Editorial: Morir en una alcantarilla

Editorial: Morir en una alcantarilla

22 de octubre 2013 , 07:42 p.m.

Como si fueran pocos los muertos que ya pone el país como resultado de la intolerancia y la violencia callejera, además de los decesos que genera la alta accidentalidad en sus calles y carreteras, la sociedad asiste ahora a la muerte de una niña de 2 años en un accidente inconcebible en cualquier otro lugar del mundo: cayó por el ducto de una alcantarilla pública, en pleno centro de Bogotá, mientras jugaba con las palomas al lado de su familia.

La alcantarilla, huelga decirlo, no tenía tapa. Había sido hurtada días atrás por un sujeto que la revendió horas más tarde en una bodega de reciclaje y por la que seguramente recibió unos pocos pesos. O quizás la tapa está hoy en alguna otra alcantarilla de cualquier municipio del país, a donde fue a parar por obra de una muy bien montada mafia que se ha formado alrededor de este delito.

El hecho resulta inadmisible desde todo punto de vista. No solo porque se trata de una corta vida que se pierde, sino por la forma absurda en que se presentó la tragedia y porque obedeció a una vieja práctica decenas de veces denunciada en los medios, sin que hasta el momento haya pasado nada.

Según la Policía, diariamente son hurtadas 198 tapas y 250 rejillas de desagüe en el país. En Bogotá han sido robadas 1.400 este año, 135 en Ibagué y 162 en Pereira, y los cacos se llevan entre 25 y 30 cada día en Cali y unas 50 en Bucaramanga y sus alrededores. Es un fenómeno nacional. Por lo tanto, hablamos aquí de unas mafias de idénticas características.

La tragedia de la pequeña Michel Dayana ha hecho que las autoridades y la ciudadanía vuelvan la mirada hacia las consecuencias que acarrea la práctica vandálica de robar tapas de alcantarilla y rejillas, que diariamente deja heridos y secuelas de por vida.

A todo esto se suma la ya larga lista de atentados que se cometen contra el patrimonio público. Los amigos de lo ajeno no tienen problema en cargar con señales de tránsito, luminarias, cables de cobre, medidores de agua y accesorios de gas. En fin, todo un botín, que les cuesta miles de millones de pesos a las empresas públicas, es decir, a todos los ciudadanos, e, incluso, cobra la propia vida, como ocurrió con Michel Dayana.

Ciertamente resulta difícil evitar el hurto de un elemento tan vulnerable como la tapa de una alcantarilla. Nadie puede pretender que, en el caso de Bogotá, exista capacidad para vigilar cerca de 200.000. Por ende, se entiende que las autoridades se sientan maniatadas.

Pero lo anterior no significa que deban cruzarse de brazos. Hay que revivir alternativas de seguridad que se han planteado en las últimas décadas, como sistemas que permitan asegurarlas de una mejor manera o instalarles dispositivos tecnológicos que faciliten su ubicación, o insistir en que se fabriquen de materiales menos apetecidos por los ladrones.

Es hora de dar una batalla frontal contra los reducidores, con los que, según lo denunciado por este diario, podrían estar implicadas las propias administraciones. No de otra forma se entiende que en una capital como Neiva alguna vez se denunciara la compra de 600 tapas con el logotipo de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Lo que no tiene presentación es que muchos sepan quiénes roban, dónde se venden y quiénes compran estos elementos y no se actúe con todo el peso de la ley.

Aplicarla es lo mínimo que se debe hacer en un acto de justicia con la pequeña que vio cómo se extinguía su vida en el fondo de una alcantarilla.

EDITORIAL

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