Óscar Peláez Carmona, otro general salpicado en el caso Galán

Óscar Peláez Carmona, otro general salpicado en el caso Galán

El entonces jefe de la Dijín es el tercer general cuestionado por el caso del magnicidio.

21 de noviembre 2013 , 06:07 p.m.

En la nueva orden de captura contra el general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, por el crimen, la Fiscalía reconstruyó también las supuestas maniobras realizadas desde varias entidades del Estado para proteger a los verdaderos responsables del asesinato.

Maza y el también general de la Policía Argemiro Serna (que para agosto de 1989, cuando mataron a Galán, era, como Peláez Carmona, coronel) aparecen en la investigación como parte del plan encaminado a debilitar el esquema oficial que debía proteger al candidato presidencial. Serna, que ya ha sido escuchado varias veces por la Fiscalía, era segundo comandante de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía dice que en ese comando no solo no cumplieron la orden de desplegar unidades a Soacha para proteger al candidato sino que, tras el crimen, falsearon informes para simular un operativo que nunca existió.

Peláez Carmona, que hasta ahora no ha sido vinculado formalmente al caso, era jefe de la Dijín y la investigación señala que él, el jefe del DAS y los comandantes de la Policía de Cundinamarca hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desviar la acción de la justicia.

El plan para lograrlo, dice el expediente, empezó con una serie de allanamientos en Soacha en los que detuvieron a decenas de personas que fueron señaladas de haber llamado a la Estación de la Policía de la Calle 100 minutos después del ataque a Galán, y que supuestamente dijeron frases como estas: “Si no se murió con lo que le dimos, lo rematamos” y “se merece todo el plomo que le dimos”.

Esa base, poco sólida, dio para detener a los hermanos Martín Emilio Flórez Parra, Jorge Antonio Flórez Parra y Miguel Ángel Flórez Barragán, así como a Fernando Antonio Bustamante Ortiz, Ernesto Alonso Tovar, Héctor Manuel Cepeda Quintero, Humberto Rojas Oliveros y Nelson Francisco Triana".

"Todos ellos, hasta el cansancio, contaron a los jueces qué actividades desarrollaban en su vida cotidiana, el lugar y en compañía de quién se encontraban el día de los hechos; les enseñaron que eran transportadores, docentes, vendedores de huevos, comerciantes, en fin, gente humilde y noble que el único error que cometieron fue residir en las viviendas que la Policía eligió allanar so pretexto de que, de esa residencia procedían las llamadas a la Estación 100", dice la Fiscalía.

Esa, sin embargo, fue la parte menos escabrosa del complot. El 22 de agosto, con una orden de allanamiento firmada por un juez militar, la Policía allanó un inmueble en el centro de Bogotá a Telmo Pedro Delgado Zambrano, Armando Bernal Acosta, Norberto Murillo Chalarcá, Alberto Jubiz Hazbum y Luis González Chacón. Allá, supuestamente, fue decomisada una subametralladora que luego se demostraría que nunca estuvo en el sitio.

El más reconocido de ellos fue Jubiz Hasbum, un químico farmacéutico de Barranquilla que murió en 1998, cinco años después de recuperar la libertad. Estuvo preso desde 1989 hasta el 93 por un crimen que no cometió.

Decenas de testigos hablaron ante la justicia de la inocencia de esos detenidos y no fueron escuchados. El testimonio más contundente fue el del exministro y excongresista Carlos Enrique Obando Velasco, quien reiteradamente afirmó que Jubiz Hazbum estaba, la tarde del 18 de agosto de 1998, con él en una oficina de Bogotá, en la que también estaban dos asesores tributarios del general Maza. Obando, que fue embajador en París y gobernador del Cauca, incluso escribió un libro en el que narró cómo estuvo a punto de ser asesinado porque se negó a cambiar su versión.

"Muchos fueron los testigos que bajo la gravedad del juramento desmentían las acusaciones realizadas por la Policía Nacional y por los testigos arrimados por el DAS y la Dijín", dice la Fiscalía.

Y agrega que el DAS consiguió un falso testigo que habló de un supuesto plan del narcotráfico para asesinar a Jubiz y "callar" la verdad del crimen de Galán. En ese montaje cayó preso un contador, Norberto Hernández Romero, a quien el falso informante señaló como el enlace de Jubiz Hasbún y también era inocente.

En febrero de 1990, cuando Obando dio su versión en favor de Jubiz Hazbum en el juzgado, lo esperó un supuesto miembro del DAS que le dijo que cambiara su declaración porque perjudicaba su institución, a lo que él se negó.

Días después, un hombre que se identificó como el teniente Paredes, de la Dijín, lo citó para confrontar versiones. Varios hombres lo buscaron en su apartamento y lo invitaron a acercarse a un taxi. Minutos después le hicieron cuatro disparos, uno de los cuales le dio en la cara. El taxi de los sicarios, según confirmaron varios testigos, iba escoltado por una moto de la Policía y la denuncia y los casquillos del atentado desaparecieron de los despachos judiciales.

La Fiscalía coincidió con la Procuraduría en señalar que con el montaje para desviar el proceso de Galán "nacieron los falsos positivos y los carteles de testigos": "Esta desviación de la investigación evitó que la acción de los funcionarios judiciales se dirigiera de manera oportuna a indagar por la alianza de los miembros del Estado, los políticos, el paramilitarismo y el narcotráfico para perpetrar el crimen".

REDACCIÓN JUSTICIA

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