Editorial: Una cirugía necesaria

Editorial: Una cirugía necesaria

28 de noviembre 2013 , 07:58 p.m.

Sin mucho ruido, el Congreso acaba de aprobar una cirugía de fondo de la extinción de dominio, la herramienta establecida en el país a finales de los 90 para golpear a las mafias de todas las pelambres donde más les duele: el bolsillo. Más de tres lustros después, su efectividad está en entredicho. A causa de engorrosos trámites, habilidosas dilaciones de los abogados y, hay que decirlo, también por la corrupción, el Estado está aún lejos de quedarse con el grueso de las millonarias propiedades que les han sido incautadas a los narcos, a los paramilitares y a la guerrilla en operaciones que han representado el sacrificio de muchos policías, fiscales, jueces y civiles.

Un estudio de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que fue la institución que impulsó la reforma, encontró procesos que han durado hasta 14 años sin una decisión definitiva. Los que menos lo hacen se toman 7 años. Mantener congeladas, muchísimas veces en franco deterioro, esas millonarias fortunas –en poco más de un año han sido confiscados bienes por casi 3 billones de pesos–, que podrían destinarse a tareas urgentes como la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, simplemente es inaceptable.

La reforma que aprobó el Congreso apunta a que un proceso pueda ser evacuado en cuestión de 10 meses. A esto se suma la eliminación de la posibilidad de que los investigados interpongan una y otra vez recursos para frenar el avance de los juicios. A partir de ahora operará una estrategia que, a pesar de su evidente lógica, es un elemento novedoso en la acción de las autoridades: en adelante se incautarán los bienes después de una labor de investigación sólida que prácticamente aplique esa medida en aquellos casos en los que el chance de éxito supere el 90 por ciento.

Y es que desde los primeros días de la lucha contra las mafias del narcotráfico, sobre todo, y hasta hoy se incautaba para empezar las investigaciones. Lo anterior explica por qué muchas de ellas duran cuatro años y más en los despachos de los fiscales –apenas un puñado en todo el país– encargados de esta lucha decisiva.

Bajo responsabilidad de la Fiscalía, que evidentemente sale reforzada con esta reforma, queda pues una misión clave: garantizar, por fin, que las fortunas mal habidas salgan de las manos dudosas que las ostentan. Una rápida aplicación de la herramienta, además de entregar recursos necesarios para los citados programas, será también fundamental para enterrar, de una vez por todas, la corrupción generada alrededor del manejo de las millonarias propiedades confiscadas.

Le corresponde también al fiscal Eduardo Montealegre implementar los mecanismos de control necesarios para que la aplicación de la justicia premial en este código –los investigados podrían quedarse hasta con un 5 por ciento de los bienes si colaboran con la justicia– se ajuste a las necesidades del país y no se convierta en una oportunidad para arreglos de dudosa ortografía. Que el incentivo no termine en atajo.

En manos de fiscales y jueces está ahora el desafío de hacer realidad la promesa de esta reforma de lograr mayor eficacia, así implique en ocasiones sacrificar una cierta dosis de justicia, aspecto que se enmarca en el creciente ánimo de reconciliación nacional. En este contexto, el aparato judicial tiene la misión no solo de castigar, sino también de facilitar procesos de reparación por muchos años aplazados. Con tal propósito, era de extrema urgencia darle dientes más afilados a un mecanismo que ladraba, pero mordía poco.

EDITORIAL

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