Que sea verdad tanta belleza

Que sea verdad tanta belleza

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07 de noviembre 2013 , 08:42 p.m.

En principio no sabe uno qué pensar sobre el fallo del Consejo de Estado que “blinda los cerros de Bogotá”. La lectura del resumen informativo que publica EL TIEMPO (miércoles 6 de septiembre, pp. 1.ª y 11) suscita inquietudes sobre el espíritu del fallo. ¿Es a favor o en contra de los cerros?

Hace suponer que es a favor la siguiente advertencia del alto Tribunal, transcrita en la citada información: “A partir de la sentencia no se podrán conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos de construcciones en la reserva forestal protectora de Bogotá”.

Eso es magnífico; pero la duda aparece cuando el presidente del Consejo de Estado explica, según la información, que “se avaló el realinderamiento de la reserva que hizo el Ministerio de Ambiente en el 2005, al quitar 973 hectáreas de ese bosque natural y reducirlo de 14.166 [que tenía antes del 2005] a 13.143 hectáreas”. Es decir, el Consejo de Estado consolida el despojo perpetrado por el Ministerio del Miedo Ambiente contra “la reserva forestal protectora de Bogotá”. ¿A quién beneficia ese despojo? No a Bogotá, por cierto, sino a constructores y urbanizadores privados. La determinación del Consejo de Estado nos muestra que su fallo para blindar los cerros de Bogotá cojea de una pata.

No queda claro si la otra concesión del Consejo de Estado, en disfavor de los cerros orientales, “las edificaciones que ya están en esa zona de reserva, que han afectado ya casi mil hectáreas, no serán derribadas”, se refiere a las que están en la zona de reserva cuyos límites (“fijados, de punta a punta, entre el boquerón de Chipaque, en el extremo suroriental de la capital, y Chía, en el norte”) comprenden la prohibición de nuevas construcciones, o a la zona de 973 hectáreas que le fue despojada a la reserva en el 2005, avalada por el reciente fallo del Consejo de Estado.

Si lo primero, se entiende la salvedad del fallo prohibitorio, ante un hecho cumplido. Derribar esas construcciones provocaría un colapso económico. Le sirve más a la ciudad que sus propietarios, en compensación, le paguen un impuesto (¿un impuesto módico o un impuesto ejemplar?). Si las construcciones amparadas por el fallo están situadas en las 973 hectáreas que ya no pertenecen a la reserva, no violan ninguna norma cuya infracción amerite su posible demolición, ni que obligue a gravarlas con un impuesto compensatorio.

¿Hay aquí gato encerrado? Imposible afirmarlo. Imposible también no sospecharlo. Sospecho que lo hay porque al avalar el Consejo de Estado un hecho cumplido (que se cumplió ilegalmente), el blindaje de los cerros queda tan débil como el papel en que está escrito el fallo que ordena la defensa jurídica y física “de la reserva forestal de Bogotá”. ¿Los magistrados no conocen nuestra idiosincrasia? No tardarán en surgir, dentro de la reserva, nuevos hechos cumplidos (construcciones ilegales). Dentro de un tiempo, otro Ministerio del Medio Ambiente realinderará los límites de la reserva y le mochará otras mil hectáreas, y vendrá un nuevo fallo del Consejo de Estado, igualmente protector, que avale el nuevo despojo. Y así sucesivamente, hasta que a los cerros orientales de la capital no les quepa un ladrillo más y desaparezca la reserva forestal. Estamos en un país de leyes.

Le hizo falta al fallo del Consejo de Estado algo más fuerte. Una cláusula o norma tajante que disponga que cualquier construcción en la zona de reserva, intentada, y culminada o sin culminar, a partir de lo dispuesto en la sentencia de 2013, será demolida de inmediato y sin contemplaciones, y sus promotores (tanto los que construyen como los que compran), sancionados con fuerte multa, prisión y trabajo social obligatorio. (El alcalde Luis Eduardo Garzón quiso hacer efectiva una norma semejante, y se le vino el mundo encima)

A comienzos del siglo diecinueve, el doctor José Celestino Mutis y don Francisco José de Caldas advirtieron en varias ocasiones que “la destrucción de los cerros de Santafé de Bogotá conlleva inevitablemente la destrucción de Santafé de Bogotá”.

Celebremos por ahora la buena intención del fallo del Consejo de Estado y que con base en ella se adopten disposiciones para convertir esa “reserva forestal protectora” en un gran parque natural, útil para el esparcimiento de los ciudadanos, y eficaz para garantizar el blindaje de nuestros cerros contra la barbarie ecologicida de constructores urbanizadores.

Ojalá pueda ser verdad tanta belleza.

Enrique Santos Molano

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