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¿Cuál es la clave para que una ley realmente funcione?

Expertos analizan por qué la norma contra los borrachos al volante tuvo impacto positivo.

Daniel Valeroenero 4 de 2014, 05:11 P.M.

No hay un antecedente reciente de una ley que haya generado tanto impacto positivo y en tan poco tiempo sobre un problema crítico como la que endureció los castigos contra los conductores ebrios, lo cual quedó reflejado en las últimas cifras sobre accidentalidad.

Las muertes y accidentes causados por borrachos al volante se han reducido drásticamente en todo el país y la propia ciudadanía reconoce que el endurecimiento de las sanciones persuade a no combinar la gasolina con el alcohol.

Tal ha sido su impacto que su autora y principal defensora, la representante del Mira Gloria Stella Díaz, confesó que en correrías por varias carreteras del país dando a conocer las sanciones que impone la norma, las mujeres son quienes “más me han agradecido la aprobación de esta norma”.

Contó que madres e hijas reconocen que sus esposos y padres han tomado consciencia, por fin, de que manejar borracho es una gravísima irresponsabilidad.

Pero más allá de esta ley, que el presidente Juan Manuel Santos calificó como una norma “que nos hacía falta”, el interrogante que se abre es por qué esta ley sí funcionó.

En promedio, en cada periodo legislativo (del 20 de julio al 20 de junio del año siguiente) en el Congreso se aprueban entre 45 y 50 leyes, y, según el secretario del Senado, Gregorio Eljach, eso varía y “depende de la coyuntura y del talante del gobierno de turno”.

Muchas de esas normas pasan inadvertidas, son ineficaces, se pierden. Pero, a juicio de analistas consultados por este diario, son aquellas que imponen duras sanciones administrativas, penales y pecuniarias, las que tienen un impacto real en la sociedad.

Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología, aseguró que los castigos que golpean el bolsillo de las personas son muchas veces más efectivos que la cárcel, ya que, a su juicio, los centros penitenciarios suelen ser en países como Colombia “escuelas del crimen” y no lugares resocializadores.

“Las leyes que toquen el bolsillo, en materia de convivencia, son eficaces”, enfatizó Sanabria.

Esta opinión la compartió el vicerrector de la Universidad Nacional, Jorge Bula, quien agregó que el rechazo ciudadano también obliga a las autoridades a que sean más rigurosas en su labor de hacer cumplir las leyes.

El “control social de las leyes para que se hagan cumplir”, como lo resalta Bula, es lo que ocurrió con la ley contra los conductores ebrios. Fue la presión social por el aumento de accidentes mortales lo que en últimas obligó al Congreso a legislar sobre la materia.

Los expertos aseguran que el camino utilizado con esta ley, que implica fuertes sanciones pecuniarias, administrativas y penales, es un modelo para seguir cuando se busque garantizar la convivencia social.

John Sudarsky, senador y psicólogo, explicó que “en psicología la modificación del comportamiento y el cuadro de castigos tiene mucho que ver con eso; hay contingencias: si usted hace algo, sabe que eso tiene consecuencias”.

No obstante, los académicos coinciden en que los encargados de hacer cumplir la ley deben mantenerse firmes en su tarea porque, de lo contrario, el objetivo de las normas se pierde y puede terminar como un simple saludo a la bandera. No solo es la aprobación de la norma.

El analista Alejo Vargas advirtió que se corre el riesgo de que “la norma se termine debilitando si la autoridad no mantiene su capacidad de sanción incólume”.

Agregó que en casos de delitos graves, por más aumento de penas, lo importante es la capacidad de la autoridad para capturar a los responsables para que las normas de verdad tengan un impacto disuasorio entre la sociedad.

El debate quedó abierto gracias a la efectividad que ha tenido la ley contra los borrachos al volante, lo que falta por ver es en qué otros campos se puede aplicar el modelo que garantizó su éxito.

El riesgo que tienen las sanciones económicas

Uno de los retos de las normas que castigan conductas que atentan contra la convivencia es que las sanciones económicas se pueden hacer pagables para los infractores.

“Se puede dar el fenómeno de que el que peca y paga, empata”, advirtió Fabián Sanabria.

Por eso, los expertos coinciden en que este tipo de leyes deben ser diseñadas de una forma integral y, además, con sanciones de otro tipo que realmente generen impacto en la ciudadanía.

Jorge Bula reiteró que son necesarias “otras de mayor peso” que garanticen la efectividad de la norma.

Un riesgo específico es que los delincuentes sientan que pagando fuertes sumas de dinero tienen derecho a romper las normas, en la medida en que no tienen otro tipo de castigos que los persuada.

“El tema no solo puede ser de sanciones económicas, ya que tiene que haber privación de la libertad y otro tipo de acciones que produzcan impacto en las personas”, enfatizó Alejo Vargas.

El diseño normativo no es sencillo, pero es la tarea que deben cumplir los legisladores y el Gobierno.

Daniel Valero

Redacción Política

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Daniel Valeroenero 4 de 2014, 05:11 P.M.