinión, si la CIDH titubea estaría perdiendo terreno y credibilidad. Tratándose de una violación tan evidente, el incentivo para aprobar la cautelar es más fuerte que abandonarla y reencausando la discusión a través del sistema de casos tradicional”, dice Vivanco.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TEMPO
WASHINGTON

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