La gente está de vuelta a Litoral del San Juan

La gente está de vuelta a Litoral del San Juan

Los casi mil habitantes que abandonaron el municipio huyendo de la guerra empiezan a regresar.

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19 de diciembre 2013 , 07:49 p.m.

Togoromá es un corregimiento de Litoral del San Juan, el último municipio del Chocó hacia el sur. Se levanta a orillas del río, a pocos kilómetros de la Costa Pacífica. Pero su imagen de paraíso perdido en medio de la selva contrasta con la soledad de sus calles.

Hasta hace 11 meses fue un pueblo fantasma. Poco a poco, los casi mil habitantes que abandonaron sus casas huyendo de la guerra entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ han empezado a regresar al poblado que hace medio siglo sus padres ayudaron a levantar.

Ricardo Zúñiga, un pescador que dice no saber ganarse la vida de otra forma, es uno de ellos. La necesidad de sostener a su familia lo hizo volver. El retorno de él y de algunos de sus vecinos es considerado por los miembros del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) un caso exitoso, demuestra la efectividad de este instrumento humanitario de protección de la población civil único en el mundo y que este año cumplió 12 años de creado.

Pero este pescador que bordea los 60 no lo ve de esa forma. El caserío, así como la mayoría de los 40 asentamientos levantados en los 1.500 kilómetros cuadrados que componen el municipio de Litoral del San Juan, ha sufrido el asedio de los violentos desde su fundación, hace unos 20 años.

Ajeno a la belleza que lo rodea, Ricardo prepara las redes que lanzará al río de madrugada. Su situación no es muy distinta de la que viven los habitantes de otros 109 municipios de 28 departamentos del país, que aparecen en el mapa de riesgos elaborado por el SAT y presentado hace un mes al país por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, en del Día Nacional de los Derechos Humanos.

Ahora, Togoromá está en paz. Pero esa paz, dice Ricardo, es engañosa. El 5 de enero de este año, él y su familia solo veían los fogonazos que salían de los cañones de los fusiles disparados por un grupo de hombres que entraron al pueblo disparando y gritando que eran ‘urabeños’ y buscaban ‘rastrojos’.

Por horas, Ricardo se atrincheró con su familia en su casa, esquivando las balas que traspasaban las frágiles paredes de madera de la vivienda. La incursión dejó un hombre muerto y un joven de 16 años herido.

Gracias a la alerta emitida por el SAT, el engranaje del Estado se movió para conjurar la emergencia humanitaria en Togoromá y otros tres caseríos de Litoral del San Juan regados a la orilla del río. Refuerzos de la Policía y la Armada provenientes de Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó) permitieron al alcalde, Óscar Rosero Cáceres, atender a su gente.

Rosero dispuso de los escasos recursos del municipio para adecuar la Casa de la Juventud, una escuela y el hogar juvenil del pueblo como albergues para 920 refugiados: hombres, mujeres, niños y ancianos. Cumplirle a la gente le valió quedar en la mira de los violentos.

Aunque este administrador de empresas de 49 años, descendiente de una de las cuatro familias fundadoras del municipio, ha sobrevivido a un intento de secuestro y a un plan para asesinarlo en las dos veces que ha sido alcalde, no dejan de inquietarlo las frecuentes llamadas amenazantes a su celular privado, los panfletos y los sufragios dejados en el escritorio de su despacho con sentencias de muerte de las Farc y ‘los Urabeños’, que lo declararon objetivo militar.

Los violentos lo responsabilizan del incremento de los patrullajes por el río de la Armada y el montaje de una base permanente en Litoral del San Juan. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el municipio sigue en el mapa de riesgos que el SAT actualiza casi a diario. El reporte afirma que esa comunidad, integrada en su mayoría por indígenas de la etnia wounaan y afrodescendientes, está en condiciones de vulnerabilidad.

Jorge Calero, director del SAT, considera que la cercanía de Litoral del San Juan al océano es su mayor factor de riesgo. Aunque esa privilegiada ubicación le permite contar con abundante pesca durante todo el año, es a la vez, su maldición: desde inicios de la década de los 80 se ha convertido en trofeo de los grupos ilegales que se disputan su control.

Hoy, la suerte del municipio, según reportes de inteligencia que fragmentariamente ha conocido Rosero, la deciden los capos del narcotráfico en Bogotá, Cali y Medellín. Ellos se reparten la zona y disponen de la vida de sus habitantes.

En su desembocadura al mar, el río San Juan se abre en un extenso delta con siete bocanas conectadas por una red de caños y esteros, escenario ideal para el tráfico de drogas y armas. A esto se suma su cercanía a Buenaventura.

