Interbolsa: justicia en lo económico, pero no en lo penal

Interbolsa: justicia en lo económico, pero no en lo penal

Un año después de la intervención de la firma se ha logrado poner a salvo casi toda la plata.

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02 de noviembre 2013 , 06:35 p.m.

Ha pasado un año desde que estalló el descalabro de Interbolsa, el mayor escándalo financiero del país, y en lo penal no ha pasado nada. Desde el 26 de mayo, la Fiscalía General ha intentado imputarles cargos a los implicados en el caso, que ya llegan a 22 personas, y a pesar de que ha hecho tres intentos no ha podido. La Fiscalía no lo tiene fácil: se enfrenta a los abogados más experimentados y aguerridos de Colombia: Jaime Lombana (quien ha defendido en varios casos al expresidente Uribe) representa al expresidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo y a su hijo Tomás. Iván Cancino (defensor de personajes como la ‘Gata’ y el gobernador de La Guajira, ‘Kiko’ Gómez) es el abogado de Víctor Maldonado. Y hasta el exfiscal general Mario Iguarán se metió en la pelea asumiendo la defensa de Carlos Arturo Neira, el representante legal de P&P Investment, una firma ligada con Alessandro Corridori.

Quienes sí han podido avanzar terreno son los liquidadores e interventores, que consiguieron rastrear algunos millones de dólares en Curazao, Panamá, Bahamas y Estados Unidos, y embargaron decenas de fincas, casas y apartamentos en todo el país, así como la participación accionaria que uno de los implicados posee en inmuebles como el famoso hotel Santa Clara, en Cartagena, la cadena de restaurantes Archie’s y las sucursales de las tiendas Foto Japón. (Lea también: 'El 93% del dinero de Interbolsa ya fue recuperado': Supersociedades).

Si bien es cierto que la plata no alcanzará para todos, las expectativas de recuperar el dinero son muy superiores a las de hace un año. De hecho, de los más de 9 billones de pesos que administraba la firma, según el Superintendente Financiero, solo 600.000 millones están en riesgo.

El más reciente reporte entregado por los liquidadores da testimonio de la devolución de la totalidad de los recursos de los clientes de la comisionista Interbolsa. Además, los 1.026 clientes del fondo Premium a quienes les adeudan alrededor de 164 millones de dólares tienen asegurado al menos un 75 por ciento de sus recursos.

En cuanto a la matriz Interbolsa, el tercer brazo que se investiga, las autoridades han sido más reservadas, pues es donde está la mayor cantidad de dinero en riesgo. De los 240.000 millones de pesos que figuran en los registros, hay alrededor de 163.000 millones de pesos en acciones y pagarés; sin embargo, de estos realmente se pueden recuperar unos 70.000 millones, que están en acciones de Easy Fly, Coltejer, bonos de Metrolínea y acciones de la Bolsa, entre otros. El dinero solo alcanzaría para cubrir parte de lo que se les adeuda a quienes invirtieron en el fondo de Luxemburgo, que reclaman alrededor de 90.000 millones de pesos.

Lo cierto es que la operación de recuperación de los recursos ha sido difícil. Como lo reconocen en la misma Superintendencia de Sociedades, el entramado realizado por las cabezas de InterBolsa fue tan finamente calculado, para que no pudiera ser tipificado ningún delito, que las autoridades han tenido que ir siguiendo sus hilos en muchos países donde se encuentran con una fuerte barrera: allí no tienen jurisdicción.

El impacto en el mercado bursátil

Desde el primero de noviembre del 2012, cuando los directivos de Interbolsa anunciaron tener problemas de liquidez, hubo un efecto significativo sobre las ganancias de un grupo de 18 acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Así lo concluyeron los investigadores del Banco de la República José Gómez González y Luis Fernando Melo. “El gran perdedor fue el mercado de valores, pues se defraudó la confianza del público y eso se reflejó en todos los demás actores del mercado”, recuerda Rafael Aparicio, presidente del consejo directivo de la Bolsa, quien admite que aún el mercado no se termina de recuperar.

Superfinanciera y la Bolsa de Valores fortalecen regulación

Desde mayo de este año, la Superintendencia Financiera ha emitido cuatro circulares para fortalecer las operaciones en el mercado bursátil. De estas, dos están directamente relacionadas con evitar que se repita una situación como la que ocurrió en noviembre del 2012 con Interbolsa.

Una de las primeras tiene que ver con el fortalecimiento en los requerimientos de información que las entidades del mercado de valores tienen que entregarle a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para efecto de las operaciones inusuales o sospechosas.

La segunda se relaciona con prevenir el sobreendeudamiento, la causa principal de la catástrofe financiera del año pasado.

La Bolsa de Valores de Colombia también emitió un par de órdenes con respecto a las operaciones con ‘repos’ (préstamos donde se dejan acciones como garantía). La primera indica que una empresa solo puede convertir en ‘repos’ el 25 por ciento de las acciones en circulación, la segunda tiene que ver con las comisionistas. Si una firma vale 100 pesos, solo podrá negociar por un valor igual.

Hay 22 personas en la mira de las autoridades

Los cerebros del descalabro financiero de Interbolsa tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de títulos en la bolsa, operaciones no autorizadas, estafa y abuso de confianza.

Según la Superintendencia de Sociedades, algunos de los involucrados en este caso que manifestaron querer colaborar con las autoridades para ayudar a recuperar la plata son Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado y Alessandro Corridori. (Conozca las caras del caso Interbolsa).

Dentro de la Superintendencia Financiera, entidad que aseguró que antes de finalizar el año emitirá sanciones, se llevan 33 procesos; el Autorregulador del Mercado de Valores, por su parte, adelanta 28 investigaciones.

Estos son los nombres de los otros implicados: Álvaro Tirado Quintero, expresidente de la entidad; seis contra miembros de junta directiva: Alfredo Ramos Bermúdez, Jorge Arabia Wartenberg, Luis Fernando Restrepo Jaramillo, Jorge Mauricio Infante Niño, José Rafael Saravia y Álvaro Andrés Cámaro. Además, Rodrigo Jaramillo, miembro del Comité de Riesgos, y el excontralor normativo Leonardo Uribe.

Caso Fabricato

Tras la quiebra de Interbolsa, la firma Alianza Fiduciaria se convirtió en dueña involuntaria de Fabricato. Alianza, que había prestado unos 90.000 millones de pesos y que le habían dado como garantía las acciones de la textilera, al final no recibió su plata, sino las los títulos de Fabricato. Sin buscarlo, se quedó con el 18 por ciento de las acciones y el control de la compañía.

ÁLVARO LESMES
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