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Se reabrió el debate sobre el poder del Procurador

Se reabrió el debate sobre el poder del Procurador

Durante la administración de Ordóñez han sido destituidos 18 gobernadores y exgobernadores.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de diciembre 2013 , 10:41 p. m.

La sanción contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, movió también el debate sobre las facultades del Procurador General de la Nación, que algunos ven como una especie de superpoder en el Estado.

Más allá de la polémica del momento, señalan los analistas, se abre el riesgo de que un tema coyuntural pueda abrirle espacio a una reforma que eventualmente terminaría debilitando a un organismo reconocido como uno de los más efectivos en la lucha contra la corrupción.

En los cinco años de la administración de Alejandro Ordóñez (que logró la reelección hace un año), han sido destituidos 18 gobernadores y exgobernadores y sancionados más de 800 alcaldes y exalcaldes, así como 23 congresistas y excongresistas.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que si se empieza a hablar de recortes a las facultades del Ministerio Público, no debería hacerse de manera independiente sino en el contexto de toda la Rama Judicial y de los organismos de control. Bernal Cuéllar, de quien fue viceprocurador el actual fiscal general, Eduardo Montealegre, asegura que sanciones e inhabilidades han demostrado su eficacia en la lucha contra la corrupción.

“Lo que pasaba antes del actual Código Disciplinario (que fue la base del proceso contra Petro) es que las sanciones a los servidores públicos corruptos o ineficientes eran mínimas y que al poco tiempo aparecían en otros cargos públicos. Había que corregir eso; yo sigo creyendo que es una medida aceptable”, afirma Bernal.

Procedimiento es clave

Por su parte, el exvicefiscal Francisco José Sintura señala que debe existir un poder disciplinario fuerte frente al incumplimiento de los deberes y obligaciones, incluso de los elegidos por voto popular.

Sintura asegura que lo que sí debe modificarse es el procedimiento sancionatorio, de tal manera que se garanticen preceptos universales como la doble instancia de juzgamiento. Una propuesta en el mismo sentido fue promovida por el procurador Ordóñez en la discusión de la fallida reforma de la justicia del 2012.

Juan Fernando Cristo, el presidente del Congreso, dice que es necesaria una revisión del Código Único Disciplinario “para que los procedimientos garanticen derecho a la defensa y al debido proceso y para que las sanciones sean proporcionales” a la conducta.

Las actuales reglas de juego, que están basadas en la misma Constitución, señalan por ejemplo que por probarse una sola falta gravísima, además de la destitución, la inhabilidad no podrá ser menor a los diez años.

REDACCIÓN JUSTICIA

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