Un derecho ganado a pulso

Un derecho ganado a pulso

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06 de enero 2014 , 07:40 p.m.

Por regla general, en aquellos países donde el aborto es legal, dentro de ciertos parámetros razonables, su incidencia es menor y su práctica más segura, es decir, presenta menos consecuencias negativas al practicarlo. No obstante, las leyes que hasta ahora han permitido que sean las mujeres quienes decidan cuántos hijos quieren y deben tener, otra vez con ciertas limitaciones razonables, están bajo ataque.

La nueva ofensiva no se sustenta en argumentos que tengan que ver con la salud de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, “promulgar leyes de aborto muy restrictivas no trae como resultado tasas de aborto más bajas. En África, por ejemplo, la tasa de aborto es de 29 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, y de 32 por cada 1.000 en América Latina, regiones en las que el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias y en la mayoría de los países. Mientras que en Europa occidental, donde el aborto es generalmente permitido, la tasa es de 12 por 1.000”.

En América Latina hay un poco de todo, pero predominan las leyes restrictivas. En Colombia, el aborto está permitido en tres situaciones: en caso de violación, cuando existe peligro para la salud de la mujer y en caso de malformaciones o problemas graves de salud del feto. En Venezuela y en Panamá es ilegal, salvo en algunos casos.

En Estados Unidos, el aborto o interrupción voluntaria del embarazo es legal en todo el territorio nacional desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Roe contra Wade, el 22 de enero de 1973. En dicha sentencia, el máximo tribunal de justicia estableció que el aborto podía practicarse dentro del primer trimestre del embarazo.

Desafortunadamente, en los últimos tres años, los movimientos contra el aborto, alentados por grupos archiconservadores y algunas iglesias, han logrado restringir de hecho el acceso a clínicas donde se hacen abortos. También han hostigado a los médicos que los practican, y, apoyados por las legislaturas y los tribunales estatales, luchan por establecer nuevos límites al mandato legal vigente en por lo menos la mitad de los estados del país.

El último reto al derecho de las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo y en qué términos planificar su entorno familiar lo ha planteado una orden de monjas católicas al demandar ante la Suprema Corte de Justicia eximir a la orden de la obligación de proporcionar un seguro médico a sus empleadas que incluya el costo de los anticonceptivos que exige la nueva ley de salud.

En el caso de las órdenes religiosas, su argumento carece de validez porque los grupos religiosos ya están exentos de pagar anticonceptivos a sus empleadas si consideran que violan su misión religiosa. Las mujeres que trabajan para estos grupos pueden tener acceso a los anticonceptivos sin tener que recurrir a sus empleadores. El litigio, sin embargo, seguirá su curso, pues lo que quieren los grupos religiosos es restringir el derecho al aborto.

En España, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto un anteproyecto de ley de reforma del aborto que no solo elimina la posibilidad de que las mujeres puedan decidir libremente sobre su embarazo hasta las 14 semanas de gestación, como rige en la mayor parte de los países europeos, sino que hace mucho más restringida la regulación.

Tanto es así que el proyecto de Gallardón ha suscitado un amplio rechazo de mujeres, doctores y políticos de dentro y fuera de España. Pero quizá ningún comentario ha sido tan elocuente como el del presidente de Extremadura, conservador y miembro del partido en el poder, José Antonio Monago, quien, refiriéndose al proyecto de ley, dijo: “Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligar a nadie a serlo”.

Sergio Muñoz Bata

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