Esta semana, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se tomaron la palabra para hablar de la urgencia de reformar el sistema penal oral acusatorio. En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, marca distancia de la propuesta presentada en Paipa (Boyacá) y asegura que aunque el sistema sí debe ser reformado, primero hay que hacer un estudio profundo del tema.
¿Qué opinión tiene de la propuesta de reformar el sistema penal acusatorio?
Como hecho positivo destacaría que, por primera vez, la Fiscalía y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema reconocen que hay fallas evidentes en el sistema. Es el momento no solo de mirar aspectos técnicos del Código, sino de hacer una gran revisión para saber si el sistema, que fue presentado como una panacea que nos garantizaría la agilidad en los procesos, el principio de la libertad y la excepcionalidad de la detención preventiva, se ha ido cumpliendo. He sostenido la tesis de que ese sistema ha pasado de manera improvisada, sin profundización, sin estudio de estadísticas. Lo que hemos visto hasta hoy es que tiene razón la gente cuando lo caracteriza como el sistema penal aplazatorio.
¿Cómo sería el sistema ideal?
Creo que primero hay que hacer un estudio general sobre el sistema como tal, ver si se presentó como un sistema acusatorio sin serlo. Este es un modelo donde, teóricamente, el fiscal no tiene funciones judiciales, pero sin embargo pertenece al poder judicial. En los países con un sistema acusatorio puro, el fiscal pertenece al Ejecutivo. Yo planteé la posibilidad de que se buscara un modelo mixto, como el de la Ley 600 (el sistema anterior), que por cierto ha servido para que la Corte Suprema de Justicia pueda mostrar resultados en casos como la ‘parapolítica’, que jamás hubieran avanzado con el actual sistema penal acusatorio. Por ejemplo, con el actual sistema oral, la Corte tiene casos que llevan más de un año solo en la etapa de juicio; es el caso de los procesos a Andrés Felipe Arias y Bernardo Moreno. Se podría buscar un sistema mixto, que dejara el sistema acusatorio para los casos de flagrancia, y otros no asociados a las organizaciones criminales.
¿La conclusión es que el sistema acusatorio oral está en una profunda crisis?
Un sistema que genera que en el 90 por ciento de los casos no se haya podido hacer ni una sola diligencia, donde permanentemente se aplazan las audiencias, no funciona. Un sistema donde el principio de oportunidad se está aplicando para que los mayores criminales delaten a otros, y por esa vía escapen a la aplicación de la justicia, tampoco funciona.
¿Considera sana la propuesta de aumentar los beneficios judiciales a quienes entreguen información?
Sobre los beneficios por colaboración hay que hacer un gran replanteamiento porque no siempre eso ha conducido al desmantelamiento de las cadenas criminales. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad de investigación de la Fiscalía, por ejemplo, inyectándole presupuesto al CTI para que sea el Estado el que llegue a esas organizaciones criminales, y no tenga que estar pendiente de quién delata y cuánto le rebajan para tener éxitos en la investigación. En cuanto a los beneficios para condenados, me parece que es la propuesta que merece más análisis. Habría que ver cómo se desarrolla, pero por ahora no me parece conveniente. De otro lado, los beneficios para jefes de bandas criminales puede ser una propuesta sana.
¿Aumentar esos beneficios es una salida facilista?
Solo diría que con eso lo que se estaría demostrando es que el Estado no tiene pleno interés en investigar y simplemente espera las confesiones. La Constituyente del 91, con la creación de la Fiscalía, buscó tener un aparato fuerte de investigación. Creo que a eso hay que apuntarle. No es que no apoye esta propuesta, porque entiendo la bondad que tiene, pero creo que hay que ir más allá, hacer un análisis más de fondo sobre si ese sistema, como está concebido, como se está practicando, es el que le conviene al país.
¿Qué opina de eliminar la imputación de cargos?
Me parece aceptable si por ejemplo con eso se busca que las personas, salvo los casos excepcionales, vayan a prisión a partir de la resolución de acusación o incluso en la condena. Obviamente, lo que creo es que el tema no es de aspectos puntuales sino mucho más generales.
También se propone derogar algunos artículos de la ley de seguridad ciudadana...
En principio estoy de acuerdo porque esta ley produjo una sobrepoblación en las cárceles.
¿Entró el país en un desgaste al aprobar leyes para luego reemplazarlas?
Se aprueban leyes al pulso de asuntos coyunturales. Por eso he propuesto que cualquier modificación en la legislación penal, de procedimiento penal o penitenciario, debe pasar necesariamente por el Consejo de Política Criminal, para que tenga un concepto ante el Congreso y no se presenten leyes de manera incoherente o incorrecta.
Reunión con las cortes, pendiente
Se había anunciado una reunión con las cortes para analizar la reforma de la justicia en la que se plantearía la eliminación de la Judicatura ¿Cuándo se hará?
La idea es reunirnos para hacer un análisis de la crisis a raíz de aspectos puntuales que se presentaron, y no necesariamente en el tema de cambios constitucionales, que fue un tema que vino después. Esa reunión se ha dificultado por situaciones de agenda, pero estoy seguro de que la podemos hacer antes de que empiece la vacancia judicial.
Concepto aclara dudas
Para el Ministro de Justicia, el concepto del Consejo de Estado sobre la ley de garantías no fue un triunfo suyo sobre la Procuraduría. “Es el funcionamiento del Estado de derecho (...), aclara todas las dudas”, dijo.
REDACCIÓN JUSTICIA
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