Santos dice que acata, pero no comparte destitución de Superfinanciero

Santos dice que acata, pero no comparte destitución de Superfinanciero

Ante fallo de la Procuraduría, Gerardo Hernández dice que apelará la decisión.

28 de noviembre 2013 , 08:02 a.m.

A través de un comunicado de prensa, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, señala que dejó en manos del Gobierno la permanencia suya al frente del órgano de vigilancia y control del sector financiero colombiano.

El alto funcionario dijo que respeta y acata la decisión tomada por la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos, pero advirtió que está seguro de haber actuado conforme a la ley y de manera oportuna para garantizar la protección de los inversionistas y el normal funcionamiento y estabilidad del mercado de capitales colombiano.

"Es importante mencionar que en este caso particular la decisión de la Procuraduría General de la Nación ocurre por una diferencia de criterio respecto a la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión que ejerce la Superintendencia Financiera de Colombia y, en ningún caso, se ha cuestionado la rectitud y honestidad de las actuaciones adelantadas", indicó Hernández en su comunicación de cuatro puntos.

Poco antes, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la decisión de la Procuraduría la acata, pero no la comparte. (Lea también: 'La destitución de Hernández habla pésimo de la justicia': Asobolsa)

"La decisión que tomó la Procuraduría en contra del Superintendente Financiero a raíz de lo que ha venido sucediendo con Interbolsa, por supuesto que el Gobierno acata esa decisión, decisión del Procurador, pero en este caso no la compartimos", dijo el jefe de Estado en la mañana de este jueves.

Santos calificó a Hernández como "una persona transparente y dedicada a su trabajo", que ha hecho su trabajo "correctamente" y dijo que es el mejor capacitado del país “para hacer lo que está haciendo y lo ha hecho bien". El mandatario también señaló que espera que el Superintendente interponga los recursos necesarios ante el Procurador, a fin de que pueda explicar sus actuaciones en el caso de Interbolsa.

"Yo espero que el doctor Gerardo Hernández interponga un recurso, que le ofrece el procedimiento de la ley, ante el propio Procurador y que, en el entretanto, no solo ante la Procuraduría sino ante el país entero, pueda explicar en detalle el procedimiento que utilizó frente a este tema de Interbolsa", concluyó Santos.

La destitución

Horas antes, el procurador Alejandro Ordóñez había anunciado la decisión que fundamentó en que en este caso hubo "omisión" de Hernández al no vigilar a la comisionista Interbolsa, firma en liquidación y cuyos directivos están procesados penalmente por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

También fueron cobijados con la misma decisión Diego Mauricio Herrera, exsuperintendente delegado de Riesgos del Mercado, y Rosita Esther Barrios Figueroa, en su condición de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos. (Lea además: ¿En qué va el caso Interbolsa en la Fiscalía?)

Tras analizar un “vasto caudal probatorio” el Ministerio Público encontró que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización.

En este caso, el Ministerio Público dijo que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización. De igual manera, Ordóñez sostuvo que en una reunión, que se produjo el 18 de junio de 2012, los funcionarios de la Superintendencia hicieron una presentación contundente sobre la situación de la comisionista, pero Hernández hizo caso omiso para favorecer a Interbolsa.

En la investigación, que llevó a cabo la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, analizó con técnicos financieros las operaciones llevadas a cabo por la comisionista hoy en liquidación, entre ellas los repos con acciones de Fabricato que fueron sobrevaloradas y el debate de control político que se hizo el Congreso sobre el caso.

También analizó la actuación de la Superintendencia y verificó la forma como reaccionó y tomó medidas en relación con los datos provenientes del mercado de valores y que podrían señalar la presencia de presuntas irregularidades por parte de la Comisionista de Bolsa Interbolsa y sus clientes en relación con las sanas prácticas del mercado.

Según el Ministerio Público para 2012 la Superintendencia tenía probado que no existía lógica para el aumento excesivo del precio de las acciones de Fabricato.

Recordó la Procuraduría que para 2011, “la Superintendencia Financiera de Colombia movida por cambios sin precedentes de Fabricato inició un seguimiento con el fin de verificar la posible manipulación acciones”.

En consecuencia, la Procuraduría en 6 diciembre 2012 asumió en única instancia el conocimiento de la actuación disciplinaria por los hechos y ordenó la apertura de la investigación disciplinaria. Para el 4 de junio pasado, encontró que algunos funcionarios de la superintendencia financiera habrían faltado a la función de prevención ante el conocimiento de hechos contundentes y no se aplicaron las medidas preventivas de la Ley 962 para intentar evitar o aminorar la afectación al normal desarrollo del mercado de valores y la confianza pública.

Por la falta al deber de prevención frente a irregularidades de los préstamos a los amigos de Alessandro Corridori por parte de Interbolsa, el Ministerio Público formuló pliego de cargos y se escuchó en versión libre a los implicados.

“La causa de su iliquidez, que ocasionó la vulneración del mercado de valores, tiene su génesis en la condición de privilegio que ostentaba la comisionista en el mercado de valores", además de Alessandro Corridori, que lideraba unas empresas de un grupo de amigos cuya labor concentraba la operación que configuró lo que la propia compañía llamó ‘Operación Fabricato’.

“Debido a la falta de capital para un negocio de tales proporciones era preciso involucrar recursos de colombianos de buena fe”, dijo Ordoñez.

“Corridori puso en marcha el plan para aumentar artificialmente el precio de Fabricato. El aumento se reflejaría en la futura venta de la textilera y se determinó el monto del dinero recibido por cada operación. El efecto durante 2011 evidenció alto número de operaciones del grupo de amigos donde venden y compran acciones a precios superiores. El fruto fue que Fabricato fue la acción más valorizada seguida por Éxito y Ecopetrol”, recordó el Procurador.

La Procuraduría dijo que la comisionista trató de cambiar el perfil para posponer operaciones. Sin embargo, todas las maniobras afectaron las operaciones financieras que terminaron por dejar a la comisionista sin liquidez alguna.

“Los compradores no recibirán ninguna contraprestación por las acciones ni hoy ni en el futuro. La Superintendencia y su deber de control al sistema financiero, debió ver todas las anteriores situaciones pero en particular la confianza al mercado de valores. Tenía la obligación de salvaguardar recursos de los inversionistas”, señaló el Ministerio Público.

REDACCIÓN JUSTICIA

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