Los testimonios que hundieron al alcalde Petro

Los testimonios que hundieron al alcalde Petro

Sus funcionarios y hasta sus amigos son los testigos en su contra. EL TIEMPO revela detalles.

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14 de diciembre 2013 , 09:16 p. m.

“Doctor Petro, el Acueducto no está listo para hacer esto”. La contundente frase, citada en la página 226 del fallo de la Procuraduría que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la pronunció el entonces gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), Diego Bravo. El funcionario le lanzó esa advertencia al mandatario entre julio y agosto del 2012, en una junta directiva en la que se planteó que la empresa asumiera la recolección de las basuras.

Hoy, este episodio, relatado con detalles por el ingeniero Carlos Alberto Acero, un alto exdirectivo del Acueducto, es apenas una de las pruebas que usó el procurador Alejandro Ordóñez para tumbar a Petro esta semana e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos.

Con esta y otras evidencias que aparecen en el fallo, conocido por EL TIEMPO, el organismo de control logró demostrar que el Alcalde actuó como el “determinador” de las presuntas irregularidades que se cometieron en la puesta en marcha del modelo de basuras, que entró en vigor el 18 de diciembre del 2012. (Lea tambien: Presidente Santos aboga por la unidad del Estado).

Acero –convertido en testigo estrella de lo ocurrido– les relató a los investigadores cuál fue la respuesta que ese día le dio Petro a Bravo, luego de que este último admitiera que no estaban preparados para recoger las basuras. “El Alcalde le dijo: ‘Póngase de acuerdo ahí con la Uaesp para mirar cómo se hace y cuál es el modelo’ ”, aseguró Acero, según se lee en el fallo, de 484 páginas. (Lea tambien: Se reabrió el debate sobre el poder del Procurador).

Era consciente del riesgo

“El Alcalde –continúa Acero– siempre en las juntas en las que yo estuve presente enfatizó en (...) que la ciudad podía quedar inmersa en una emergencia sanitaria, que cuanto antes se tenían que tomar decisiones y que lo que se veía más fácil era que lo hiciera la empresa de Acueducto”.

El alto directivo, quien ocupó hasta abril una de las ocho gerencias de la EAAB, también aportó todos los detalles de otra reunión que evidencia la premura con que el Distrito cambió un esquema que estaba en manos de los privados y que fue entregado al Acueducto y a su filial Aguas de Bogotá.

“Más adelante en otra junta –según relató Acero– se volvió a debatir el tema y el Alcalde insistía en qué pasaba con la situación; que qué se había resuelto y qué había sucedido porque eso era urgente”.

En el fallo, la Procuraduría destapa más testimonios desconocidos, incluso de amigos personales de Petro, que terminan hundiéndolo, como es el caso de Darío Beltrán, un polémico empresario de las basuras en el país, exmilitante del M 19, al igual que el Alcalde, y que ofició como asesor del Acueducto. Beltrán le confesó a la Procuraduría que la EAAB no tenía la experiencia para asumir el servicio, una de las faltas consideradas gravísimas y a título de dolo que le formuló Ordóñez a Petro.

“(En el Acueducto) nadie de su personal tenía experiencia en la prestación del servicio de aseo –dijo Beltrán–. No tenían una sola persona que conociera técnicamente la planeación, el diseño de rutas, la asignación de equipos, la modelación de personal, el establecimiento de horarios y de frecuencias. De todo el personal que nosotros conocimos no había nadie con esa experiencia. Por una razón: porque nunca lo habían hecho”.

Beltrán agregó que fue invitado cuatro días antes del arranque del modelo a una junta directiva de Aguas de Bogotá, donde se discutió un informe que señalaba que esta filial estaba “capacitada”.

“El informe era muy optimista –le manifestó el amigo de Petro a la Procuraduría–. En realidad era distinto a lo que sucedía, porque (...) la gente de Aguas de Bogotá pretendía tener todo resuelto, pero, pues, esto es una cosa muy compleja, por lo que es dispendiosa, y en la práctica, digamos, no se tenía tan resuelto: no estaba toda la gente, no estaban todas las herramientas, en su momento, eso es un poco lo que ayuda a generar la situación del 18 (de diciembre). Yo inclusive en la junta dejé sentada mi apreciación sobre todo lo que faltaba”.

