De la Casa del Florero a dos cuarteles del Ejército

De la Casa del Florero a dos cuarteles del Ejército

A Irma Franco la llevaron a la Brigada 13, y a Carlos Rodríguez, a la Escuela de Caballería.

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16 de noviembre 2013 , 11:13 p.m.

Entre las 5:30 y las 8 de la noche del 7 de noviembre de 1985, Irma Franco fue obligada por miembros del Ejército a abordar una camioneta, al parecer una Nissan Patrol de color verde, y fue llevada a un lugar desconocido. Esa fue la última vez que testigos y sobrevivientes del holocausto del Palacio de Justicia vieron a la joven guerrillera del M19, cuyo cuerpo aún no aparece. (Lea también: Estado admite su culpa en desapariciones del Palacio de Justicia).

La tesis de las autoridades, documentada en sentencias judiciales, es que Franco, quien para la época tenía 26 años, salió con vida del Palacio de Justicia y fue conducida al segundo piso de la Casa del Florero, el mismo lugar donde empezó la pesadilla para los estudiantes Santodomingo y Matson.

Su desaparición ha sido reconstruida a través de testigos y documentos recabados en las investigaciones contra varios militares. Uno de ellos es una carpeta hallada por la Fiscalía en una bóveda de la antigua unidad de inteligencia militar en la Brigada 13, a donde habría sido llevada Franco desde la Casa del Florero. El archivo estaba marcado con la letra ‘S’, que, dicen los peritos, correspondía a ‘sospechosos’.

En uno de los papeles se leía: “La sujeto es la dirigente del aparato de inteligencia del M-19 en Bogotá y el contacto a nivel de mando lo tiene a través de Álvaro Fayad”, uno de los cofundadores del M19. La justicia también ratificó, en segunda instancia, la responsabilidad del Ejército en la desaparición de Carlos Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio. Según las investigaciones, también fue llevado a la Casa del Florero y, tras varias horas de interrogatorios, al parecer fue enviado a la Escuela de Caballería. Allí habría sido torturado hasta morir.

Su cuerpo y el de Franco no aparecen, al igual que los de nueve personas, todas trabajadores de la cafetería.

Ante la CorteIDH, el Estado señaló que “existe duda razonable” sobre la suerte de estas personas, lo cual fue calificado de “insólito” por la defensa de las víctimas. En el reconocimiento de responsabilidad internacional, Colombia también se la juega para que la condena mencione, como sucedió en el caso del bombardeo a Santo Domingo (Arauca), las indemnizaciones ordenadas por la justicia interna y pagadas por el Estado.

Por la desaparición de Irma Franco el Consejo de Estado condenó a la Nación en 1997 a pagar $ 25 millones.

En qué van las investigaciones en el país

Más de 28 años después de la retoma del Palacio de Justicia, ninguno de los procesos contra los militares que participaron en la operación se encuentra en firme.

La decisión más avanzada es la condena a 30 años de cárcel contra el coronel Alfonso Plazas Vega, que está desde mediados del año pasado en casación en la Corte Suprema de Justicia. La absolución del general Iván Ramírez y la condena de 35 años contra el general Jesús Armando Arias Cabrales están en manos del Tribunal Superior de Bogotá, para fallo de segunda instancia.

El juicio contra el coronel Edilberto Sánchez y otros cinco exintegrantes del B-2 terminó en abril pasado y está en manos de un juez de primera instancia. La Fiscalía pidió condenarlos por desaparición, pues, según la investigación, eran los encargados de recibir en la Casa del Florero a los liberados y conseguir información sobre los guerrilleros del M-19 que estaban en el Palacio.

El caso por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán se abrió hace tres años, y están vinculados con diligencia de indagatoria los generales Rafael Hernández, Carlos Alberto Fracica y Jesús Armando Arias Cabrales.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró que en ese caso habrá decisiones antes de terminar el año.

La Fiscalía acaba de abrir un nuevo capítulo en lo referente al Palacio de Justicia que busca establecer la presunta responsabilidad de la Policía, el DAS y altos funcionarios del gobierno de la época en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el operativo de retoma de la edificación.

REDACCIÓN JUSTICIA

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