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Lío en el canal de Panamá prende alarmas en Colombia

La española Sacyr ya tuvo problemas en Colombia. Está precalificada para concursar en licitaciones.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
El anuncio de una posible suspensión de las obras de ampliación del canal de Panamá, por parte del Grupo Unidos, causó preocupación en Colombia. Y la razón es que este grupo de construcción es liderado por la compañía española Sacyr, que aspira a hacer varias obras de infraestructura en nuestro país.
Adicionalmente, Sacyr ha tenido problemas en sus trabajos en suelo colombiano. Por ejemplo, fue unas de las firmas que hizo parte de concesión del Magdalena Medio (Commsa).
Esta mantuvo un pleito por más de siete años con el Estado por el incumplimiento del contrato para la construcción de la vía Tobia-grande–Puerto Salgar, proyecto que hoy se construye con el nombre de la Ruta del Sol, entre Bogotá y Santa Marta.
Commsa fue el segundo negocio del que tuvo que retirarse Sacyr, pues el primero fue la rehabilitación de la línea férrea del Pacífico.
En la actualidad, la española Sacyr hace parte de los consorcios precalificados para concursar en la licitación de ocho carreteras: Puerta de Hierro–Cruz del Vizo, Santa Ana–Mocoa–Neiva, Villavicencio–Yopal, la perimetral oriental de Cundinamarca y los tramos río Magdalena 1 y 2 y conexión Pacífico 2 y 3 de las llamadas Autopistas de la Prosperidad, en Antioquia.
Participó también (pero no fue seleccionado) para realizar las obras y administrar los aeropuertos de Barranquilla, Neiva, Popayán y Armenia; también, el tramo Autopista al Mar.
En una entrevista con el diario español El País, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, al preguntársele si quizás detrás de esta amenaza de suspensión existen problemas financieros del Grupo –consorcio que lidera la firma española Sacyr, entre otras–, afirmó: “Sacyr ha ganado varias obras en Chile, Colombia y otros lugares. Problemas de acceso a fondos no deben de tener para poder, por el momento, dar los fondos necesarios para seguir adelante con la obra mientras sustentan sus reclamos ante la ACP”.
La ANI, más exigente
Los grupos deben ser más sólidos
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicó que las nuevas concesiones que están saliendo a licitación, por 47 billones de pesos, fueron estructuradas de tal manera que los grupos adjudicatarios de las obras dispongan de los recursos y la capacidad para garantizar su culminación.
Se prevén mecanismos como pólizas de cumplimiento, equivalentes al 15 por ciento del valor del contrato, que garantizan la capacidad económica de los oferentes y ganadores de concesiones.
“Hemos tomado todas las medidas preventivas para evitar que nos incumplan los contratos. El Gobierno tiene la firme decisión de ser muy estricto, y quien no cumpla no podrá ser adjudicatario”, afirmó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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