Frente a la pregunta de los investigadores sobre cuál fue la respuesta ante su diagnóstico, Beltrán afirmó que en la junta de Aguas de Bogotá le dijeron que era “pesimista”.

El tercer testigo clave de la Procuraduría es Julio César Pulido, director de Control de la Secretaría de Ambiente. Él mismo reconoció que el impacto del 18 de diciembre, cuando las basuras inundaron las calles de la ciudad, fue “negativo” desde el punto de vista visual y también por la “generación de olores ofensivos”.

Así fue el descalabro

Hace un año, Petro anunció que el cambio en el modelo de aseo se convertiría en una “batalla”. “Somos derrotados o ganamos”, advirtió.

La historia no se remonta al 2012. Hay que ir 19 años atrás, hacia 1994, durante la alcaldía de Jaime Castro, cuando el entonces representante a la Cámara Gustavo Petro, de la Alianza Democrática M 19, ya se oponía a que el servicio de aseo recayera en manos privadas y se liquidara la antigua empresa distrital Edis. Incluso, Petro pidió la revocatoria de Castro en esa época.

Casi veinte años después, instalado en el palacio Liévano, al que llegó en enero del 2012 con el 32 por ciento de los votos (723.157), el Alcalde retomó esa bandera.

En vista de que a finales del 2012 finalizaban los contratos con las firmas privadas (Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa), y con el fin de involucrar a la población recicladora en el modelo, tal como lo pidió la Corte Constitucional en el auto 275 del 2011, Petro autorizó dos decretos para entregarle al Distrito esa compleja tarea y así sacar a los privados.

La tensión que le imprimió al asunto llegó a tal nivel que algunos de esos contratistas fueron tildados por el Alcalde de pertenecer a una “mafia paramilitar”. Petro dijo que él quería “descartelizar” un negocio que mueve unos 290.0000 millones de pesos al año.

El nuevo modelo fue impuesto contra viento y marea, pese a las advertencias sobre presuntas irregularidades que le hicieron la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); la de Servicios Públicos; la Procuraduría; la Comisión de Regulación de Agua Potable; la Contraloría Distrital y el Ministerio de Ambiente.

Pero Petro no dio su brazo a torcer. “Prefiero la destitución inmediata a rendir la bandera de justicia y libertad de Bogotá”, afirmó. El reto que se autoimpuso fue mayúsculo: en Bogotá hay 5.550 barrios, cuyos habitantes y empresas generan al día 6.300 toneladas de basura.

Todo fue un ‘desastre’

Bajo el supuesto de que todo estaba listo, Petro se lanzó a la “batalla” y la perdió. Durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 estalló una crisis, pues Aguas de Bogotá fue incapaz con el servicio y se dejaron de recoger durante esos tres días entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras por toda la ciudad, según lo reveló el procurador Ordóñez al anunciar la destitución del mandatario, el pasado lunes. A su despacho llegaron un centenar de quejas.

En el fallo de la Procuraduría, Darío Beltrán, el asesor del Acueducto y amigo personal de Petro, calificó todo esto como un “desastre”. Por su parte, Acero, el alto exdirectivo del Acueducto, reconoció que si se hubieran tenido compactadores no se habría presentado esa “crisis”, teniendo en cuenta que se usaron volquetas ante la falta de vehículos por parte del Distrito. Además, la flota de las firmas privadas estaba en medio de una discusión jurídica sobre si pertenecía a esas empresas o si debía ser devuelta a la ciudad, tras el fin de los contratos.

Días después del traumático arranque de la “batalla” y cuando el mandatario echó reversa y volvió a contratar a los privados que tanto fustigó, como única salida ante la avalancha de residuos, Petro hizo un ejercicio de autocrítica, poco usual en él.

“Pienso que faltó más capacidad institucional para el reto. Asumo un costo político, asumo el riesgo, porque sé que lo estamos haciendo es lo correcto”, le dijo a este diario.

