Historial judicial, tema espinoso en participación política de Farc

Historial judicial, tema espinoso en participación política de Farc

La ley prohíbe que condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad sean elegidos. Hay debate.

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06 de noviembre 2013 , 04:29 p.m.

Con el acuerdo anunciado este miércoles desde La Habana, en el que Gobierno y Farc lograron consenso en el punto dos de la agenda sobre participación política, se fijó que la guerrilla “tendrá circunscripciones especiales de paz transitorias” que les permitirá tener a miembros suyos en la Cámara de Representantes en varias regiones del país una vez se firme el acuerdo sobre el fin del conflicto.

Una de las grandes incógnitas que aún quedan pendientes por resolver en materia política tras el acuerdo entre el Gobierno y las Farc anunciado este miércoles en La Habana es, según confirman fuentes oficiales, el manejo de los antecedentes judiciales de los cabecillas de esa guerrilla que quieran participar en cargos de elección popular. (Lea el comunicado conjunto tras acuerdo en participación política

La razón es simple. Legal y constitucionalmente Colombia tiene prohibido que personas condenadas por distintos delitos puedan participar electoralmente en política, lo que, en las condiciones actuales, les cierra totalmente la puerta del Congreso, de alcaldías, de asambleas, de concejos y hasta de la Presidencia a los altos mandos de las Farc. (Vea aquí las reacciones de distintos sectores y actores políticos sobre el acuerdo del segundo punto en el proceso)

El artículo 122 de la Constitución de 1991 es claro en que la existencia de una sentencia condenatoria en contra de cualquier ciudadano colombiano lo inhabilita para aspirar a los cargos de elección popular.

“No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la omisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”, dice la Constitución. (Lea también: 'No más armas y política juntas': De la Calle)

Esto golpea directamente a la cúpula de la guerrilla, a cuyos integrantes la justicia colombiana ha condenado por delitos como terrorismo, secuestro y narcotráfico. De hecho, estas sentencias y las investigaciones que aún tienen pendientes debieron ser suspendidas por la Fiscalía para permitirles viajar a Cuba para entablar los diálogos con el Gobierno.

EL TIEMPO supo de fuentes cercanas al proceso que este es uno de los pendientes a discutir cuando se aborde en la mesa de diálogo el tema relacionado con la seguridad jurídica de quienes dejen las armas como consecuencia de la firma del fin del conflicto armado. (Vea en imágenes la presentación de los acuerdos en participación política)

Y es que no es un tema de poca monta. La opinión pública rechaza de forma tajante ver a los cabecillos de las Farc participando en las elecciones. Pero es un hecho que la transición hacia la paz necesariamente atraviesa por el reconocimiento político de los miembros de la guerrilla que se desmovilicen.

Una de las preocupaciones que genera este punto en el alto Gobierno es que si se les habilitan los derechos políticos a los guerrilleros condenados, lo cual implica necesariamente una reforma constitucional, les abriría la puerta a tener las mismas condiciones a los paramilitares, a los delincuentes comunes e incluso a controvertidos personajes de la política nacional. (Vea aquí: Las Farc en política: hay luces de cómo, pero no de quiénes)

Esta tesis la confirmó el fiscal General, Eduardo Montealegre, quien aseguró este miércoles desde el Congreso que “mientas no sean condenados por delitos de lesa humanidad, tienen la posibilidad de participar en política”.

Esto se traduce en que varios miembros de la cúpula de las Farc están impedidos para aspirar a cargos de elección popular. No obstante, el denominado marco para la paz plantea la posibilidad de tramitar una ley estatutaria que defina qué delitos son conexos al político, pero con la salvedad de que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no entran en esta categoría. (Lea también: 'Firma de la paz será una realidad': Farc)

Además, según fuentes del Gobierno y varias versiones del propio Congreso, cuando se tramitó ese marco jurídico se estudió la posibilidad de que sean otras personas distintas a la cúpula de la guerrilla, que no tengan condenas, las que participen en elecciones. (Lea diversas opiniones en redes sociales sobre lo acordado en La Habana)

Y los cabecillas, de ser el caso, podrían hacer proselitismo político, lo que no implica que se hagan contar en las runas.

Lo cierto es que este debate genera cierta preocupación en el Gobierno y dio paso a un poco de tensión en la mesa de La Habana, lo cual, como quedó en evidencia, desembocó en que sea abordado en otro ciclo de discusión en el que se discuta la seguridad jurídica de quienes dejen las armas.

REDACCIÓN POLÍTICA

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