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Más de un millar de jueces y fiscales están hoy en el banquillo

Más de un millar de jueces y fiscales están hoy en el banquillo

Entre los investigados se encuentran tres funcionarios claves para que 'Orejas' quedara libre.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de diciembre 2013 , 11:20 p. m.

Un juez y dos fiscales de Boyacá que fueron claves para que en el 2009 el esmeraldero Pedro ‘Orejas’ Rincón quedara libre a pesar de las evidencias que había en su contra por un homicidio, están hoy bajo la lupa de la Fiscalía, que está a punto de tomar decisiones en una investigación por presuntos hechos de corrupción.

En el expediente hay grabaciones de personas cercanas a ‘Orejas’, que fue recapturado el pasado 20 de noviembre, y que enredan a los funcionarios en un proceso por supuestas maniobras que llevaron a la libertad del cuestionado esmeraldero.

Ese es uno de los más de mil casos que adelanta la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, y que comprometen a jueces, fiscales, procuradores, peritos de Medicina Legal y del CTI en presuntos ‘tratos’ para arreglar procesos, otorgar libertades, desaparecer evidencias y hasta evitar extradiciones.

Desde un edificio en el centro de Bogotá en donde imperan fuertes medidas de seguridad se ordenaron, entre otras, la captura del fiscal seccional de Zipaquirá, Fernando Enrique Sarmiento, procesado por ordenar irregularmente el pago de dos depósitos judiciales por 6 millones de pesos.

En el 2009 una amiga de Sarmiento terminó cobrando esa plata, pese a que no era beneficiaria de los títulos ni había sido autorizada por sus verdaderos dueños.

La Corte Suprema de Justicia acaba de dejar en firme una condena de cinco años de cárcel contra ese mismo funcionario, quien, siendo juez de Soacha, en abril del 2009 dejó libres a dos personas que habían sido capturadas cuando transportaban 31 kilos de cocaína y les devolvió el carro en el que movían la droga.

Entre los servidores de la justicia que terminaron en el banquillo de los acusados también está el investigador del CTI Fabián Andrés Gutiérrez, quien en mayo del 2008, en Remolinos del Caguán (Caquetá), participó en un allanamiento en el que se incautaron 28 millones de pesos. El funcionario recibió la orden de consignar la plata en una cuenta estatal, pero, según la Fiscalía, consignó solo 28.000 pesos y con esfero puso tres ceros que le hacían falta para completar en el papel la suma incautada.

El jefe de la Unidad de Investigación a Funcionarios, Robinson Sanabria, dijo que estos procesos son de alta complejidad porque los investigados “conocen el sistema, la ley y los métodos de investigación y ponen en marcha todo tipo de estrategias para no dejar rastro”.

Sanabria también coordina la investigación contra las nueve personas, entre ellos dos jueces, capturados a mediados de octubre y señalados de pertenecer a una red que supuestamente cobraba sumas de hasta 50 millones de pesos por arreglar procesos en los juzgados de Paloquemao de Bogotá.

En ese proceso ya uno de los implicados negoció con la Fiscalía y dará información contra los demás integrantes de la red criminal.

La Fiscalía tiene un capítulo especial para los jueces cuestionados por otorgar libertades sospechosas. Allí está el juez primero penal para adolescentes de Yopal, Nelson Castiblanco, procesado por resolver en octubre del 2010 un hábeas corpus sin tener competencia. Con el recurso quedó en libertad al exalcalde de Aguazul (Casanare) Mauricio Jiménez, juzgado por concierto para delinquir y desaparición forzada.

La Fiscalía asegura que prepara decisiones contra jueces de Antioquia y Córdoba que con sus fallos han puesto en libertad a más de 30 integrantes de bandas.

En el dosier de los funcionarios enredados está Roxana Eljaiek, asignada a la Unidad Antimafia y quien, según la Fiscalía, fabricó una orden de traslado de un preso de una cárcel de Bogotá a Medellín. Con el documento falso, ella cobró 14 millones de pesos para evitar el supuesto traslado.

También aparece Miguel Ernesto Cuervo, exintegrante del grupo de automotores de la Fiscalía y quien está pendiente de una condena por suministrar a un tramitador toda la información y documentos para que se presentara a reclamar 21 carros que habían sido robados en Bogotá y fueron recuperados por las autoridades.

Cierre de casos en Montería

En una visita a la seccional de la Fiscalía en Montería se descubrió que en tres despachos se “proferían inhibitorios y preclusiones contrarias a derecho”. Ya fueron llevados a juicio tres funcionarios.

REDACCIÓN JUSTICIA

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