Lo que no calculó fue que dicha “batalla” lo iba a sacar abruptamente del palacio Liévano por cuenta de una investigación disciplinaria de la Procuraduría, que se inició el 16 de enero y que tuvo su origen en unas quejas presentadas ante Ordóñez por el personero de Bogotá, Ricardo Cañón; el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el secretario general de la federación Regional de Trabajadores, Jorge Eliécer Miranda, y el concejal Orlando Parada, de ‘la U’, listo para imputación de cargos de la Fiscalía por su presunta participación en el ‘carrusel’ que se robó a Bogotá.

Las primeras alertas

El primer síntoma de que Petro iba a ser destituido quedó en evidencia el 20 de junio. La Procuraduría, en un pliego de 259 páginas, le formuló tres cargos por faltas consideradas “gravísimas”, dos de ellas a título de “dolo” y que se castigan con la destitución. El lunes, lo que hizo el organismo de control fue mantener el pliego tal cual, luego de oír a Petro y a su abogado, el externadista Julio César Ortiz. (Las cinco razones de la Procuraduría para destituir a Gustavo Petro).

La primera de las faltas consistió en haberle entregado la prestación del servicio de aseo al Acueducto y a Aguas de Bogotá, “dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.

El Alcalde es destituido porque es considerado el “determinador”, es decir, la persona que “provocó la crisis y el caos” y dio las “precisas instrucciones” al entonces gerente del Acueducto, Diego Bravo, entre julio y agosto del 2012, para poner a rodar el modelo. “El Alcalde siempre estuvo bien informado de todo lo que se hacía”, admitió Bravo, quien, según su versión, hubo “mala suerte” y “quizá algo de sobrestimación del operador público”.

Los problemas desataron roces internos. Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy secretario de Gobierno, le pidió la renuncia a Bravo en ese entonces, pues dijo que “engañaron al señor Alcalde” y no se presentó “información veraz” para estructurar el arranque del esquema.

La segunda falla que sacó a Petro fue el decreto 564 del 2012, expedido el 10 de diciembre, faltando una semana para el inicio de la “batalla”, y con el que, según la Procuraduría, impuso “restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a la del Distrito, no prestaran el servicio de aseo”. De esa manera, se “vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia”.

Y la tercera falta fue el uso de volquetas, pues los polémicos vehículos de segunda alquilados en Estados Unidos no llegaron para el 18 de diciembre y, además, la flota nueva llegó en abril de este año. Para la Procuraduría, esa decisión fue “antirreglamentaria”.

El problema está vigente

Un año después, con el Alcalde destituido, las dificultades persisten y Aguas de Bogotá, el operador público, muestra cifras en rojo. En noviembre la Superfinanciera advirtió que la entidad acumuló 33.521 millones de pesos en pérdidas en marzo, lo que la tiene en “causal de disolución”. Y entre la ciudadanía los niveles de satisfacción pasaron del 64 por ciento en el 2012 al 60 por ciento este año.

Por otra parte, el modelo totalmente público de aseo, tal como se pretendía, no se consolidó y existe un esquema mixto, en el que Aguas de Bogotá está a cargo del servicio en el 63,15 por ciento de la ciudad, mientras que Lime, Ciudad Limpia y Aseo Capital tienen a su cargo el restante 36,95 por ciento.

El reciclaje tampoco ha despegado, lo que evidencia los serios problemas de esta política pública, a lo que se suma la ausencia de cultura ciudadana. En las calles no se ve la separación de desechos en bolsas negras y material reciclable en blancas. Por eso, la Uaesp tuvo que emitir un decreto, el pasado 4 de diciembre, para obligar a los habitantes a reciclar, so pena de ser multados a partir de junio del otro año.

Y en la vinculación de los recicladores al modelo, la punta de lanza del programa Basura Cero, “no se evidencian avances significativos y hay serios obstáculos para su implementación”, según un informe enviado por la Procuraduría a la Corte Constitucional, en octubre.

El organismo de control duda del progreso en los objetivos de Basura Cero, que ha informado que el avance es del 51 por ciento. “No es clara la fórmula que emplea el Distrito para calcular los porcentajes de avance de cada estrategia”, señaló.

