Procuraduría aplaza audiencia de Gobernador de La Guajira

Procuraduría aplaza audiencia de Gobernador de La Guajira

Será el 29 de noviembre a las 9 a.m., debido a su solicitud de tener un abogado disciplinario.

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30 de octubre 2013 , 10:17 a.m.

La Procuraduría General de la Nación aceptó la solicitud de aplazamiento de la audiencia contra el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gomez, para el próximo 29 de noviembre a las 9 de la mañana, debido a su solicitud de tener un abogado disciplinario para el caso.

La Procurduría aceptó la petición atendiendo el debido derecho a la defensa "siendo garantista y para que haya un proceso justo".

El Ministerio Público que se limitó a hacer la instalación de la audiencia, aclaró que el auto de citación a la audiencia es 4 octubre de 2013 y el Gobernador fue notificado personal el 7 de octubre.

"Hace tres días pedí un aplazamiento por la situación que estoy pasando estoy claro en que el 10 se me entregaron los documentos pero a los dos días tuve el infortunio de la captura", dijo Gómez. A Gómez la Procurduría le pide explicaciones por supuestas irregularidades en la contratación de su departamento.

El cuestionado gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, tendrá que explicarle a la Procuraduría por qué suscribió cuatro contratos, sin que, al parecer, se cumplieran los requisitos para la adjudicación. El Ministerio Público formuló cinco cargos a Gómez que se suman a otros señalamientos en su contra, como los supuestos vínculos con las bacrim y una investigación por homicidio que está en manos de la Fiscalía.

La Procuraduría considera que Gómez Cerchar habría incurrido en irregularidades al permitir la adjudicación de la licitación pública para la construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial de La Guajira, por un valor de 49.000 millones de pesos, con la Unión Temporal Vías de Colombia.

Para la Procuraduría, “es absolutamente claro que la propuesta presentada por la Unión Temporal Vías de Colombia no cumplió con la exigencia del pliego de condiciones y, por tanto, debió considerársele no hábil, lo que consecuencialmente implicaba no adjudicarle dicho proceso licitatorio”.

De acuerdo con la información recopilada por el Ministerio Público, si bien es cierto que el Gobernador posiblemente no elaboró el pliego de condiciones, era a quien le correspondía asumir la responsabilidad de los contratos.

En el segundo cargo, la Procuraduría dice que el mandatario permitió que se adelantara la licitación pública y faltó al principio de planeación. “Debió ser rigurosa la planeación de esta contratación por parte del Gobernador”, añade.

El tercer cargo se formuló al gobernador por el contrato de seguridad para las instituciones del departamento por 970 millones de pesos.

Para el Ministerio Público, con este contrato se habría privilegiado y favorecido injustamente a la firma Covisegua Ltda., que fue la única que se presentó al proceso licitatorio y a quien la administración departamental le adjudicó el mismo.

Haber previsto en los pliegos de condiciones de la citada licitación el otorgamiento de 300 puntos a quien acreditara tener domicilio principal o sucursal en Riohacha, y 150 puntos a quien demostrara que tenía agencia en esa misma ciudad, resulta, según la Procuraduría, violatorio de este principio, con lo cual se limitó también la participación de oferentes.

El cuarto cargo es por haber ordenado la apertura de la licitación pública para realizar la construcción de pavimento en concreto rígido en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca.

En este caso, entre los pliegos de condiciones se exigía la visita obligatoria al sitio de la obra, indicando además que la no asistencia era causal de rechazo de la propuesta, lo que según el Ministerio Público pudo limitar la participación de eventuales proponentes.

El quinto cargo es que el gobernador Gómez Cerchar hizo contrato directo de prestación de servicios con la empresa Soluciones & Limitada, por 348 millones de pesos, cuando, de acuerdo con la Procuraduría, debió hacerse con la modalidad de selección de concurso de méritos. Al no hacerlo estaría vulnerando el principio de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, lo que el Ministerio Público considera una falta gravísima.

El próximo 30 de octubre, el Gobernador tendrá que asistir con su abogado para dar explicaciones a la Procuraduría sobre sus actuaciones en estos contratos; y de ser encontrado culpable en el proceso disciplinario podría ser sancionado o hasta destituido de su cargo.

REDACCIÓN JUSTICIA

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