Editorial: Un límite que conviene aclarar

Editorial: Un límite que conviene aclarar

13 de noviembre 2013 , 08:10 p. m.

En la discusión sobre cuál debe ser el comportamiento de los funcionarios públicos –incluido el Primer Mandatario– en los meses previos a una contienda electoral, son más las dudas que las certezas, tal como se ha podido constatar en los últimos días. Si bien el país cuenta con un conjunto de prohibiciones, y diversos pronunciamientos de las altas cortes han dado algunas luces, lo cierto es que siguen siendo demasiadas las zonas grises.

El tema ha vuelto a estar en boga a raíz de las distintas posiciones que han expresado el Ejecutivo y la Procuraduría sobre la fecha a partir de la cual el Presidente ya no podrá llevar a cabo inauguraciones de obras públicas. Este hecho puntual ha dado pie a varias interpretaciones de la normativa vigente, que han dejado la sensación de que faltan reglas claras en un asunto crucial en términos de la equidad que debe caracterizar el buen funcionamiento de la democracia.

De cara a este contrapunteo, hay que tener presente que se trata de un terreno en buena medida inhóspito para nuestras instituciones. Y es que, si bien la limitante para los funcionarios de expresar abiertamente sus preferencias es de vieja data, con raíces y explicación en la larga y no menos sangrienta trayectoria de violencia partidista, esta será apenas la segunda vez que tendremos a un presidente en ejercicio en búsqueda de prolongar por cuatro años más su mandato.

Eso sí, el que se trate de un reto de más bien reciente aparición no excluye la necesidad de una discusión que debe llevar a trazar con claridad un límite que hoy luce tenue y poroso, situación que es fuente de polémicas, como aquellas que han rodeado sanciones recientes –la mayoría por esta razón– contra mandatarios municipales.

Hoy no está suficientemente definido dónde termina el ejercicio de una función pública y dónde comienza el proselitismo. Urge tener muy claro por dónde va esta raya.

Dicho lo anterior, hay que reconocer que no es una tarea fácil, como tampoco lo es el establecer con algún grado de certidumbre cuáles son las verdaderas motivaciones de los funcionarios en actos susceptibles de lecturas divergentes, según la orilla desde donde se las mire. Para ir más lejos: si las normas permiten tanto a un presidente como a un concejal o a un congresista repetir período, es natural que desde el primer día sus actos busquen convencer a sus electores de darles un nuevo voto de confianza.

Por lo pronto, mientras se zanja la discusión, hay que esclarecer cuáles son los inamovibles, las premisas básicas que no pueden en ningún momento perderse de vista. Estas incluyen el no utilizar recursos públicos con fines electorales, así como la prohibición, consagrada en la Constitución, para quienes desempeñan funciones públicas de hacer contribuciones a partidos, movimientos y candidatos. Tampoco es aceptable, de ninguna manera, que desde un cargo público se obligue a los funcionarios a votar por tal o cual candidato, so pena de perder su puesto.

Partiendo de estas bases, tal vez sea tarea del Consejo de Estado aclarar las dudas urgentes que hoy son fuente de rifirrafes como el ya referido. Luego debe venir un debate de altura, que analice los aprendizajes de estos primeros años de vigencia de la ley de garantías, así como la experiencia en esta materia de otros países. Hacer esta labor permitirá robustecer la democracia y evitará que cada cuatro años aumenten las sensibilidades que dan pie a forcejeos casi siempre innecesarios.

EDITORIAL

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