Alas para que Córdoba resurja de la violencia

Alas para que Córdoba resurja de la violencia

La brigada Alas para la Gente y la Nación se unieron en Puerto Libertador.

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22 de noviembre 2013 , 09:14 p.m.

Quien en Puerto Libertador, en el sur de Córdoba, nunca haya sido desplazado o escuchado una balacera, ha tenido demasiada suerte. Esa es una generosidad que el destino les niega a muchos en estos valles y serranías donde pululan las ‘ies’ de grupos irregulares, cultivos ilícitos y minería ilegal. (Vea acá las imágenes de la jornada)

Ahí, donde la atención médica especializada es un lujo, brotan como la hierba estirpes como la de Oralys Hernández, una mujer robusta por cuyos brazos han pasado cuatro hijos, sin padre, antes de la treintañez. Nacer pobre es la menor de sus desgracias; al menos antes comía de los cultivos de su papá. Solo necesitó ocho años para que su pasado se convirtiera en espejismo: primero fue la violencia y luego la avalancha.

Ahora, después de las tragedias, espera que su hijo Jesús David, de dos meses, se recupere en una incómoda sala del Centro de Atención Médica de Urgencias (Camu) Divino Niño, donde 33 médicos voluntarios de la fundación Alas para la Gente atienden con ritmo febril a los más de 1.000 pacientes que vienen de zonas rurales de Puerto Libertador.

Los médicos llegaron a esta región gracias a dos aviones hércules proporcionados por la Fuerza Aérea Colombiana y pudieron acceder a los medicamentos, otros insumos y apoyo logístico a través de la fundación Volver, Global Datos, la Universidad Antonio Nariño, Aviones de Colombia y Aviopartes.

Madre e hijo llevan dos días sin bañarse. Oralys le habla a su nené para convencerlo de que se mejore pronto, porque sus hermanitos esperan en casa. “¿Qué habrán comido?”, susurra, y ruega para que la terapia le devuelva el vigor a sus pulmoncitos. Cerca de ellos hay seis personas acostadas en colchonetas recuperándose de cirugías recién suturadas.

Durante dos días, el Camu se llenó de campesinos que en la distancia de sus ranchos no sueñan con ver un médico. Bebés, niños, adultos y abuelos se revisaron los ojos, la piel, la artritis: 1.120 almas en busca de un diagnóstico que les explique los dolores y las fiebres.

La historia de Oralys cuenta la de muchos en la región. Ya no recuerda si fue antes o después del 2005 cuando la desplazaron de la zona rural de San Juan, a hora y media de Puerto Libertador. “Un día llegaron ‘los grupos’ y a las 2 p.m. comenzó la balacera. Paró a las 3:30 a.m. y volvió a empezar a las 6 a.m. Mis hermanas, los niños y yo nos quedamos debajo de un colchón que mi mamá nos tiró encima”, relata. Así fue como terminaron viviendo en San Juan.

Este recuerdo no transfigura su rostro. No tanto como la de la avalancha que en el 2009 arrasó con medio caserío. Ella estaba trabajando en una finca y su mamá le ayudaba a cuidar a sus hijos. Mientras recuerda, su respiración se corta, la mirada se pierde y se hace vidriosa.

“Cuando volví al pueblo, de la casa de mi papá no quedaba sino el piso. Mi mamá quedó atrapada bajo la casa y le dijo a una amiga, Diana, que salvara a mi niña... Diana la agarró por un brazo y ella le dijo, ‘¡Ay!, me rompiste mi bracito’. Ella le respondió ‘así sea con tu mano, me quedo con ella pa’ mostrársela a tu madre’...”. Su voz se ahoga en llanto.

En cinco años perdió dos hogares, se enfrentó a la violencia y a la impotencia de un gobierno que no pudo mitigar el riesgo de desbordamiento de la quebrada San Pedro, porque el campo minado impidió las obras.

Cuatro años ha vivido en una casa con techo de zinc junto a otras tres familias, separadas entre sí por plásticos negros y verdes que convierten los habitáculos en un lugar sofocante en las horas de calor. Cuatro años ha esperado que la Unidad de Gestión del Riesgo le construya la casa digna que le prometió, para que deje cocinar con leña, y que el humo no enferme a su bebé y sus otros tres hijos.

Reomedre Raúl Carrascal, alcalde de Puerto Libertador, dice que está a la espera de que salga adelante la licitación para construir las viviendas de las 402 familias que quedaron damnificadas eso mismo día.

