Editorial: Los dilemas del grafiti

Editorial: Los dilemas del grafiti

15 de noviembre 2013 , 11:00 p. m.

Basta un recorrido por cualquier ciudad del país para constatar el auge del grafiti. De unos años para acá, paredes de inmuebles públicos y privados han servido de lienzo para inscripciones de todo tipo, desde rayones con valor simbólico para culturas juveniles, hasta bien logrados dibujos.

Y hay que decir que lo que al comienzo era calificado mayoritariamente de vandalismo ha logrado reconocimiento como una expresión artística válida, que en algunos casos, incluso, ha dado pie a innovadoras industrias culturales. Este cambio de estatus, por cierto, no termina de convencer a quienes consideran que este debe seguir siendo tan efímero como transgresor y con la obligación de no abandonar los márgenes de la sociedad, avanzando a contracorriente y de ninguna manera bajo el amparo del Estado.

En el país, dos hechos han marcado la discusión sobre qué tratamiento darle al fenómeno. Primero fue la absurda muerte del joven Diego Felipe Becerra –luego de dejar sus trazos en un puente de Bogotá–, en hechos confusos, a manos del patrullero de la Policía Wílmer Alarcón. Posteriormente fue la imagen del cantante Justin Bieber con tarro de pintura en mano, con acompañamiento policial en plena calle 26, proceder que fue rechazado por el secretario de Gobierno del Distrito, Alfonso Jaramillo. La decisión posterior de borrar el dibujo del canadiense provocó jornadas de protesta, en las que los jóvenes utilizaron sus aerosoles y marcadores durante 24 horas seguidas en Bogotá, Cali y Medellín.

Ambos episodios son ilustrativos de la ambigua respuesta estatal al asunto. Coexiste la represión apoyada en el Código de Policía, que lo tipifica como una contravención, con una creciente tolerancia. En esta línea se ha inscrito, por ejemplo, el Distrito Capital, que desde la administración de Lucho Garzón ha asumido posturas más abiertas y llegado incluso a promoverlo al entregar espacios públicos en avenidas como la Norte-Quito- Sur y la calle 26. Este segundo camino parece ahora imponerse. La misma Policía ha dado señales recientes de avanzar en esta dirección.

Aquí hay que señalar un punto clave y es que en el medio está algo tan importante como la defensa del interés general, que debe ser la prioridad de cualquier ente del Estado. Un grafiti en un bien público es, finalmente, una apropiación de particulares de algo que debe ser de todos. El que la institucionalidad le dé su visto bueno implica, además, la cuestión de cómo regular el aval concedido, con qué criterios distribuir espacios y, más complejo aún, cómo determinar el límite entre simples rayones y trazos con valor estético.

Permitirlo o promoverlo crea un terreno gris, en el que terminan saliendo perjudicadas, además, las propiedades de los ciudadanos, por no hablar de los monumentos y de los inmuebles patrimoniales. Al no poder aspirarse a establecer un filtro, tanta tolerancia conduce a espacios públicos pintorreteados sin ton ni son, lo que genera un grave deterioro del entorno urbano.

Por lo anterior, el Estado debe ser extremadamente cauto si decide tomar un rol activo. De hecho, lo recomendable sería que su papel se encaminara más a hacer un esfuerzo pedagógico para que esta expresión no se desarrolle por cuenta de lo público y de los derechos de la mayoría. Por lo pronto, no puede darse el lujo de enviar mensajes contradictorios; las diferentes instancias, incluida la Fuerza Pública, deben coincidir en una misma línea de acción, que, si va a abrir espacios, fije también límites y sin caer, ni más faltaba, en los abusos.

EDITORIAL

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