Jueza suspendida ordenó libertad de un preso en la Picota

Jueza suspendida ordenó libertad de un preso en la Picota

María Andrea Navarro González concedíó prisión domiciliaria a Edwin Leonardo Rodríguez León.

31 de octubre 2013 , 07:07 p.m.

María Andrea Navarro González, fue, hasta el 16 de agosto de este año, juez promiscuo municipal de Puerto Libertador (Córdoba). Ese día el Consejo Seccional de la Judicatura, en ese departamento, la suspendió tras iniciarse una investigación disciplinaria en su contra.

Sin embargo, el 23 del mismo mes, ya como exjuez ordenó la libertad condicional de un preso recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A través del fallo de una tutela, al parecer falsificada, Navarro ordenó a la dirección del Inpec conceder “la sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria al señor Edwin Leonardo Rodríguez León”.

La supuesta irregularidad fue descubierta por la actual juez de ese despacho, Marcela Kerguelén García, quien asegura que la tutela, mediante la cual se ordenó la libertad del recluso, corresponde a un fallo de una demanda interpuesta por una ciudadana en contra de Colpensiones.

Kerguelén, quien reemplazo un día después de la sanción a la juez Navarro, recibió en su despacho un oficio de la oficina jurídica del Inpec, en el que le notificaban del cumplimiento de la orden de libertad de Edwin Leonardo Rodríguez León.

Dicho documento alertó a la juez que desconocía de esa decisión ocurrida en una fecha en la cual, ella ya era la responsable del despacho judicial.

Tras verificar la documentación y los folios encontró que la decisión fue ordenada por su antecesora, quien ya no tenía poder para impartir justicia.

De inmediato, notificó al Inpec y al Consejo Seccional de la Judicatura de lo ocurrido, con el fin de iniciar las investigaciones pertinentes.

Una juez cuestionada

Sobre la juez María Andrea Navarro González pesan varias acusaciones sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo. Tan solo en el Consejo Seccional de la Judicatura cursan cerca de 30 investigaciones disciplinarias, por polémicas decisiones en procesos. Una de ellas se inició luego de que el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, pusiera una queja pública sobre la decisión de la juez de dejar en libertad a varias personas capturadas acusadas de pertenecer a bandas criminales.

En su momento, el gobernador Lyons dijo que los procesos que llegaban al despacho de la juez y que guardaban relación con las Bacrim terminaban engavetados y los capturados en libertad, pese a las pruebas aportadas por la Policía y la Fiscalía.

 

En la Fiscalía también cursan varios procesos en su contra. Uno de ellos tiene que ver con la pérdida de unos títulos valores por un monto superior a los 70 millones de pesos. Según la denuncia interpuesta por los abogados afectados, la juez ordenó el embargo de unas cuentas del Camu Divino Niño de Puerto Libertador y posteriormente ordenó el desembargo. Luego embargó y cobraron los títulos valores.

 

Una mujer, que aparece cobrando, asegura que fue engañada por la juez, quien le pediría el favor de realizar la transacción argumentando que se le había perdido la cédula.
La juez también está salpicada en un escándalo de corrupción en la EPS Emdisalud, ya que hace menos de un año 'resucitó' a esa entidad promotora de salud, la cual había entrado en un proceso de intervención y liquidación a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.


Lo particular de este caso de Emdisalud es que los dueños presentaron cuatro acciones en diferentes lugares (dos en Montería y dos en Cartagena), todas falladas en su contra y una última, la quinta, notificada y firmada por la jueza María Andrea Navarro del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador, que les dio la razón para salir de la liquidación.


Más tutelas


La misma juez fue la que en su momento puso en vilo el concurso para escoger gerente del Camu de Puerto Libertador, ya que a través de una acción de tutela reconoció como ganador a uno de los participantes que no había obtenido el puntaje mínimo para estar en la terna, pese a que fue quien más puntos obtuvo.


Sin embargo, este fallo controvertido fue revocado en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, que obligó a sacar a quien se había nombrado de gerente y a realizar un nuevo concurso para escoger.


De la juez las autoridades desconocen su paradero, aunque la notificación de los procesos en su contra se realiza en un domicilio en Montería. Entretanto, la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de suspenderla temporalmente del cargo se realizó a través de la Personería de Puerto Libertador.

Puerto Libertador (Córdoba).

 

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