Fuero penal militar y proceso de paz

Fuero penal militar y proceso de paz

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15 de noviembre 2013 , 09:47 p.m.

Parece un contrasentido que el mismo Gobierno, comprometido con la salida política del conflicto interno armado, se encuentre tozudamente empeñado en la vigencia de una forma de impunidad frente a los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares. A la vez, tender un manto de duda sobre la capacidad de la justicia transicional para atender estos procesos especiales (previstos en el marco jurídico para la paz para los “agentes del Estado”), que es lo que en el fondo se observa en la reforma del fuero penal militar (FPM), revela una inconsistencia cuando no una lamentable contradicción en el pensamiento gubernamental.

Extender patente de corso a los delitos de la guerra sucia cuando se tramita un acuerdo para la superación de la confrontación militar en busca de la reconciliación es propiciar el quebrantamiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Una “actitud” que parece orientada a calmar las aguas revueltas del momento político en el que la aspiración central del ‘Señor de las sombras’ es mantener el desbordado y oneroso aparato de guerra, con todas sus consecuencias, para frenar la reconstrucción democrática que necesita Colombia.

Aunque parece evidente –y es necesario que así lo sea– que la gran mayoría de colombianos está de acuerdo con la configuración de un blindaje judicial –ético e imparcial–, para quienes están comprometidos en la defensa de las instituciones y en la preservación del orden constitucional, lo indispensable es que esa cubierta esté ligada a los términos inobjetables del derecho de guerra, del DIH. Entre otras cosas, porque no se trata de llevar a los tribunales a los miembros de la Fuerza Pública por simples infracciones disciplinarias, sino a quienes en ejercicio de sus funciones cometan faltas graves, catalogadas como delitos de lesa humanidad contra civiles fuera de la guerra. Esto es, ejecuciones extrajudiciales, ‘falsos positivos’, desapariciones, torturas, etc.

Ahora, si se tiene en cuenta que los “éxitos” de las operaciones militares contra las guerrillas en los últimos años se han realizado bajo la legalidad restrictiva del fuero penal militar, no puede invocarse esa prerrogativa –en los términos prescritos en la Constitución Política de 1991– como elemento desmoralizador, como tampoco esgrimirse un supuesto “síndrome de la Procuraduría”, porque (in) justamente ahora, a la cabeza de ese organismo está un individuo cuyo fanatismo corre parejas con su cavernario sectarismo político y su tendencia guerrerista.

Ya la respetable Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho de manera palmaria: “La justicia penal militar tiene el gran problema de que no cumple con los requisitos de imparcialidad e independencia que se exigen a todo tribunal judicial. Esta característica la inhabilita para conocer sobre las acusaciones de violación de los derechos humanos elevadas contra miembros de la Fuerza Pública”. En buena hora nuestra Corte Constitucional declaró inexequible, así sea por “razones de procedimiento”, el engendro que retornaba a la justicia penal militar los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

Por otra parte, la subvaloración que los defensores de la reforma del FPM hacen de los jueces penales ordinarios, para exaltar las supuestas virtudes de la JPM, es completamente insubstancial, porque se basa en subjetividades sin evidencia científica. Lo cierto es que dichos funcionarios, al acceder a esa especialidad jurisdiccional, se obligan a hacer visibles sus capacidades investigativas y su competencia jurídica en un riguroso proceso de selección, para asumir tareas de la complejidad y especialidad requeridas para el juzgamiento de militares, en condiciones humanísticas que los militares no poseen.

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Alpher Rojas C
Investigador en Ciencias Sociales y Estudios Políticos

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