Fiscalía apunta a 'financistas' de genocidio de la Unión Patriótica

Fiscalía apunta a 'financistas' de genocidio de la Unión Patriótica

Son investigados empresarios de la palma, ganaderos y esmeralderos en cinco regiones del país.

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10 de noviembre 2013 , 10:01 p.m.

Mientras el Estado busca una conciliación con las víctimas para evitar que el caso del genocidio político contra la Unión Patriótica pase de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unidad de Contexto de la Fiscalía prepara decisiones claves contra los cerebros detrás de ese plan criminal.

En casi 30 años, la condena más significativa es la del expresidente de la Cámara César Pérez García, a quien la Corte Suprema de Justicia le impuso 30 años de prisión por la masacre de Segovia. Casi 40 personas murieron en ese pueblo del noreste antioqueño en noviembre de 1988, y la Corte dice que los ‘paras’ que perpetraron el crimen contaron con colaboración de la Fuerza Pública y le estaban haciendo un “favor político” a Pérez García.

En todos estos años, la justicia colombiana ha producido 265 condenas por la mortal persecución contra la UP. La Fiscalía tiene abiertos 709 procesos por la muerte de 1.313 personas y, por primera vez, los casos se están mirando en conjunto y no uno por uno.

La Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía señala que hay pruebas de la existencia de cinco planes criminales –tres regionales y dos nacionales– en los que no solo hubo participación de paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y dirigentes políticos, sino de empresarios que aportaron dinero para los planes criminales.

Eso, señalan altas fuentes de la Fiscalía, habría ocurrido en Urabá, Antioquia, Meta, Magdalena Medio y el Valle. En la Unidad de Contexto hay en este momento 25 investigaciones a políticos que supuestamente se beneficiaron de los crímenes contra la UP y sobre sectores palmeros, ganaderos y esmeralderos que al parecer financiaron a los grupos de sicarios que cometieron los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos.

Uno de los patrones que se han detectado es que cuando la UP hacía alianzas con políticos tradicionales bajaban los ataques, mientras que cuando sus candidatos iban solos, y sobre todo cuando ganaban, como en Segovia, se disparaban los atentados.

“El objetivo es llegar a los dirigentes políticos y a los sectores económicos que estuvieron relacionados con los crímenes, porque hasta ahora las condenas se concentran en los gatilleros”, señaló una fuente de la Fiscalía.

En el expediente de la UP hay registrados más de 6.000 actos violentos: son casi 3.000 homicidios y atentados, 1.600 desplazados por las amenazas y aun algunos casos de violencia sexual.

A comienzos del próximo año, tras varios años de estudio, la Comisión Interamericana debe determinar si lleva el caso ante la Corte. Por ahora, el Estado realiza reuniones como la de la semana pasada, en busca de acuerdos sobre las primeras medidas de reparación. La primera de estas, cumplir la sentencia del Consejo de Estado que ordenó revivir políticamente a la Unión Patriótica.

‘Quieren negar a las víctimas’

Jahel Quiroga, directora de Corporación Reiniciar

¿Cómo va la conciliación con el Estado?

Hace 15 días nos dijeron que tenían problemas con las ‘falsas víctimas’, porque el caso empezó con 1.500 víctimas y va por casi 6.000. El representante del Estado que nos dijo eso ni siquiera ha leído la petición inicial que radicamos el 16 de diciembre de 1993. En ese momento eran 1.163 homicidios, 123 desapariciones forzadas, 43 sobrevivientes de atentado personal y un listado de más de 2.300 amenazados, hoy en día ya muchos asesinados. Es irresponsable decir eso. Fue un irrespeto. Las víctimas existen y los familiares también.

¿Cómo podría concretarse el compromiso de revivir políticamente a la UP?

Creemos que el Estado puede realizar acciones afirmativas o de discriminación positiva. La Unión Patriótica está en desventaja con respecto a los demás partidos. Por ejemplo, que no nos exijan el umbral; que restituyan las curules que perdimos por la violencia. Habría que buscar la forma jurídica, pero con voluntad política el Gobierno puede hacerlo.

REDACCIÓN JUSTICIA

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