Por si fuera poco, la Contraloría Distrital avanza con dos procesos de responsabilidad fiscal porque el presunto detrimento a las finanzas del Distrito ascendería a 62.000 millones de pesos, por concepto de contratos de consultoría, gastos de personal “innecesarios” y “sobrecostos en la contratación de volquetas, camiones y equipos compactadores usados”.

“El Acueducto compró 218 vehículos de aseo basados en el supuesto de que el Distrito operaria en el 100 por ciento de la ciudad cuando en realidad sabían que solo podían operar en el 52 por ciento en el mejor de los casos, lo que explica la sobredimensionada compra de maquinaria”, afirmó la Contraloría.

Hasta ahora, la respuesta de Petro al fallo del Procurador ha consistido en liderar masivas movilizaciones populares de rechazo e instaurar recursos jurídicos para contenerlo. Además, ha calificado su salida del cargo como un “golpe de Estado” que pone en riesgo la democracia en Colombia.

El organismo de control dice que ‘no hubo complot’

Desde el 18 de diciembre del 2012, cuando la ciudad se vio inundada de basuras y el operador público Aguas de Bogotá fue incapaz de prestar el servicio, el alcalde Gustavo Petro ha advertido que hubo un “complot” de los operadores privados de aseo. Según esta tesis, las firmas dejaron de recoger los desechos con el fin de generar la crisis. De hecho, el contratista Emilio Tapia, uno de los principales implicados en el ‘carrusel’ de la contratación, afirmó recientemente que “el caos de las basuras fue premeditado” para tumbar a Petro, según una entrevista que publicó El Espectador.

En el fallo, la Procuraduría descarta la argumentación de Petro. “El supuesto número de residuos que no se recogieron durante los días anteriores al 18 de diciembre del 2012 nunca podrá equipararse al dejado por las calles de Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de diciembre. Las mediciones que efectuó la Superservicios dicen que entre los días 18 y 19 se dejaron de recoger aproximadamente 6.000 toneladas. Estas cifras jamás se dejaron de recoger durante los días anteriores al 18 de diciembre, pues la excepcionalidad y la anormalidad de la prestación del servicio fue captada por todo el país a partir del día en que el operador público asumió la prestación del servicio”.

“No es cierto que los operadores privados hayan generado una crisis premeditadamente. Lo que superó esa crisis fue precisamente que los operadores privados volvieron a prestar el servicio de aseo”, se lee en el fallo. Por eso, agrega, “resulta contradictorio que se diga de manera posterior que estos mismos contratistas fueron los que causaron la emergencia”.

La estrategia política de Petro

Todo el mundo sabía que la destitución del alcalde Gustavo Petro era inminente. Lo que pocos imaginaban es que el exsenador y exguerrillero del M-19 tendría la habilidad para convertir su mala hora en una plataforma política de alcances nacionales e internacionales. (Vea aquí fotos de la situación en la Plaza de Bolívar)

Con el argumento de que su destitución es un complot de la extrema derecha para sacarlo de la escena política y hasta un ataque directo contra el proceso de paz, Petro ha logrado poner el acento de la discusión en el terreno de lo ideológico y, al mismo tiempo, ha conseguido que miles de personas colmen la plaza de Bolívar en rechazo a la decisión del Procurador de inhabilitarlo políticamente por 15 años.

De la noche a la mañana, Petro pasó de ser un alcalde bastante desprestigiado por su cuestionada capacidad de ejecución, a ‘víctima política’ de un Procurador con ‘poderes desmesurados’ y que ‘atenta contra la democracia’, al ‘desconocer la voluntad popular’. Un discurso que le está dando resultados y que tendrá un nuevo impulso desde el 10 de enero, fecha de la próxima concentración convocada por el Alcalde, justo cuando empieza un crucial año electoral.

Los resultados de una encuesta de Datexco hecha el 9 y el 10 de diciembre muestran hasta qué punto Petro ha tenido éxito en su estrategia: el 60 por ciento de los 700 bogotanos consultados se declaró en desacuerdo con la decisión de la Procuraduría y la imagen favorable del Alcalde subió al 50,6 por ciento, la más alta desde que comenzó en el cargo, en enero del 2012.

YESID LANCHEROS
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter: @yesidlancheros

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