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Incertidumbre detiene proyectos en la Altillanura

Incertidumbre detiene proyectos en la Altillanura

Se han cancelado millonarios proyectos agroindustriales en la región del oriente colombiano.

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Negocios de Valorem y el Grupo Aliar que se iban a hacer en la Altillanura se están cancelando y también hay incertidumbre por emprendimientos de Cargill y Mónica, ante los líos por adquisición y tenencia de tierras en esa zona del país.

Valorem, matriz del grupo Santo Domingo, tiene en la altillanura invertidos no menos de 300 millones de dólares en tres proyectos: cultivos, transporte fluvial y maquinaria agrícola.

Por ahora no se sabe qué pasará con estos, ubicados entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía y La Primavera (Vichada), pero de lo que puedan deshacerse se haría de forma inmediata, se supo.

El primero de estos proyectos comprendía la siembra de al menos 65.000 hectáreas de soya, en rotación con maíz; solo con este proyecto, liderado por su subsidiaria Sugranel, podría suplirse la necesidad de grano y torta de esta leguminosa que hoy importa Colombia.

En el sector fluvial, con el fin de desarrollar el transporte por el río Meta, se constituyó la empresa Naviagro para la movilización de granos y mercancías por esa arteria fluvial; todo, con maquinaria (como dos barcazas) de alta tecnología.

Igualmente se estaban construyendo dos embarcaderos en los sitios El Burrito (La Primavera) y Remolinos (Puerto Gaitán).

El tercer proyecto, derivado del primero por la necesidad de disponer de tractores, combinadas e implementos agrícolas, demandó la necesidad de crear la empresa Tractocol.

Esta ya había cerrado negocios para la compra y distribución en Colombia con la compañía multinacional CaseIH, fabricante de este tipo de maquinaria.

Todo lo anterior, que demandaba mano de obra, productos y servicios en sus áreas de influencia, está detenido, pues la holding considera que es muy alta la incertidumbre para seguir adelante con los proyectos. Carreteras, silos, canales y pistas de aterrizaje, entre otra infraestructura, también se construyeron.

Otro freno a las inversiones lo puso Jaime Liévano, cabeza visible del grupo empresarial Aliar, quien descartó la posibilidad de completar su proyecto La Fazenda con la construcción de una planta de sacrificio para porcinos. “Aplazamos esa inversión; no se hará por ahora”, dijo a EL TIEMPO.

Por otra parte, son fragmentarias las informaciones sobre Black River Asset Management LLC, subsidiaria de la estadounidense Cargill, que estaría en el mismo proceso.

Pese a la insistencia de EL TIEMPO, el empresario brasileño Sergio Marchett no se refirió a la decisión que impuso la Superintendencia de Sociedades, para que su empresa Mónica Colombia restituya más de 2.076 millones de pesos al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

El proyecto de Mónica contempla una explotación agrícola de 12.000 hectáreas de cereales en rotación (maíz-soya); hace menos de un año terminó de construir un silo para el secado y almacenamiento de granos.

El silencio también fue la respuesta de Riopaila-Castilla al indagarse por el futuro del proyecto Veracruz, como se conocen los negocios de agricultura y ganadería del ingenio. En la primera actividad tiene 34.090 hectáreas para cultivos de soya, palma aceitera y caña azucarera.

En el negocio pecuario (ganadería semiestabulada) se demandaron inversiones por 5.707 millones de pesos.

‘Hay desánimo’: Fundallanura

El director de la Fundación para el Desarrollo Agroindustrial de la Altillanura (Fundallanura), Napoleón Viveros, que representa los intereses de los empresarios de esa zona, destacó que mientras el país no cuente con una política agrícola clara, nadie va a invertir.

“Hoy, esos proyectos están frenados, pues aún no se tiene claridad de qué va a pasar; la gente desconoce qué les podrá esperar en el inmediato futuro”, dijo Viveros.

El dirigente gremial destacó que todas las operaciones para la adquisición de tierras por los afiliados se hicieron dentro de la legalidad. “Podemos demostrar ante la ley las operaciones legales y transparentes que hicieron los asociados”, aseguró.

Por último agregó que esta incertidumbre llevará a que el país siga dependiendo de las importaciones y del vaivén de los precios internacionales de los alimentos.

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

 

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