Premio Nacional de Paz para 123 familias campesinas del sur de Bolívar

Premio Nacional de Paz para 123 familias campesinas del sur de Bolívar

Reciben el galardón de EL TIEMPO, Caracol Radio, Caracol Televisión, Proantioquia, Fescol y el PNUD.

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12 de noviembre 2013 , 10:17 p.m.

Debajo de la camisa raída por eternas jornadas en el campo, Misael Payares Guerrero lleva puesto un chaleco antibalas, de unos 5 kilos de peso, que se coloca todas las mañanas antes de cruzarse la mochila y cargarse el machete al cinto para irse a trabajar a la hacienda Las Pavas, donde hace más de 20 años libra una lucha de resistencia por esta tierra.

Es un campesino de 66 años, de mirada triste, piel curtida, manos grandes y fuertes, que agita al responder sin titubeos: “¿Que si me siento seguro con este chaleco? Mis enemigos me han advertido que no me apuntan al pecho sino a la cabeza”.

No es la única protección de Misael. Anda con tres guardaespaldas, asignados por la Unidad Nacional de Protección, con los que se va todos los días a Las Pavas, a unos 30 minutos de su casa, en el corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón, sur del Bolívar. (Vea la galería: La lucha de los campesinos de Las Pavas por recuperar sus tierras).

También le dieron un carro, sin blindaje, que cuando llueve no puede usar porque se queda en la trocha. Entonces, le toca andar a caballo, en mula o caminar una hora, con su seguridad personal, por estos caminos solitarios por donde la violencia se ha asomado tantas veces.

Quienes viven en Buenos Aires libran su lucha por la tenencia de unos predios, que por décadas se los han apropiado de forma ilegal narcotraficantes y paramilitares del Bloque Central Bolívar y, más recientemente, empresas palmeras.

Buenos Aires tiene 1.200 habitantes, 165 casas (de madera y techos de zinc), cuatro calles polvorientas, cinco iglesias (una católica y cuatro cristianas), tres tiendas y un colegio, con 380 estudiantes. No hay acueducto ni alcantarillado y la gente se baña, se lava los dientes y cocina con agua del caño El Papayal, un brazo del río Magdalena.

Desde hace más de dos décadas está pidiendo un pedazo de tierra para sembrar. “Los invasores son otros”, explica con rabia Misael, uno de los líderes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), organización que desde 1998 está conformada por 123 familias, para promover la paz y la resistencia pacífica, a pesar de las amenazas, el desplazamiento y las agresiones esgrimidas tanto por bandas criminales como por la empresa privada.

Misael cuenta que esta hacienda, de 2.600 hectáreas, antes de ser Las Pavas, se llamó Los Rastrojos, propiedad de su abuelo Francisco López y otros campesinos que, a mediados del siglo pasado, no usaban alambre de púa para definir los linderos, sino los árboles y los arroyuelos y hasta donde les alcanzara la mirada. “De aquí para allá trabajas tú y de aquí pa’ cá yo”: así definían a quién pertenecía la tierra, sin notarios.

La repartición

La vida comenzó a torcérseles a los campesinos de esta zona del sur de Bolívar cuando el Estado colombiano, en un proceso de reforma agraria, adjudicó, de los años 1966 a 1969, 1.185 hectáreas de predios baldíos, entre ellos Si Dios Quiere (42 hectáreas), No te Canses (473 hectáreas), Las Pavas (472 hectáreas) y Peñaloza (198 hectáreas). No te Canses y Las Pavas conforman hoy un solo predio, que se llama en los títulos Hacienda Las Pavas. Familias de otros departamentos recibieron del Gobierno tierras que nunca habían trabajado, lo que generó el primer desplazamiento.

La situación se complicó en los 80, cuando a la zona llegó el presunto narcotraficante Jesús Emilio Escobar Fernández, quien comenzó a acumular grandes extensiones. El predio que hoy se llama Las Pavas es el resultado del englobe de un total de 14 predios adquiridos por Escobar, de los cuales solo 3 tienen títulos; los 11 restantes son mejoras constituidas en baldíos nacionales.

Escobar abandonó la hacienda ante la continua persecución de las autoridades contra los narcotraficantes. La situación fue aprovechada por los campesinos de Buenos Aires, quienes, en 1997, deciden entrar a cultivar estas tierras, pero la felicidad les duró cinco años. En el 2003, el grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, que se asentó desde 1998 en el vecino corregimiento de Papayal, los sacó. “Nos advirtieron que, si no obedecíamos, nos iba a pasar igual que a los cuerpos desmembrados que veíamos pasar por el río. Nos tocó obedecer”, cuenta, en tono desolado, Misael.

Se arrinconaron en su pueblo y volvieron a cultivar en los playones. “Nos tocó soportar todos los atropellos de los paramilitares que llegaban al pueblo, hacían tiros en la calle, mataban a nuestros animales, nos obligaban a limpiar trochas por donde ellos andaban...”, dice Orlando Ospino Pedrozo, quien vio bajar por el río brazos y cabezas mientras se bañaba. Muchos decidieron irse, pues no soportaron el terror que sembraron los hombres del ‘Rápido’, comandante paramilitar de esta zona.

Al iniciarse la desmovilización de los ‘paras’, en el 2006, los campesinos de Buenos Aires volvieron a entrar a Las Pavas, pero en esta ocasión le pidieron al Incoder que hiciera extinción de dominio de las parcelas que tenían títulos, y las que estaban baldías las adjudicara. Escobar se enteró y regresó con un ejército privado y de nuevo los sacaron. “Perdimos todo: cultivos y animales, y nos quedamos sin tierra para cultivar nuestra comida”, contó Luis Carlos Mercado, miembro de Asocab.

