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Mafia 'importa' 90 hombres para guerra en el Valle

Alias 'Kike Gallo' les alquiló tropa a 'los Urabeños' para sacar a un capo recién llegado de Miami.

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Cali, Tuluá, Buenaventura y Jamundí están convertidas en el escenario de una sanguinaria guerra mafiosa que tiene atemorizados a sus habitantes y en máxima alerta al gobierno, la Policía, el Ejército y hasta a la Iglesia.
Hay asesinatos múltiples en esquinas y discotecas, amenazas a dueños de fincas, descuartizados, degollados y raptos de personas acusadas de ser testaferros de viejos narcos.
La escalada violenta llevó a la capital del Valle a ocupar el primer lugar en la tasa de homicidios del país –con cerca de 2.000 al año–, por encima de Medellín y de Bogotá. Esto significa que, en promedio, cada 24 horas, 5 personas son asesinadas.
El derramamiento de sangre se inició en abril de 2012, cuando Estados Unidos deportó desde Miami al ‘señor de la R’, narco de 56 años, cercano al viejo capo Élmer ‘Pacho’ Herrera, quien llegó a Jamundí reclamando a bala haciendas y urbanizaciones.
“Después de pagar 18 años de cárcel, el ‘señor de la R’ vino a recomponer la organización de los Herrera y está matando testaferros para rehacer su fortuna”, le dijeron a EL TIEMPO fuentes federales y lo confirmaron investigadores de la Fiscalía.
El pariente de Herrera ya conformó una ‘oficina’ criminal, similar a la de Envigado, con los grandes combos que operan en Cali. Su propósito es recuperar varias narcorrutas y el microtráfico, hoy en manos de ‘los Machos’, pistoleros del extraditado Diego Montoya, y de ‘los Rastrojos’, el ejército de los hermanos ‘Comba’, también presos en EE. UU.
Para enfrentar al recién llegado y expulsar de la región a ‘los Rastrojos’, ‘los Machos’ pusieron al frente de su tropa a ‘Kike Gallo’, un sanguinario sicario de 40 años.
La transacción
Informes de inteligencia señalan que, en abril, ‘Kike’ negoció con ‘los Urabeños’ un apoyo militar de 90 hombres. Dicen que pagó 1.000 millones de pesos por los refuerzos, que llegaron de Córdoba, del Urabá chocoano y de Antioquia.
La transacción se selló directamente con Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otto’, jefe de ‘los Urabeños’, después de que la Policía y la Fiscalía debilitaron a ‘los Machos’ con cuatro capturas clave: Héctor Mario Urdinola, ‘Chicho’, en febrero; Greylin Varón Cadena, ‘Martín bala’, en mayo; Orlando Gutiérrez, el ‘negro Orlando’ en ese mismo mes; y, en junio, Carlos Robayo, ‘Guacamayo’, gatillero de Diego Montoya que pagó seis años de cárcel en Estados Unidos.
A ‘Kike Gallo’ y a los ‘minicomandos’ que ha armado con la tropa ‘importada’ se les atribuye la masacre de 8 personas en una discoteca de Cali, el 8 de noviembre. Sin embargo, la Fiscalía no descarta que detrás de la matanza esté el ‘señor de la R’.
Por el lado de ‘los Comba’, el amo y señor es ‘Giovanny’, quien está manejando el próspero mercado de la coca hacia Argentina. Para recuperar espacios en Cali, Buenaventura, Jamundí y Tuluá, ‘Giovanny’ selló alianzas con cuatro narcos: ‘Porrón’, el terror de Tuluá; ‘César’, dueño de rutas por el Pacífico; ‘Búho’, jefe de sicarios y el verdadero ‘Niñobueno’, exguerrillero que tiene como centro de operaciones a Pereira.
La Iglesia y las autoridades locales intentan, por medio de mesas de trabajo, que las bandas que operan en Cali se mantengan al margen de esta guerra. Pero la intensidad del conflicto tiende a subir porque están en juego territorio, narcorrutas a Estados Unidos y a Europa y el microtráfico, un negocio que solo en la capital del Valle mueve más de 100.000 millones de pesos al mes.
¿Qué están haciendo las autoridades?
La situación que viven Cali y su área metropolitana obligó al desplazamiento a la zona del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien tomó varias medidas de choque. La más importante es el patrullaje conjunto entre Ejército y Policía en zonas críticas.
El coronel Gildardo Rayo, comandante del Batallón de Policía Militar Número 3, dijo que cerca de 500 soldados están recorriendo las comunas más vulnerables: Siloé, El Diamante, El Vallado, Terrón Colorado y Desepaz. La Policía, por su parte, tiene a más de 700 uniformados vigilando la ciudad e interviniendo estos barrios. En el Distrito de Aguablanca se han implementado, intermitentemente, el toque de queda para menores y la restricción del porte de armas. Sin embargo, sigue siendo una de las zonas más violentas. Voces calificadas aseguran que, además de estas acciones, hay que intervenir de manera urgente, con programas sociales, en las comunas más pobres, en donde los muchachos se venden al mejor postor.
Según la Personería, en Cali hay cerca de 134 pandillas, integradas por más de 2.000 adolescentes e incluso menores de edad. Para el martes 10 de diciembre, la Arquidiócesis convocó una marcha contra la violencia y las armas. “No podemos permitir que la ciudad se convierta en un matadero. Es urgente que la gente reaccione”, afirmó monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali. Y agregó que el tráfico de armas y su alquiler están disparados en las comunas, así como el reclutamiento de adolescentes.
UNIDAD INVESTIGATIVA

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