Desde ese puerto parte la droga que esconden en las bocanas los grupos armados. En un bote bien equipado gastan solo dos horas en recorrer los 70 kilómetros que la separan de esa ciudad vallecaucana. Los experimentados navegantes desafían con lanchas bien provistas la fiereza con la que el San Juan se adentra en el mar y el imponente oleaje del Pacífico, al alcanzar velocidades de hasta 210 kilómetros por hora.

Esa ruta es utilizada hasta por el alcalde Rosero. Aunque el municipio administrativamente depende de Quibdó, para llegar a esa ciudad hay que navegar ocho horas río arriba hasta Istmina y de allí completar el viaje por carretera. Por eso, quien debe viajar a la capital del Chocó prefiere seguir la ruta de Buenaventura y proseguir en avión desde Cali.

Los temores de que resurja la presencia de los armados los comparte Maira Rocío Abadía, personera de Litoral del San Juan. “Ahora estamos viviendo una calma chicha. No es normal que constantemente lleguen al pueblo personas que nunca han estado aquí, solo de visita. Al principio son amistosos, después toman a las mujeres y terminan conviviendo con ellas e involucrando a la población. Cada vez que aparecen los forasteros comienzan los asesinatos, las amenazas, y la gente termina huyendo de sus hogares”, dice.

Ella ha tenido que lidiar con dos desplazamientos en menos de dos meses. El 2 de diciembre del 2012, los habitantes de 10 caseríos, unas 1.200 personas, fueron expulsados por los violentos. “Les dieron 10 minutos para salir de sus casas”, recuerda Maira. Días antes, cuatro pescadores desaparecidos fueron encontrados muertos a orillas del río, y en Playa Nueva, un petardo lanzado contra una casa provocó la muerte de dos personas y heridas a tres más.

Los desplazamientos han provocado desabastecimiento de alimentos en el municipio. Aún permanecen refugiados en Docordó –la cabecera municipal– 280 personas entre pescadores y agricultores, y aunque en este momento la tranquilidad ha regresado, muchos han optado por no volver a sus parcelas.

La explicación es simple: la escena que vivió Ricardo en su canoa con su familia y sus vecinos remando río abajo en busca de refugio podría repetirse, si la Fuerza Pública acantonada en el pueblo no recibe refuerzos.

La capacidad del contingente de la Armada no es suficiente para cubrir los 1.500 kilómetros cuadrados del municipio, un área equivalente a la de Bogotá o de México Distrito Federal, y en su mayoría selvática. Son decenas los caños y esteros donde los grupos armados ilegales y los narcotraficantes evaden a los militares. Mientras que los 33 efectivos de la Policía –la mayoría auxiliares– solo pueden prestar seguridad en el casco urbano.

A pesar del riesgo, Ricardo volvió a su hogar en Torogomá con su familia. Este curtido pescador prefiere arriesgarse, a seguir viviendo en un albergue a la espera de la caridad de la gente. En eso coincide con su vecina, doña Jacinta, una anciana de 94 años que se negó a dejar su casa y siguió en el pueblo, Ella dice que no fue testigo de nada de lo ocurrido. Estaba en el monte cuando sucedieron los hechos. Cuando regresó, el pueblo ya estaba vacío. Y como nada vio ni escuchó, está convencida de que nada le puede pasar.

“Yo de este pueblo no me voy. Aquí nací y crecí, me criaron con pescado, maíz y plátano, sembrados en el monte y que yo misma consigo”, afirmó doña Jacinta a los miembros de la comisión de la Defensoría, que viajó hasta allí para verificar la situación humanitaria.

Ricardo y doña Jacinta, acostumbrados a la indiferencia del Estado, lo único que piden es que el alcalde repare el generador para que vuelva la luz y que se abra de nuevo la tienda para comprar con qué hacer la comida. Por lo demás, afirman, “en Torogomá no ha pasado nada”.

Los violentos que rondan el sector

Desde su creación, Litoral del San Juan solo ha tenido cortas temporadas de tranquilidad.

Al igual que el 76 por ciento de los municipios declarados en riesgo por el SAT, tiene que soportar el asedio de los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización paramilitar. En 1993, cuando se separó de Istmina y se volvió municipio, fue invadido por los bloques Calima y Pacífico de las Auc. Ellos ejercieron el control hasta el 2006, cuando se desmovilizaron. En el pueblo creyeron que venía la calma. Pero ahí fue la arremetida de ‘los Rastrojos’, financiados por los narcos, que les arrebataron la zona a ‘exparas’ que no se desmovilizaron, y siguieron en el municipio, sirviendo al mejor postor bajo el mote de los ‘Urabeños’.

Textos: Germán Jiménez Leal*
Fotos: Julio Granados Álvarez
Especial para EL TIEMPO

* Periodistas de la Defensoría del Pueblo

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