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La escandalosa caja menor de la infanta Cristina

La escandalosa caja menor de la infanta Cristina

Juez acusa a la hija del Rey Juan Carlos de usar fondos públicos y también, de fraude al Fisco.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
11 de enero 2014 , 05:28 p. m.

La casa real española pasa por un amargo momento. La infanta Cristina ha sido involucrada en el proceso judicial por los cuestionados negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. Dice José Castro, juez instructor en Palma de Mallorca, que “son los personajes públicos quienes están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras”. Por eso no quiere jubilarse sin procesar a la hija menor del rey.

El magistrado, que en abril pasado ya la imputó por tráfico de influencias (la Audiencia Provincial revocó en mayo la resolución por falta de indicios), sitúa ahora su supuesta actuación delictiva en el marco de su participación en Aizoon, una promotora inmobiliaria en la que figura como accionista con el 50 por ciento con su pareja. A esta sociedad se habría desviado cerca de un millón de euros públicos procedentes del Instituto Nóos, que Urdangarin creó en el 2003 con Diego Torres y que firmó contratos con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana para organizar eventos deportivos.

Los precios desproporcionados que cobraba esta entidad “sin fines de lucro” en relación con las prestaciones efectuadas ocasionaron un perjuicio al erario de al menos 6,1 millones de euros en tres años. El dinero terminaba en paraísos fiscales o en Aizoon, considerada una “sociedad pantalla”. Por esta trama de corrupción, Urdangarin y Torres están imputados por supuesta malversación, fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, tres delitos fiscales y posible blanqueo de capitales.

La mañana del 8 de marzo, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia deberá recorrer los “100 metros de la vergüenza que separan la calle de la puerta del juzgado”, en palabras del cronista social Jaime Peñafiel, para declarar por la presunta comisión de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, que pueden llegar a sumar hasta 11 años de cárcel.

“La imputación es una garantía del ciudadano ante el poder del Estado; en ningún caso constituye una condena anticipada”, explica Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

Y si insólita es la decisión judicial, también lo es la extensión del prolijo auto. Nunca en la historia procesal de España se había motivado de manera tan minuciosa (el escrito suma 227 folios). El juez considera que la infanta, empujada por “un plus de codicia”, “defraudó reiteradamente a Hacienda”, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto de Sociedades. En ocho años, solo realizó “dos compras por importe superior a 3.005,06 euros con cargo a su propio peculio”; el resto de gastos personales, difícilmente atribuibles al perfil profesional de Aizoon, se facturaban a la empresa conyugal. El detalle de cómo blanqueó los fondos públicos recaudados por el Instituto Nóos incluye desde una vajilla de cerámica de 1.741 euros, cursos de baile de salsa y merengue prestados en el domicilio ducal, pasando por celebraciones familiares, servicio de coaching, el pago “en negro” a los empleados domésticos, todos inmigrantes sin papeles, hasta el autoalquiler de la vivienda para la sociedad patrimonial.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se conocieron fugazmente durante los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. El flechazo surgió en la cena de gala celebrada en Barcelona en honor de los deportistas españoles. La hija del rey que de adolescente soñaba con ser pianista como su tía Irene de Grecia puso sus ojos en el apuesto jugador de balonmano ganador de una medalla de bronce.

Cuenta Andrew Morton, autor del libro Ladies of Spain, que fue ella la que persiguió al atleta de mirada azul cielo y 1,95 metros de estatura “a través de amigos comunes, llamadas telefónicas y SMS”. Iñaki, huérfano de pedigrí real, sexto hijo del ingeniero industrial Juan María Urdangarin y la belga Claire Liebaert, no dudó en dejar plantada a Carmen Camí, su novia durante los últimos cinco años, para casarse con la mujer que hoy ocupa el séptimo puesto en la línea de sucesión del trono. El anuncio del casamiento llegó el 30 de abril de 1997. La boda, seis meses más tarde.

La pareja llegó a residir en un palacete de 1.200 metros que en el 2004 costó 5,8 millones de euros. Dos años después se mudaron con sus cuatro hijos a Nueva York, tras conocerse los primeros indicios del presunto enriquecimiento ilícito del duque.

Pilar Eyre, autora de La soledad de la reina, cuenta que “era habitual ver al matrimonio en la misa de domingo comulgando devotamente” cuando vivían en Barcelona. Preferían perderse por la ciudad con sus amigos deportistas que coincidir con los aristócratas catalanes. Hasta que el 29 de diciembre del 2011 llegó la imputación de Urdangarin. Y con ella, los abucheos por la calle.

“¡Cuidado con los bolsos, que viene un chorizo (ladrón)!”, gritó un ciudadano al ver al yerno del rey entrar en una panadería”, recuerda la escritora. Pero la infanta no duda, según su entorno más cercano, de la inocencia de su esposo. Y cree que si se ensañan con ella es por “ser quien es”. Peñafiel lo tiene claro: “Lo que ella ha sido es cooperadora necesaria y consorte beneficiaria de los manejos delictivos de su marido, pese a que la razón de ser de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares porque tienen muchos privilegios y pocas obligaciones”.

