Cientos de reclusos esperan la sanción presidencial de la ley 023 de 2013 para enviar sus peticiones de libertad condicional a los juzgados de ejecución de penas de Boyacá y a la Defensoría del Pueblo.
Así lo vaticina el defensor del Pueblo en Boyacá, William Ignacio García Huertas, quien aseguró que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penitenciario se buscará, entre otras cosas, evitar el hacinamiento de las cárceles de Boyacá y del resto del país.
“Quienes hayan cumplido la condena total o las tres quintas partes de pena (independientemente del Código de Procedimiento Penal por el que hayan sido condenados) se podrían llegar a beneficiar, una vez las directivas de los establecimientos penitenciarios y nuestros defensores públicos analicen sus hojas de vida y sus comportamientos en las cárceles”, aseguró García.
El Defensor del Pueblo indicó que actualmente en los centros carcelarios de Boyacá hay 4.109 personas cuyas condenas se encuentran en firme o ejecutoriadas y se presume que el 10 por ciento de ellas podrían acceder a ese beneficio, o sea, unos 410 reclusos.
“En los casos en los cuales la persona condenada carezca de los medios para el pago de la multa, el juez de ejecución de penas dispondrá que preste un servicio no remunerado en beneficio de la comunidad bajo la vigilancia del Inpec”, anunció el Funcionario.
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo empezará a preparar una serie de socializaciones de los beneficios del proyecto de Ley 023 de 2013 con jueces de ejecución de penas de los dos distritos judiciales (Tunja y Santa Rosa de Viterbo), con defensores, directivos de penales y con los mismos reclusos.
“Otro de los objetivos de esta ley, una vez sancionada, será deshacinar las cárceles que más sobrecupo tienen en Boyacá. Que son: Moniquirá, Sogamoso, Duitama, Santa Rosa de Viterbo y el complejo penitenciario de mediana y alta seguridad de El Barne”, mencionó García Huertas.
Adicionalmente, contó que una vez se vayan librando cupos en algunas cárceles se irán ocupando por los mismos presos que se encuentran en otras cárceles boyacenses donde se registran índices de hacinamiento.
Sin embargo, la cárcel de alta seguridad de El Barne (antes Cómbita) (donde están recluidos integrantes de las ‘Bacrim’), por su perfil sí seguiría recibiendo criminales de otras partes del país.
“Patio a patio, cárcel a cárcel les estaremos indicando a los reclusos quienes tienen derecho a este beneficio y quiénes no. Quienes se beneficien deberán manifestar su lugar de arraigo (vivienda y familia) en donde deberán cumplir un trabajo social vigilado”, mencionó el Defensor del Pueblo en Boyacá.
REDACCIÓN BOYACÁ SIETEDÍAS
