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Editorial: Mirar hacia el futuro

Editorial: Mirar hacia el futuro

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
11 de enero 2014 , 04:30 p. m.

Han transcurrido cerca de 14 meses desde cuando el país conoció el dictamen de la Corte Internacional de Justicia con respecto a San Andrés y Providencia. A partir de entonces han tenido lugar reacciones y debates que, en lugar de conducir a los diferentes actores a ponerse de acuerdo en torno a una sola estrategia, lo que dejan son voces disonantes, que crean en la opinión la impresión de que el país sigue dando palos de ciego alrededor de un asunto fundamental.

Así lo demuestra la discusión sobre la determinación de la administración Santos de no presentar una demanda de revisión ante el citado tribunal. Una vez más, es lamentable constatar que la polémica haya adquirido ribetes emocionales, que poco favor le hacen a la causa colombiana. Pareciera que tiene más peso el afán de protagonismo de algunos o el revanchismo de otros que confunden el mensaje con el mensajero, que el propósito de conseguir lo que es mejor para el país.

En consecuencia, vale la pena tener en cuenta que el escenario jurídico que plantea Nicaragua dejó al Gobierno frente al desafío de responder ante dos nuevas demandas. Pocos días antes de la entrada en vigencia de la denuncia del Pacto de Bogotá, la nación centroamericana interpuso una solicitud de reconocimiento de una plataforma continental extendida que podría terminar enclavando al archipiélago. Acto seguido, otra acción legal denunció el incumplimiento de la sentencia original.

Tan complejo momento requiere estrategias, una política y una jurídica, construidas de manera que una refuerce a la otra. La legal, contundente como se requiere, deberá también estar encaminada a la creación de un espacio de diálogo que permita el cierre del diferendo fronterizo. Y es que, más temprano que tarde, el país deberá entender la conveniencia de una solución negociada.

Entre tanto, las decisiones gubernamentales no pueden, ni deben, ignorar los nuevos desarrollos y sus implicaciones. Acertó, entonces, el Gobierno al descartar el recurso de revisión, propuesto por quienes revelaron la existencia de un convenio secreto firmado entre Managua y una firma de origen chino con respecto a un canal interoceánico. Ofensiva como fue la concesión de Nicaragua de aguas que no le pertenecían, el documento revelado no tiene relevancia jurídica.

La iniciativa de un recurso fue estudiada con seriedad, al punto de que un borrador fue preparado, discutido y presentado para la evaluación de asesores internacionales. Pero estaba destinada al fracaso.

La Corte no se ha mostrado dispuesta a revisar sus decisiones. Así hubiese sido admitido el alegato, la posibilidad de una modificación de los límites trazados era ínfima en tanto el hecho desconocido presentado no habría influido en la argumentación que dio origen a todo, basada en la medición de las costas enfrentadas.

Por el contrario, se habrían puesto en riesgo los alegatos en vías de preparación ante los reclamos adicionales de Nicaragua. Dado que el vecino país los presentó enmarcados en la “continuación del caso anterior”, la defensa colombiana no habría tenido más remedio que darle al fallo anterior el carácter de cosa juzgada.

Tal como lo afirmó Manuel José Cepeda en las páginas de este diario, La Haya habría podido exigir el cumplimiento inmediato de la decisión antes aun de mirar el fondo del asunto. Un requerimiento de tal naturaleza hubiese acabado con la estrategia planteada por Colombia, que sujeta la aplicación de la sentencia a la negociación de un tratado bilateral.

Ante esa realidad, empieza a llegar el momento de dejar de lamentar el pasado y mirar hacia el futuro, sin apasionamiento y sin populismo. La tesis colombiana del meridiano 82 como frontera fue derrotada. Seis años atrás, en un fallo de excepciones preliminares, la Corte reafirmó el título incuestionable de Colombia sobre las islas del archipiélago, pero anunció su determinación de definir el límite marítimo. El Gobierno anterior no explicó los riesgos derivados de esa decisión.

Las exigencias que le impone la Constitución al Presidente de la República para la modificación de las fronteras lo obligan a que la vía sea un acuerdo. Hoy en día, esta parece cerrada. Pero, a corto o mediano plazo, el diálogo resultará inevitable para Bogotá y Managua.

En conclusión, Colombia podrá demorar el acatamiento de un fallo que hoy es inaplicable, pero no podrá ignorarlo indefinidamente. Su tradición de respeto al derecho internacional, así como su carácter de potencia en la región, se lo impiden.

Siendo realistas, el punto de partida deberá ser el texto de la sentencia de la Corte. Pero hay mucho para ganar: la protección de la reserva Seaflower, la garantía de derechos de pesca para los sanandresanos y los estándares comunes sobre el control del tráfico de narcóticos.

No sería posible una alteración fundamental de los límites proclamados por la Corte, pero, en medio de una conversación política, hasta el ‘desenclavamiento’ de los cayos Roncador y Quitasueño y la reunificación de sus aguas con las del archipiélago podrían ser tema de discusión. Para llegar hasta ahí se requiere crear una atmósfera política que le permita al Gobierno dar el paso necesario. Ojalá eso se logre más temprano que tarde.

editorial@eltiempo.com.co

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