'Destituciones por vía administrativa deben revisarse caso por caso'

'Destituciones por vía administrativa deben revisarse caso por caso'

Así lo cree el presidente de la CorteIDH a propósito de la sanción de la Procuraduría contra Petro.

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16 de diciembre 2013 , 07:47 p.m.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Diego García Sayán, sostuvo este lunes que espera que Colombia pueda solucionar el caso del Alcalde Gustavo Petro “sin que sea necesario” acudir al sistema interamericano.

Sin referirse directamente al caso Petro, el magistrado dijo también que la Convención Americana defiende los derechos políticos y que ya existen varios antecedentes que demuestran que la Corte ha actuado para protegerlos.

Señaló, no obstante, que en algunas circunstancias las destituciones por vía administrativa podrían ser legales y que por eso era imprescindible analizar las cosas caso por caso.

“Los derechos políticos están sujetos a protecciones y sujetos a determinadas reglas. Si existieran derechos y pudieran ellos ser privados fácilmente por cualquiera autoridad no serían derechos válidamente protegidos por la Convención. Los casos escasos que ha recibido la Corte en esta materia han sido tratados con mucha rigurosidad en función de cada caso. No hay un teoría general”.

Según García Sayán, “en cada caso tiene que examinarse si la restricción o suspensión de un derecho político tiene validez jurídica adecuada, si se ha hecho con el procedimiento jurídico adecuado y a través de la autoridad adecuada”. Dicho eso, despejó cualquier duda sobre si un funcionario puede ser destituido así sea su cargo uno de elección popular.

“Nadie puede poner en duda que en un estado democrático pueden y deben existir autoridades que tengan la facultad de sancionar a personas que desempeñan una función pública aun cuando sea una función elegida. ¿Cómo se desarrolla ese proceso?, ¿qué autoridad puede llevarla a cabo? Eso es lo que cada caso debe determinar”, sostuvo el magistrado.

García Sayán, que abandona su cargo a finales de este año, dio las declaraciones en Washington a la salida de un foro organizado por el Diálogo Interamericano.

La Procuraduría alega que está facultada para destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que la Convención Americana no prohíbe que autoridades administrativas remuevan de sus cargos a funcionarios electos.

Los abogados de Petro sostienen que una destitución solo tiene validez cuando se realiza a través de una acción penal en cabeza de un juez. Algo que no sucedió en su caso.

Petro viaja esta semana a Washington donde piensa reunirse con autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que piensa exponer su situación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON

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