Propietarios del Space siguen pagando por apartamentos derrumbados

Propietarios del Space siguen pagando por apartamentos derrumbados

Aunque el edificio se desplomó, afectados continúan recibiendo facturas y cobros de créditos.

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21 de noviembre 2013 , 05:43 p.m.

Lo imposible, entonces, era dejar de tragar polvo. Por eso, en esa oscuridad que se había amontonado en todo el edificio desde las 8:40 de la noche, en la que apenas eran perceptibles algunas siluetas de sillas y mesas, lo mejor era resistir con escasas bocanadas de aire. Luego, así, con el vientre hinchado, habría que echarse a andar por unas escaleras invadidas de gritos, de miedo, donde el final resultaba estremecedor: un pedazo de la torre de 22 pisos se había convertido en un manojo de ladrillos y escombros.

Esa imagen es apenas un recuerdo de lo que sucedió con la fase seis del Space, aquella construcción que el 12 de octubre se desplomó de un tajo en Medellín y por la que hoy algunos propietarios siguen pagando créditos de apartamentos que no existen y continúan recibiendo facturas de servicios que no pueden consumir.

Pese a que el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha instado en más de una ocasión a los bancos para que congelen el cobro de intereses, sus intentos no han sido del todo efectivos. Hasta este lunes Colpatria y BBVA lo hicieron, pero Davivienda y Giros y Finanzas no han querido acceder.

“Lo que hicimos apenas se desplomó el edificio fue notificarle a Davivienda, pero aún así siguen cobrando la cuota mensual. Esta semana obtuvimos una respuesta pero todavía no hay nada oficial. Y si no pagamos es posible que nos reporten a Datacrédito”, dice uno de los afectados de la fase seis, que fue justamente la que se desplomó. EL TIEMPO se comunicó con esta entidad, pero se limitó a decir “aún no nos vamos a pronunciar”.

En el caso de los servicios, si bien ya se detuvo el cobro de recolección de basuras, agua y luz, hay recibos de internet y televisión que no paran de llegar.

Aunque Claro manifestó en un comunicado que todas las cuentas fueron congeladas, Mauricio Ramírez, de la fase cuatro, por ejemplo, aún recibe facturación. “Somos un grupo de, aproximadamente, diez personas, que hemos tratado de hablar con la empresa pero nos han cerrado todas las vías de comunicación. Primero en el call center nos dijeron que no tienen correo electrónico para hacer la solicitud y, luego, ante las quejas, aseguraron que la única manera de suspender el contrato era llevarles el decodificador. ¡Imagínese! Y yo estaba en la fase cuatro y mi hermano en la cinco”. En la primera está prohibido entrar y la segunda pronto la derrumbará una implosión.

La incertidumbre

Hoy, luego de más de un mes, los afectados viven con una incertidumbre que no para de crecer. El motivo no puede ser otro: a la fecha, muchos propietarios no han obtenido soluciones concretas de CDO que, hasta el momento, ha otorgado subsidios de $3’000.000 y $3’500.000 a los apartamentos que cayeron y a los que están en pie.

Las dudas, en realidad, son un cúmulo de problemas que tienen en vilo a quienes vivían en las fases uno, dos, tres y cuatro del Space, que son las que aún ─solo si los estudios lo confirman─ pueden ser habitables. La cinco será derribada y sus dueños, junto con los de la seis, ya recibieron, como lo reveló este diario el 16 de noviembre, $9.844 millones por sus inmuebles. Pero para las otras fases ese es justamente el primer inconveniente: la insistencia de CDO en que, quizá, los inquilinos puedan volver.

La idea para muchos resulta absurda. “Y es absurda ─explica Nelson Vanegas─ porque la fase tres, que es donde estaba yo, tiene las vigas vencidas y las paredes agrietadas. Ahí es imposible dormir”.

Él ─profesor universitario, de voz tranquila y pausada─ hace parte de la mesa de representación que, en busca de una solución, se ha reunido con varias entidades públicas en las últimas semanas. “Todas ─dice─ menos la Gobernación de Antioquia que ni siquiera ha hecho presencia después del desastre”.

Un desastre se hubiese podido evitar si CDO, la constructora que levantó la edificación y que aquel día, con el derrumbe, sepultó once vidas y 57 años de reputación, hubiera demostrado más interés en las evidencias.

Como aquella carta que respondió ante las quejas de una propietaria el 10 de septiembre del 2013 y que conoció EL TIEMPO. En ella reconocía haber hecho unos hallazgos en el tercer piso de la parte derrumbada: “ventana de alcoba principal desplomada debido a la deflexión de la viga, desnivel del piso de cuatro centímetros, desplome del muro del baño principal y desagüe del sanitario”. Descubrimientos que iban acompañados de un parte de tranquilidad: “los cimientos están de acuerdo al estudio de suelos realizado por la firma del doctor Bernardo Vieco. Además, se tienen los registros y controles técnicos que nos permiten asegurar que este es un suelo estable, seguro y con la capacidad necesaria para soportar las cargas”.

¿Quién debe pagar?

El problema de fondo por el que no se puede definir si esos apartamentos son aptos para vivir, son los costos tan altos que tendrían que asumir las aseguradoras. Ellas, como se acostumbra, no tomarán una decisión hasta que tengan los resultados del estudio que contratan con un ajustador. Y aunque se habló de hacerlo con la Universidad de Los Andes, lo cierto es que estas compañías no están en la obligación de aceptar.

Eso, al menos, es lo que afirma Fernando Quintero, presidente de Seguros Colpatria, que es con la empresa que se pactó la póliza que exige la ley. “Nosotros ─sostiene─ estamos pendientes de los resultados de Mclaren, la firma que contratamos y que actúa con total independencia. Cuando las conclusiones salgan a la luz pública (que será dentro dos o tres meses), veremos si nos acogemos a los estudios de Los Andes, pero también los podemos descartar”.

Esta sentencia contradice lo que, según Vanegas, dijeron los representantes de Seguros Colpatria en la última reunión: “que iban a encontrarse con el equipo técnico de la Universidad para analizar si se acogían a un estudio definitivo y vinculante”.

Sin embargo, esa no es la mayor preocupación. Dicha póliza, que equivale a un seguro de bienes comunes (exigido por la Ley 675 de 2001), no cubre fallas estructurales. Únicamente responde por terremotos, terrorismo o incendios, tal como se lee en el documento acordado por Space y Colpatria. “Y esa ─explica Quintero─ es la restricción. Si la póliza no cubre ese siniestro, no tenemos la obligación de pagar”.

En realidad, como afirmaron funcionarios de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), solo habría una manera de hacer que estas entidades asumieran los costos: tener una póliza de estabilidad de la obra que, hasta el momento, CDO no ha dado a conocer. La otra alternativa, que es en la que está puesta la esperanza de algunas víctimas, es que la constructora devuelva el dinero invertido por términos de garantía. Pero las respuestas, hasta ahora, siguen siendo inciertas.

**El Tiempo envió un cuestionario a CDO, pero hasta el momento la constructora no ha respondido.

SERGIO SILVA
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
sersil@eltiempo.com

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