El debate agrícola y el Minagricultura

El debate agrícola y el Minagricultura

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15 de noviembre 2013 , 10:14 p.m.

Desde la Colonia, el problema de las tierras baldías ha sido una constante en la historia de Colombia. Los colonizadores antioqueños que sembraron el café en el viejo Caldas lo hicieron sobre baldíos, que posteriormente fueron legalizados. Y durante el siglo XX, la llamada cuestión agraria tuvo en buena parte su origen en la ocupación de tierras baldías o que se calificaban como tales.

El asunto reaparece de tiempo en tiempo. Recientemente volvió a hacerlo. La globalización genera expectativas de una creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Y con la mejora de la seguridad nacional, salieron a la luz unas tierras sin valor económico alguno en el pasado, pero que ahora son atractivas para inversionistas y empresarios.

La maraña de leyes y de modalidades para la posesión de baldíos es, sin embargo, profusa y confusa y se presta a muchas interpretaciones. No sorprende que haya dado lugar a escándalos y debates políticos, cuyo efecto inmediato ha sido el de paralizar la inversión y el desarrollo agrícola. Es lo que ha ocurrido en la altillanura y en la Orinoquia.

En una situación como la actual, los pescadores pescan en río revuelto. Y la demagogia florece en el Congreso y pone en la picota pública a inversionistas y empresarios honestos que han “hecho patria” con enormes dificultades, desde hace muchas décadas. Porque, como dice un buen amigo, nuestros antepasados “hacían patria y no plata”.

Es el caso del debate que hace pocas semanas promovió en la Comisión V del Senado el senador Robledo, con la clara intención de tumbar al nuevo ministro de Agricultura, el doctor Lizarralde, gerente por 19 años de la empresa Indupalma, con plantaciones de palma aceitera en el Magdalena medio. Aunque el senador dice ser partidario de la empresa privada, a la hora de la verdad sospecha de toda actuación de inversionistas y gerentes privados. Su ideología le impide admitir que el gerente de una empresa privada cumpla la ley, se ajuste a comportamientos éticos o promueva el bienestar de sus trabajadores o asociados. De paso, desconoce la historia empresarial colombiana.

No sabe, por ejemplo, que don Moris Gutt fue un extraordinario empresario, que en 1950 fundó, con su yerno, don Carlos Haime, la empresa Grasco S. A. (productora de grasas y aceites) y que muy rápidamente se dio cuenta de la importancia de producir materias primas para esa industria en el país, por lo cual promovió la creación de Indupalma en 1961. En una primera etapa fueron además socios de Grasco empresas como Bavaria y Seguros Bolívar. Tampoco sabe que los sindicatos y la guerrilla se ensañaron con Indupalma y con sus administradores y que su gerente-fundador, el exministro de Agricultura Hugo Ferreira Neira, fue infamemente secuestrado por el M-19 en 1977.

Los dueños de Indupalma nunca se dieron por vencidos; mantuvieron la empresa perdiendo plata –“haciendo patria”– y a principios de los años noventa lograron un acuerdo con los trabajadores y el sindicato para salvar la empresa. El ministro Lizarralde tuvo a su cargo muy buena parte de la recuperación de Indupalma, con base en la vinculación de cooperativas de trabajo asociado con empresarios campesinos. El modelo ha sido muy exitoso y ha beneficiado a muchas familias pobres. Puede no ser reproducible en la altillanura, pero, como funcionó en Indupalma y el Ministro sobresalió en su empeño, el representante del Polo en el Congreso tiene que atacarlo, deslegitimar su nombramiento y afectar su nombre y el de la empresa a la cual sirvió.

Ojalá los cambios políticos que se avizoran en el futuro próximo no espanten a quienes todavía, en Colombia, buscando un mejor país, “hacen patria”.

Carlos Caballero Argáez

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