Exalcalde y personero, a explicar sus actuaciones

Exalcalde y personero, a explicar sus actuaciones

La falta del exalcalde de Viracachá fue calificada como gravísima a título de dolo.

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26 de noviembre 2013 , 10:18 p. m.

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Benigno Ávila Montaña, en su calidad de alcalde de Viracachá, por posibles hechos irregulares relacionados con la explotación de recebo en un lote de propiedad del municipio, con los que habría desconocido la normatividad minera y contractual.

Al parecer el 2 de marzo del 2011, Ávila suscribió un contrato con un particular para entregar a título de arrendamiento un lote de terreno ubicado en la vereda de Icarina, sin contar con los estudios técnicos y jurídicos previos para su ejecución y, al parecer, sin tener la licencia ambiental.

Con esta decisión, dice la Procuraduría, Ávila Montaña habría permitido que se ejercieran actividades de explotación de recebo en la vereda Icarina, pese a existir una sanción impuesta en ese sentido por parte de Corpochivor.

El análisis de las pruebas aportadas a esta investigación permite inferir que las decisiones de Corpochivor fueron de pleno conocimiento del entonces alcalde y, no obstante, habría continuado con dicha explotación.

De otro La Procuraduría, a través de la Provincial Tunja, citó a audiencia pública a Ómar Hernán García Cifuentes, en su condición de personero de Nuevo Colón para la época de los hechos, para que responda por presuntamente haber obstaculizado el libre ejercicio del derecho al voto de algunos ciudadanos.

La actuación disciplinaria inició por una queja interpuesta ante este organismo de control por parte de una ciudadana, quien señaló que durante la citada jornada el entonces personero municipal se dirigía a las personas de la tercera edad y a discapacitados que llegaban al puesto de votación, retiraba a quienes los acompañaban y se dirigía con ellos a los cubículos, donde él mismo marcaba los tarjetones.

Debía ser el garante de transparencia en el desarrollo de la jornada electoral y, al parecer, quebrantó su deber de cumplir la normativa establecida en la Ley 163 de 1994.

REDACCIÓN BOYACÁ SIETE DÍAS

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