Un año después, Escobar vendió Las Pavas a dos empresas palmeras: Aportes San Isidro S. A. S. y CI Tequendama, esta última filial del Grupo Económico Daabon, que conforman el Consorcio El Labrador.

Los campesinos trataban de arrancarles a los playones que deja el río algo de comida, mientras esperaban en Buenos Aires pacientemente una solución del Incoder, pero fue esa vez la naturaleza la que les jugó una mala pasada con una gran inundación que arrasó con todo, en el 2008. Entonces, las empresas palmeras entraron con maquinaria pesada en la hacienda, secando ciénagas y arroyos y talando bosques.

“El 15 enero del 2009 decidimos meternos a Las Pavas; era la única forma de llamar la atención del Gobierno. En el campamento había un solo celador; nosotros comenzamos a trabajar en las zonas donde siempre lo hemos hecho”, contó Misael.

Esta osadía les duró seis meses, hasta que la Policía los sacó en cumplimiento de un fallo de un juez de segunda instancia de Mompox, que derogó la medida de amparo que les había dado un juzgado de San Martín de Loba. La presión fue de los palmeros. Desde entonces, la situación se agudizó. Esta comunidad libra ahora una lucha contra el poder económico de esta empresa.

El 4 de abril del 2011, cansados de esperar la ayuda estatal, los campesinos de Asocab retornaron a Las Pavas, se instalaron a un lado de la hacienda, donde se encuentran los trabajadores de las empresas de palmas, y levantaron un campamento. A fines de mayo, la Corte Constitucional (mediante la sentencia T-267 del 2011) definió el desalojo como ilegal, ordenó la atención de la comunidad como víctimas de desplazamiento forzado y reabrió los procesos en el Incoder que habían sido archivados el año anterior, también por una decisión ilegal. Advirtió que no podían ser desalojados de la hacienda mientras no se definiera el proceso de extinción de dominio.

Los miembros de Asocab han tenido que contrarrestar, sin fuerzas, las acciones de las empresas palmeras, que, denuncian, van desde ofrecer sobornos a los líderes, hasta falsas acusaciones y estigmatización, y la desatención estatal y las agresiones directas, como daños en los cultivos, amenazas, disparos indiscriminados, quema de los ranchos y limitación de su movilidad en el predio.

A Misael le mataron a machete el caballo en que se movilizaba. Por eso le pusieron seguridad.

La hacienda tiene 2.800 hectáreas y los campesinos de Asocab se organizaron en 9 grupos, que se cuidan entre sí. Producen arroz, fríjol, yuca, plátano y maíz, hasta donde los dejan cultivar. Cada frente produce unas 20 toneladas.

Etni Torres, otro líder de Asocab que anda por el campo con guardaespaldas, dice que han soportado todo tipo de atropellos, físicos y morales, los han tildado de guerrilleros, de terroristas, de invasores.

En el asentamiento, hasta las casas de palma que se levantan para resistir el verano, han sido atacadas con bolas de fuego. Debieron desarmarlas y colocarles zinc para que no se las incendiaran, pero ahora les tiran piedras. Así lo testificó el Incoder en un boletín del 24 de abril de este año, con el que hace un llamado a la Policía, a la alcaldía de El Peñón (Bolívar) y a todas las autoridades para prevenir las amenazas.

“El tractor que nos regaló el municipio para trabajar lo balearon; nos dañaron los implementos. Jamás les hemos respondido de la misma forma”, agrega.

En esta lucha han contado con el respaldo de la Iglesia católica, además del apoyo político y jurídico de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, como Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), Corporación Sembrar, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), Peace Watch Switzerland, Equipos Cristianos de Acción por la Paz (Ecaps), Project Counselling Service (PCS, Red de Comunidades e Iniciativas de Paz desde la Base, Fundación Chasquis, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Swissaid, Christian Aid y Fian.

Hannah Redekop, miembro de Ecaps, organización de observación internacional y acompañamiento de comunidades que son amenazadas de muerte, desde abril visita el corregimiento de Buenos Aires y Las Pavas. Dice que ha sido testigo de los atropellos de los trabajadores de la empresa palmera contra los campesinos de Asocab. “Estaba allí cuando tiraron la bola de fuego, y cuando le dispararon al tractor”, afirma. Ella contó todo en las redes sociales.

Misael ha llevado sus quejas a ciudades como Cali y Medellín, en los eventos de defensoría de los derechos humanos. De allí ha viajado a Suiza, Francia y Alemania, donde habló con una firma que les vende productos a los palmicultores y les contó lo que pasaba. Ha recibido reconocimientos de derechos humanos de la embajada británica.

El Premio Nacional de Paz que recibe Asocab es calificado por sus miembros como un reconocimiento al sacrificio y esfuerzo que les ha tocado vivir.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) denunció que en Las Pavas se estaban realizando plantaciones de palma africana en contra de la ley, lo cual afectó el proceso de extinción de dominio que allí se realiza.

En septiembre pasado, el Instituto identificó otros 10 predios baldíos de la Nación en la hacienda, que tenían 1.338 hectáreas. En total, el Incoder recuperará 2.661 hectáreas de la hacienda. El predio se retomó porque no estaba en explotación agraria y tampoco estaba cumpliendo su función económica y social.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS
Corresponsal de EL TIEMPO

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