Abuso del derecho

Abuso del derecho

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11 de enero 2014 , 04:32 p.m.

Es la utilización indebida de las acciones y recursos que la ley concede para la defensa de los derechos personales. Su uso innecesario y excesivo desconoce la razón de ser y finalidades de esas acciones y recursos, desvirtúa el derecho a la defensa y al debido proceso y termina atentando contra el interés social, razón por la que sus prácticas se comparan con el fraude a la ley y se sancionan severamente. Lo anotado tiene lugar, sobre todo, en el campo del derecho privado, pero Petro y quienes lo asesoran decidieron trasladar la figura a la vida político-administrativa del país con motivo de la revocatoria y el proceso disciplinario de que es objeto el Alcalde.

Durante ocho meses buscó evitar que se convocara la votación llamada a decidir si se revocaba su mandato o no. Directamente, o a través de apoderados, contrató grafólogos y montó Registraduría paralela que controvirtiera las decisiones de la oficial sobre las firmas, copia de las cuales obtuvo y entregó a contratista del Distrito que, violando la ley, las subió a internet. Interpuso tutela. Presentó recursos de reposición y apelación y 180 derechos de petición idénticos. Entabló acciones de nulidad y de cumplimiento. Demandó penalmente a quien organizó la recolección de firmas. Ahora, sorpresivamente, decidió pedir que se vote pronto. Tal vez porque cree que si gana, el Procurador tendría dificultades políticas para confirmar la sanción que impuso.

Su batalla contra la revocatoria fue, fundamentalmente, jurídica. En relación con el proceso disciplinario, ha combinado varias formas de lucha. Ha demorado su trámite (ampliación de plazos para alegar, notificación por edicto, interposición de recursos el último día). Solicitó que se repusiera la sanción (no apeló, porque la ley no lo permite). Recusó al Procurador, la Viceprocuradora, la Sala Disciplinaria y los demás funcionarios subalternos de aquel. Sus seguidores interpusieron 800 tutelas. Mes y medio antes de ser sancionado, demandó ante la CIDH al Estado colombiano, porque dice que en su caso se violan los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y el ejercicio de derechos políticos y pidió que se le reparara “integralmente por los perjuicios morales y materiales que la conducta del Estado le ha ocasionado”. También está apelando a las armas que desde junio pasado anunció en el periódico de la Alcaldía: “Mi defensa es el pueblo... (el proceso que adelanta la Procuraduría) solo se puede resistir a partir de la población en las calles, deliberando, tomando decisiones, adueñándose del poder y de la ciudad... nuestra defensa... son las multitudes”.

Lo anotado prueba que equivocó su respuesta a las situaciones aquí resumidas. Contra la revocatoria, que es institución política, se empleó a fondo con acciones y recursos de carácter eminentemente jurídico. Y contra el proceso disciplinario, en el que se debe actuar en derecho, con argumentos soportados en la ley vigente, acudió a instrumento político: el pueblo en las calles.

Su proceder ha hecho daño a la ciudad y al ordenamiento institucional del país. En adelante, no habrá alcalde ni gobernador que no siga su ejemplo. Procesos de revocatoria en curso son ahora objeto de tutelas que nunca antes se habían intentado y se divulga el listado de los ciudadanos que firmaron pidiéndola. Esto último, en algunos municipios, puede dar lugar a serias alteraciones de orden público. Cuentan los medios que actualmente son amenazados los periodistas que informan sobre la revocatoria del gobernador del Guaviare.

Jaime Castro
jcastro@cable.net.co

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