Brillar por mérito propio

Cristina de Borbón (48 años) siempre anheló ser “un rostro más entre la multitud”. Brillar por mérito propio. Ironías de la vida. Fue la primera mujer de la familia real en obtener una licenciatura (estudió Ciencias Políticas, en la Universidad Complutense de Madrid) y la primera en conseguir un empleo remunerado. En la actualidad dirige desde Ginebra el Área Social de la Fundación La Caixa, con un sueldo que se ha triplicado en diez años: ha pasado de 83.000 euros anuales a 238.000. El magistrado José Castro considera, en contra de lo que piensan la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que era consciente del rosario de irregularidades que cometía su cónyuge y la ha convertido en la primera infanta citada a declarar.

“Anular otra vez la imputación sería un escándalo mayúsculo”, sostiene Eduardo Inda, coautor de la obra Urdangarin, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Sus abogados vinculan su inocencia al amor por su esposo. “Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”, asegura Jesús María Silva, uno de sus letrados.

La defensa resolvió este sábado no recurrir el auto de Castro pese a su “absoluta y firme discrepancia” con los argumentos esgrimidos. Prefieren no dilatar más el proceso (la fecha de la comparecencia podría adelantarse) y advierten que la Infanta está “convencida de que su actuación ha sido siempre confiada, transparente y respetuosa con el Derecho" y que, por tanto, “no tiene nada que ocultar”. La decisión fue acogida “muy positivamente” desde el Palacio de la Zarzuela.

“Ella debería, al menos, renunciar a sus derechos sucesorios, ya que la imputación no tiene una consecuencia jurídica en la línea de sucesión. Sería un gesto simbólico, en vista de que ha decidido permanecer junto a su marido hasta que la muerte o la cárcel los separe, a pesar del daño tan enorme que hace a la monarquía”, agrega Peñafiel.

El descrédito social y la desafección de la ciudadanía hacia la institución no han dejado de crecer en los últimos tres años. El annus horribilis de la Corona parece no tener fecha de caducidad. Mientras desciende el apoyo al monarca, aumenta el respaldo a los partidarios de su abdicación. Los datos se desprenden de una encuesta realizada por Sigma Dos para el diario El Mundo, entre el 28 y el 31 de diciembre del 2013. Cuatro días antes, don Juan Carlos había pronunciado un mensaje de Navidad de hondo calado político. Habló de regeneración. Un hecho inédito en 38 años de reinado. Manifestó su intención de continuar su mandato como jefe del Estado e hizo mención del desaliento que provocan “los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública”. Una manera ambigua de condenar la corrupción para, horas después, compartir mesa con quienes precisamente la encarnan, los duques de Palma.

El rechazo a la pareja ha alcanzado su cénit, desde que la Policía Judicial registrara la sede de Nóos, el 7 de noviembre del 2011; el inicio del “martirio” para la Corona, como describe el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno. Según el sondeo, un 93 por ciento de los españoles tiene una imagen muy mala de Iñaki Urdangarin; y un 64,8 por ciento, de la infanta Cristina. Y, pese a que un 90 por ciento considera que la justicia no es igual para todos, el juez Castro destaca en su auto que “la repercusión social de la imputación de un personaje público nunca debe propiciar una diferencia en el trato judicial”. Y eso es lo que hoy espera la mayoría de españoles.

El juez que le ‘plantó cara’ a la Corona

El juez José Castro enfila imperturbable, entre aplausos de unos y críticas de otros, el ocaso de su carrera. En alguna ocasión llegó a decir que no deseaba pasar a la historia como el “juez que no se atrevió a imputar a la infanta”. Lo intentó una vez sin éxito. Y en esta segunda ocasión, el minucioso informe que aporta con un cúmulo de indicios para justificar la implicación de la hija del rey en las irregularidades cometidas presuntamente por su marido, Iñaki Urdangarin, deja escaso margen para la duda. El extenso escrito es el reflejo de su incansable perseverancia, su testarudez, su inagotable capacidad de trabajo y su fina ironía.

Nacido en Córdoba hace 67 años y padre de tres hijos, el magistrado se ha ganado los vítores en la calle por sentar en el banquillo a un miembro de la Casa Real y el linchamiento de quienes piensan que la suya es una batalla de egos y poder.

A lo largo de su vida profesional, este hijo de agricultores ejerció como funcionario de prisiones, fue secretario judicial y juez de lo social. Desde hace más de dos décadas es magistrado de instrucción. Lo describen como osado, heterodoxo y hasta impertinente en los interrogatorios.

No hay ambiciones profesionales en su decisión de imputar a un Borbón porque, como él mismo reconoce en su último auto, lo que le espera es una “forzada y tediosa jubilación”.

Patricia Villarruel Gordillo
Para EL TIEMPO

 

 

 

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