¿Del monte al congreso?

¿Del monte al congreso?

24 de noviembre 2013 , 06:55 p.m.

La creación de circunscripciones electorales especiales en zonas de conflicto, punto acordado entre las Farc y el Gobierno Nacional dentro del tema sobre garantías para participación en política, les abre a los integrantes del grupo subversivo el camino para llegar al Congreso de la República. La pregunta que surge frente a esta situación sobreviniente es: ¿Estamos los colombianos preparados para tragarnos semejante sapo? La respuesta a este interrogante es clara: no se puede premiar de esta manera a quienes han destruido la infraestructura del país, a quienes han sembrado tanto dolor en cientos de familias, a quienes son responsables de tanta sangre derramada.

¿Es justo premiar con curules en el Congreso a unos delincuentes que lo único que han hecho durante su vida ha sido destruir pueblos, extorsionar empresarios, asesinar ciudadanos, reclutar menores de edad para la guerra, despojar a los campesinos de sus tierras, imponer el terror en vastas regiones, arrebatarles a muchos colombianos el patrimonio adquirido con el trabajo honrado? ¿Tiene presentación garantizarles el ingreso a ese recinto de la democracia a quienes cometieron la masacre de Bojayá? ¿Se puede convertir en padres de la patria a quienes asesinaron a los once diputados del Valle? ¿Merecen este honor quienes pusieron una bomba en el Club El Nogal?

Los voceros de la Farc en los diálogos de La Habana han expresado que no están dispuestos a pagar un día de cárcel por los delitos cometidos. De llegarse a un acuerdo de paz, debe contemplarse el pago de penas por delitos de lesa humanidad. No es pidiendo perdón como van a pagar por sus crímenes. Se necesita que haya justicia. ¿Van a quedar libres de culpa quienes cometieron la atrocidad de asesinar a Gilberto Echeverri Mejía? ¿Van a gozar de privilegios quienes han privado de la libertad a cientos de colombianos al someterlos a la tortura del secuestro? ¿Podrán andar tranquilos por la calle quienes destruyeron el futuro de cientos de campesinos que fueron víctimas de las minas antipersonas?

No somos enemigos de la paz. Si algo necesita Colombia para lograr desarrollo es alcanzar la convivencia pacífica. Pero todo tiene un límite. Una paz con impunidad no cicatrizará las heridas abiertas como consecuencia de esta guerra fratricida. ¿Será capaz de perdonar una familia que entregó su patrimonio para lograr el rescate de un padre que al final le entregaron muerto? ¿Tendrá capacidad de perdón una persona que perdió a toda su familia como consecuencia de una incursión guerrillera? No nos digamos mentiras: aunque de labios para afuera se diga que se perdona, quedará en el alma ese dolor ocasionado por unos delincuentes que no mostraron respeto por la vida.

Para los colombianos de bien, aquellos que siempre le han apostado a la construcción de un país con equidad social, no les será fácil aceptar que unos hombres alzados en armas, que han intentado acabar con la institucionalidad, pasen del monte al Congreso como si aquí nada hubiera ocurrido. Ver a los destructores de nuestra riqueza convertidos en legisladores no será fácil de asimilar. Para que esto ocurra, debe haber primero justicia, así sea transicional. Una vez paguen su deuda con la sociedad, ahí sí que aspiren a llegar al Congreso. Pero que sometan su nombre al escrutinio ciudadano, sin concesiones. El elector sabrá si les concede, con su voto, este privilegio.

La conversión de las Farc en partido político debe darse en condiciones especiales, es cierto. Habrá que garantizarles espacios para ejercer el derecho a la oposición. Pero no se puede permitir que quienes tienen deudas con la justicia por delitos atroces lleguen al Congreso sin pagar un mínimo de cárcel. Colombia no puede otorgarles perdón y olvido. Primero tiene que haber justicia y reparación. De no hacerlo así, la Corte Penal Internacional pondrá sus ojos en este proceso. Las víctimas del grupo guerrillero elevarán su voz para reclamar justicia. Si el grupo armado tiene voluntad de firmar la paz, no debe insistir en que no pagarán un día de cárcel.

José Miguel Alzate

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