José Vicente Cantero, un reconocido ganadero señalado de quitar a la fuerza siete mil hectáreas de tierra a campesinos de Antioquia y Chocó, fue capturado por la Fiscalía y la Policía en zona rural de Chigorodó.
Cantero había sido puesto en la lupa de las autoridades en septiembre de 2010 cuando el propio vicepresidente Angelino Garzón pidió a la Fiscalía que investigara el violento desplazamiento de campesinos amenazados por grupos armados.
Según la investigación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Cantero hizo parte de un “plan criminal” de ganaderos, paramilitares y narcotraficantes para quedarse con las tierras productivas y clave para tener un corredor de movilidad de droga y armas.
El fiscal Alejandro Ramelli dijo que las tierras fueron arrebatadas a 14 familias entre 1996 y 1998 y hoy con “maniobras ilegales” siguen bajo el control de los victimarios que tenían nexos con los paramilitares de Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’.
Junto al terrateniente fueron capturados Fabían Darley Roldán, quien se encargaba de tramitar el cambio de propietario de las tierras, y Leidys Sierra Florez, quien tenía varias de esas propiedades a su nombre.
La Fiscalía tiene evidencias de los nexos de Roldán con Sor Teresa Gómez, capturada en octubre pasado y considerada una de las mayores despojadoras de tierras del país. Él sería uno de los comisionistas que se presentaba como enviado del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso o el Fondo Ganadero de Córdoba en el despojo de Tulapas.
Los investigadores han recibido testimonios que vinculan a Cantero con el grupo de Dalson López Simanca, alias ‘Mono Pecoso’, un desmovilizado de las autodefensas condenado a 40 años de cárcel por el homicidio de 18 personas en el bar El Aracatazo del municipio de Chigorodó (Antioquia).
De acuerdo con la investigación, el 12 de agosto de 1995 un comando del frente ‘Arlex Hurtado’ de las autodefensas irrumpió en el citado establecimiento comercial y luego de obligar a los presentes a tenderse en el piso, los asesinó con armamento de corto y largo alcance. La mayoría de las víctimas eran sindicalistas y simpatizantes de izquierda.
“La Fiscalía inició el proceso de protección de los denunciantes que a pesar del tiempo siguen con temor sobre la presencia de grupos armados que están atemorizando a los pobladores de la región”, señaló Ramelli.
Los investigadores pidieron el expediente sobre el crimen de Gildardo Padilla, un reclamante de tierras que fue asesinado en noviembre del año pasado en Valencia (Córdoba).
REDACCIÓN JUSTICIA