Oportunidad para renacer

Este pasado de infortunios que afecta a los 42.000 habitantes del casco urbano y del área rural del municipio está por cambiar, gracias a un programa de la Nación, a través de la Unidad de Consolidación Territorial del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con el sector privado.

Alas para la Gente lleva 10 años tocando puertas en empresas privadas y gobiernos locales y de la Nación para conseguir recursos que lleven a los profesionales de la salud a los rincones más desafortunados de Colombia.

Esta es una brigada especial, no solo porque alivia las precarias condiciones de salud en el municipio, sino porque por primera vez el Gobierno Nacional los escogió para lanzar una alianza público-privada que cambiará la historia de la región (lea el recuadro).

Consolidación y las empresas privadas gestionaron los buses para evitar que los habitantes caminaran por horas hasta Puerto Libertador, a merced de la guerrilla y las bandas criminales.

Gracias a esto, Oralys llegó con Jesús David hasta el Divino Niño. Después de 15 horas de estar conectado al oxígeno, sus pulmones ya empiezan a mostrar el vigor que deben tener en un niño de dos meses.

En el otro extremo de la sala, un médico controla la tensión del octogenario Francisco Salcedo. El hambre que le cala los huesos, su próstata enferma y la pierna que perdió hace tres años habían escondido esta enfermedad.

Los pacientes son atendidos por enfermeros y enfermeras a los que les deben casi 10 meses de salario. Trabajan gratis, no porque no les falte la plata sino porque el desempleo no es una opción. De toda desgracia surge un negocio: muchos venden su sueldo al 10 por ciento para poder comer.

La secretaria de Salud, Diana Arroyo, dice que las EPS deben 2.500 millones de pesos y que los 300 millones que la Nación les gira cada mes no alcanzan para los salarios atrasados. Endisalud, la más incumplida, debía 1.427 millones a septiembre.

Son las 8 p.m. y, con Jesús David en brazos, Oralys decide qué hacer. “¿En qué me voy? No tengo un peso”, explica. Cuando regrese se preguntará lo mismo, porque volverá a hacer los mismos dulces para ganar los mismos 10.000 pesos, con suerte.

Su hijo de 15 años también sabe de eso. Entiende lo que es madrugar, pagar 4.000 pesos por el transporte y ganar 8.000 pesos diarios por lavar buses y camiones todo el día, para alimentar a sus hermanos. Cuando gana 5.000, que no es de extrañar, camina tres horas para no volver a casa con las manos vacías.

Sí. Volverán a lo mismo, pero solo por un tiempo. Al menos ahora saben que la ayuda llegará pronto.

Una alianza histórica

Este mes, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Consolidación Territorial del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), lanzó en Puerto Libertador una alianza público-privada en el sur de Córdoba con las empresas privadas que explotan recursos naturales en la región, para recuperar los municipios donde, por años, han reinado grupos ilegales y los cultivos de droga,

Como un primer paso, escogió apoyar a la fundación Alas para la Gente, que por 10 años ha llevado médicos voluntarios a las regiones más apartadas del país. Con esto, Consolidación pone en marcha un plan de 7.000 millones de pesos aportados por Cerromatoso, el grupo Argos y Gecelca para que en los próximos tres años no solo se inviertan en salud, sino también en servicios públicos, educación obras y programas para evitar el reclutamiento en Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, Tierralta y Valencia, municipios del sur de Córdoba.

“Con esto no solo se impulsan las brigadas de salud sino que se convierten en parte de una política del Estado”, aseguró Camilo Arjona, director de la fundación que, en alianza con EL TIEMPO Casa Editorial, el Ejército Nacional y el Ministerio de Salud, reunió a 33 odontólogos, ginecólogos y optómetras, entre otros especialistas, para atender a 1.120 pacientes y hacer 26 procedimientos quirúrgicos.

Según el director de Consolidación Territorial, Germán Chamorro de la Rosa, “es una oportunidad para canalizar los recursos privados de responsabilidad social en proyectos estratégicos para la gente”.

En total, más de 2,6 millones de personas en 58 municipios de 13 departamentos recuperarán la seguridad y abrirán un nuevo capítulo en sus historias, en el que el acceso a una vida digna no sea un bien escaso.

NATALIA GÓMEZ CARVAJAL
Redactora de EL TIEMPO

 

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