Otras fichas clave en el millonario descalabro

Otras fichas clave en el millonario descalabro

Un juez envió a la cárcel a 4 personas del primer grupo de imputados involucrados en el caso.

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04 de enero 2014 , 05:38 p.m.

Por afectar el patrimonio económico de centenares de personas, poner en peligro el orden económico y social y la confianza del sistema financiero, el Juzgado 64 de garantías envió a la cárcel a cuatro personas del primer grupo de imputados por el descalabro de la comisionista de bolsa Interbolsa. (Lea también: Hueco de Interbolsa bordeará el billón).

Los investigados deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, administración desleal, operaciones no autorizadas y manipulación fraudulenta de especies.

Presidente de P&P

Carlos Arturo Neira, representante legal de la firma P&P Investment, está recluido en La Picota. Según la Fiscalía, Neira “participó en las aprobaciones de descuentos de pagarés que se hicieron para darle liquidez a las acciones de Fabricato (...). Además conocía claramente cuál era el fin pretendido”. El objetivo, según la investigación, era fingir una altísima demanda de la acción de la textilera, situación que nunca correspondió a la realidad. La fiscal le imputó los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro de Valores y administración desleal.

Representante legal de La Candelaria

Luz Andrea Colmenares, representante legal de la clínica La Candelaria, fue según la Fiscalía ficha clave en una de las operaciones más cuestionadas del caso. Ella, dice la imputación, suscribió el contrato del préstamo entre la clínica La Candelaria e Interbolsa Holding, “actos que son la piedra angular de la ilegal operación realizada con recursos de la cartera colectiva Credit por $ 78.000 millones”. Le imputaron el cargo de operaciones no autorizadas.
La jueza del caso no atendió la solicitud de la Fiscalía de enviarla presa.

Accionista de La Candelaria

A Eduardo Colmenares, principal accionista de la clínica La Candelaria, la Fiscalía le imputó el delito de operaciones no autorizadas porque, presuntamente, fue quien autorizó la ‘triangulación’ y determinó que ésta fuera realizada por el centro médico, por medio de su hermana y representante legal, Luz Andrea Colmenares.
El ente acusador asegura que Colmenares sabía y era consciente de la tercerización ilegal que se estaba realizando.
El juzgado negó la medida de aseguramiento.

Presidente de la SAI

La Fiscalía dice que Jorge Mauricio Infante Niño aprovechó su condición de presidente de la Sociedad Administradora Inversiones (SAI) y miembro de la junta de InterBolsa para otorgar créditos a favor de la empresas del grupo Corridori. También, que sabía de las maniobras ilegales para incrementar los cupos para Fabricato.
El juzgado se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento, pero sigue vinculado al proceso.

Director del comité de riesgos

Tomás Villadiego está imputado por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y administración desleal. Villadiego, quien era director del comité de riesgos, presuntamente “conoció de las operaciones de los cupos de endeudamiento del grupo Corridori, sabiendo que existían advertencias de las inconsistencias, pero nada hizo al respecto”. Además, según la Fiscalía, “actuó en contra de sus obligaciones legales”. El Juzgado 64 de garantías lo envió a La Picota.

Millonaria inversionista

En su calidad de inversionista, María Eugenia Jaramillo, cuñada de Alessandro Corridori, “efectuó más compras que ventas sobre las acciones de Fabricato, de manera coordinada con los demás miembros del llamado grupo Corridori, con lo que logró que el precio de la cotización de la acción de la empresa textilera pasara de 25 pesos en enero a 84 pesos en diciembre de 2011”, aseguró el ente acusador.
Jaramillo Palacios fue enviada presa a su lugar de domicilio, tras documentar que es viuda y madre cabeza de familia
de tres hijos menores de edad.

Ejecutiva de la comisionista

La Fiscalía le imputó a Claudia Jaramillo los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y administración desleal.

Jaramillo, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de manera preventiva, está vinculada al proceso por participar, según el ente acusador, en las acciones irregulares que causaron la falta de liquidez de la comisionista de bolsa. “Jaramillo colaboró en las operaciones comerciales del grupo Corridori”, dijo la fiscal.

REDACCIÓN UNIDAD INVESTIGATIVA

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