Las claves de la ponencia que reviviría los toros en Bogotá

Las claves de la ponencia que reviviría los toros en Bogotá

Fallo que dice que alcaldes no pueden prohibir corridas en lugares con tradición es eje del debate.

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26 de noviembre 2013 , 09:16 p.m.

Este viernes, tres magistrados de la Corte Constitucional empezarán el debate de fondo de la tutela que podría revivir la fiesta brava en Bogotá, suspendida hace casi dos años por decisión del alcalde Gustavo Petro.

Como lo reveló EL TIEMPO hace tres semanas, la ponencia del magistrado Mauricio González echa para atrás la medida de la Alcaldía, con un argumento que ya se impuso en la Corte en el 2010: que ninguna administración municipal puede prohibir la realización de las corridas (y por extensión, de otros espectáculos como las peleas de gallos) allí donde exista una tradición cultural e histórica. El Congreso de la República es el único órgano facultado para ‘humanizar’ la fiesta, incluso suprimiendo la muerte del animal, y para prohibir las corridas.

Ese argumento es fuerte en la Sala, de la que también forman parte los magistrados Gabriel Mendoza y Luis Guillermo Guerrero.

La tutela, interpuesta por la Corporación Taurina de Bogotá, señalaba que Petro hizo erradas interpretaciones de la jurisprudencia de la Corte sobre los toros y además pedía defender el debido proceso, pues entre la entidad y Bogotá había un contrato para el préstamo de la plaza de La Santamaría que fue terminado unilateralmente por la administración de la ciudad.

La ponencia considera que este último punto es de competencia de la justicia contencioso-administrativa y no de la Corte Constitucional.

En ese escenario, incluso con la decisión a favor de la Corte, el regreso de los toros a la capital podría enredarse por simples asuntos logísticos, pues eventualmente tendría que realizarse un nuevo proceso administrativo para entregar la plaza a los particulares para la realización de la temporada. La cancelación del contrato incluso podría dar lugar a una millonaria condena contra la ciudad por el desconocimiento de un contrato legalmente establecido.

Sobre el argumento que llevó la Alcaldía a la Corte sobre supuestas fallas estructurales en La Santamaría, la ponencia señala que se trata de un asunto “ajeno al objeto de la tutela” y que por lo tanto no debe ser tenido en cuenta para decidir.

El viernes, los magistrados empezarán por definir si procede la recusación que interpuso Andrea Villarraga, defensora de los derechos de los animales, contra González, quien sostiene que el magistrado no puede intervenir en el caso porque públicamente manifestó en el 2010 su gusto por la fiesta brava. Como el artículo 39 del decreto 2591 de 1991 dice que en ningún caso será procedente la recusación para una tutela, dicho argumento no sería admisible.

La recusación, en todo caso, será respondida por la Sala que definirá el regreso de los toros.

La Corte y las corridas

Varias sentencias han tocado esa tradición

La sentencia C-666 de 2010 dice que “únicamente podrán desarrollarse (corridas) en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular”.

La sentencia C-889 de 2012, que declaró exequible la Ley 916 del 2004 –el reglamento taurino–, dice que los alcaldes y los concejos municipales no pueden prohibir las corridas de toros en los municipios donde exista tradición.

REDACCION JUSTICIA

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