Editorial: Evitar otra 'guerra verde'

Editorial: Evitar otra 'guerra verde'

12 de noviembre 2013 , 07:27 p.m.

De la peor forma, el país vuelve a poner sus ojos en la zona esmeraldera de Boyacá. A causa del atentado perpetrado el pasado sábado en Pauna contra el reconocido esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo, conocido como ‘Pedro Orejas’, que cobró la vida de cuatro personas, entre ellas un bebé de 8 meses, muchos temen hoy el regreso de tiempos aciagos, como los de la macabra ‘guerra verde’ de la década de los 60, o los de la disputa entre familias vinculadas al negocio, que en los 80 dejó alrededor de 3.500 víctimas.

Y es que la mortal explosión está lejos de ser un hecho aislado. Para nadie es un secreto que la tranquilidad de la que ha gozado en los últimos 20 años la que fuera una muy conflictiva región está hoy seriamente amenazada. Este intento por ultimar a quien es visto como el sucesor del fallecido zar Víctor Carranza se suma a una larga cadena de hechos, que incluye las dos emboscadas en inmediaciones de Puerto López (Meta) contra la caravana de este controvertido empresario, con morteros y explosivos de gran poder, y a asesinatos como los de la líder cívica Mercedes Chaparro Vargas, ocurrido el año pasado, y Pedro Libardo Ortegón, hombre de confianza de Carranza, acribillado en pleno centro de Bogotá el pasado 25 de julio.

Todas estas acciones, que incluyen más homicidios y la varias veces reportada presencia de grupos de hombres armados en la zona, han estado rodeadas de un inaceptable ambiente de misterio, con visos a veces de negación. Y es que se habla en voz baja de lo que allí ocurre, se tejen todo tipo de versiones, sin que nada se aclare. Los enigmas abundan. No se sabe quiénes están interesados en sembrar la semilla de una nueva confrontación, así como tampoco hay certeza de hasta qué punto son ciertas las denuncias que se escuchan sobre fuertes vínculos de personas dedicadas a la explotación de las gemas con el narcotráfico y los paramilitares. Tampoco hay luces –que deberían venir de los tribunales– sobre las supuestas actividades al margen de la ley del citado ‘Pedro Orejas’, y menos sobre el muy comentado alcance de sus redes, que, se asegura, llegarían hasta altas esferas del poder.

Esta situación la atribuyen en parte varios observadores al éxito del pacto firmado a comienzos de los 90. Por cuenta de la paz alcanzada, el Estado terminó por entregarles amplia autonomía a los involucrados en un negocio que le reporta al país tantas divisas como imagen positiva. Esta actitud derivó con el tiempo en que todo lo relacionado con esta actividad y, lo que es más grave, con los territorios en la que se desarrolla quedó en una suerte de limbo, una indeterminada zona gris, en la que el Estado no ha podido ni regular a las fuerzas vivas, ni tampoco alcanzar un satisfactorio cubrimiento de las necesidades de la población. Muchos comparan la situación de estos municipios con la de la época feudal, por el poder de los dueños de la tierra, pero también por las enormes carencias de los sectores menos favorecidos.

El precio de este clima de concordia ha sido alto. El llamado ahora es para que el Estado se ponga al día con la deuda que tiene con esta parte del país. Debe asumir un papel activo y no el de observador que ve con buenos ojos que poderes de facto decidan no agredirse. El pacto de paz debe mantenerse, por supuesto, pero soportado por una real y efectiva presencia estatal.

De lo contrario, seguirá dependiendo, como hoy, de la buena voluntad de unos pocos y muy cuestionados personajes.

EDITORIAL

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