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Conflictivo proyecto de salud

Conflictivo proyecto de salud

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El proyecto de ley, reformatoria de la estructura que se hizo añicos y se prestó a desviaciones torticeras de enormes recursos, había tropezado con la sorda resistencia del Congreso, atribuida en principio a protesta sutil por la supresión de una prima complementaria de los sueldos, en virtud de sentencia del Consejo de Estado. Ningún reparo se formulaba al texto, presumiblemente concertado con las autoridades académicas e instituciones públicas del ramo de la salud.

Tal conjetura se afianzó cuando el Gobierno restableció por decreto la mencionada prima y de inmediato se agilizó el trámite legislativo de la iniciativa, sin reparos a su contenido. Pareció llave mágica para destrabar el mecanismo. Aprobado el proyecto en el Senado e iniciado el tránsito a la Cámara de Representantes, voces de protesta se amotinaron contra su contenido y desapareció el hechizo del supuesto consenso.

Por encima de sus avales se empezó a pasar, declarándolos inexistentes o insuficientes. Entre estos, la reconocida competencia del joven y prestigioso ministro del ramo, enrostrándoles la situación dramática de los hospitales públicos, víctimas de las defraudaciones de las EPS, de las cuales se afirma que se les preserva de una u otra manera.

No se olvida que fueron instrumentos para las desviaciones torticeras de enormes recursos, sin nexo ninguno con el objeto principal y único de las inversiones en salud. Las actividades lucrativas, así financiadas, restaron medios para atender innumerables enfermedades y crearon gravísima crisis a los hospitales públicos. Protagonistas principales han sido estos de las manifestaciones en plaza pública, por su situación y también por el proyecto de ley que, en su concepto, no ofrece soluciones efectivas.

Igualmente, los profesionales de la medicina, proclamando su descontento con fórmulas que, en su entender, nada resuelven. Asimismo, su inconformidad con que hospitales y clínicas vayan a graduar especialistas para corregir su supuesta escasez. Viendo crecer su ola crítica, va a ser indispensable una nueva ronda de consultas para precisar yerros manifiestos y ver de enmendarlos.

Aunque no faltan quienes sostengan que lo más aconsejable es olvidarse del proyecto en marcha y configurar una nueva estructura, sin vestigios de vicios ruinosos. No se olvida fácilmente la lesión enorme que le causaron al país los anteriores dispositivos, con cuya acción o con cuya complicidad se perpetraron, además, monstruosos fraudes mediante la manipulación y la especulación con los precios de los medicamentos. Hasta ayer, en Colombia, entre los más caros del planeta.

De este tema nos habíamos desentendido porque participábamos de la opinión de quienes suponían resueltos sus puntos neurálgicos con el proyecto de ley, otra vez en agria discusión. Sin embargo, peor habría sido el desencanto si no se descubren sus flaquezas a tiempo y empiezan los hospitales públicos a cerrarse y los enfermos pobres a padecer sin remedio ni esperanza.

Cuandoquiera se legisla sobre estas materias, conviene recordar el establecimiento, por la Constitución Política de Colombia, de la Seguridad Social como servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado. A todos los habitantes se les garantiza este derecho irrenunciable, el cual podrá ser prestado por entidades públicas y privadas, sin que sea permisible destinar ni utilizar sus recursos para fines distintos. Norma esta última de imperativo cumplimiento, a veces olvidada o violada, sin advertir la gravedad del hecho.

Obviamente, el aspecto del financiamiento es fundamental y debe contemplarse escrupulosamente para encuadrarlo en el grueso del presupuesto público.

Abdón Espinosa Valderrama

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