Las claves de la defensa de Petro en la Procuraduría

Las claves de la defensa de Petro en la Procuraduría

Abogado defendió la tesis de que el Alcalde no improvisó y que el Procurador no lo puede juzgar.

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06 de noviembre 2013 , 06:15 p.m.

En un escrito de 215 páginas, la defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le presentó a la Procuraduría General sus argumentos dentro del proceso que se le sigue por las presuntas irregularidades que rodearon la puesta en marcha del nuevo esquema de aseo, el 18 de diciembre del año pasado, y que le podría costar al mandatario su destitución. (Lea también: ¿Ordóñez destituirá a Gustavo Petro de la Alcaldía?).

El abogado Julio César Ortiz le dijo a la Sala Disciplinaria del Ministerio Público que, en este caso, el Alcalde "no expidió un decreto con desconocimiento o vulneración de las normas constitucionales o legales" ni las normas que emitió pusieron en riesgo la salud ni el medio ambiente de la ciudad.

Así mismo, la defensa de Petro señaló que sus actuaciones para poner en marcha el esquema de aseo no violaron lo dispuesto por la Corte Constitucional, tribunal que ordenó al Distrito incorporar a centenares de recicladores al sistema de aseo.

En el escrito, Ortiz señala que el Procurador no es competente "para restringir, limitar o suspender los derechos políticos de un servidor público de elección popular". Además, fue más allá y señaló que, en ningún caso, la Procuraduría no puede "coadministrar". (Lea también: Petro ya presentó demanda contra el Estado ante justicia internacional).

Agrega que a Petro se le ha violado el debido proceso, puesto que el pliego de cargos no es imparcial y, según el abogado, el proceso da hechos por probados, que a su juicio no lo estaban.

"La propia Procuraduría conoció de antemano que el tema de las basuras iba a enfrentar momentos excepcionales por la decisión del Alcalde de modificar el modelo de gestión en la prestación del servicio y en la decisión de los operadores privados de no entregar al Distrito los equipos necesarios para seguir prestando el servicio sin traumatismos. Pese a conocer esta situación, la Procuraduría accionó un proceso disciplinario que jamás debió iniciarse por tratarse de un asunto de gestión y no de una fuente de falta disciplinaria", se lee en el escrito.

En los argumentos, la defensa de Petro señala que la Procuraduría usa fotos y noticias de medios de comunicación de la época de los hechos, cuando la Alcaldía determinó cambiar el esquema y dar por terminado con los operadores privados. Entre el 18 y varios días siguientes hubo traumatismos en la recolección de basuras, por lo que la administración tuvo que reversar las medidas y volver a contratar con las antiguas firmas privadas.

"La Procuraduría hace una evaluación del impacto basado en suposiciones, sin soportes reales y concretos y sin que analizar y sustentar la existencia del riesgo a la salud ni al medio ambiente, llegando incluso a concluir que los impactos al suelo y al agua son irreversibles sin siquiera contar con un análisis de suelos o de las aguas que muestren la veracidad de esa conclusión", señaló el escrito de defensa.

El abogado Ortiz insistió ante el Ministerio Público que no hubo contaminación por lixiviados, que la situación no dañó el aire y que el Alcalde tenía la competencia para decretar la emergencia e insistió en que los contratos que ejecutó tenían como fin garantizar la prestación del servicio, por lo que, en su criterio, es falso cuando se afirma que la administración improvisó.

Con todo, la Procuraduría está ad portas de definir la situación del Alcalde Bogotá, cuya investigación está a cargo del procurador delegado Juan Carlos Novoa Buendía, quien ha determinado que en este caso ha habido tres presuntas irregularidades en el cambio del modelo de recolección de basuras. (Lea tambien: El abogado que tiene a Petro contra las cuerdas).

Entre ellas, cuestiona que el Distrito le haya entregado la prestación del servicio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (y este a su vez a Aguas de Bogotá), sin que ambas empresas contaran "con la más mínima experiencia y capacidad requeridas”.

También se le cuestiona al mandatario que haya expedido el decreto 564, el 10 de diciembre del año pasado, en el que impedía que otras empresas prestaran el servicio de aseo en la ciudad. La tercera falta que se le endilga tiene que ver con el uso de volquetas ante la falta de compactadores.

REDACCIÓN BOGOTÁ Y ELTIEMPO.COM

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