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La atención postaborto en Colombia

Florence Thomas
La tasa de embarazos no deseados y los abortos inducidos en Colombia son temas aún sensibles para la opinión pública y hoy más pertinentes que nunca en las discusiones que sobre salud pública se están generando en el país. El Instituto Guttmacher nos sorprende con los resultados de importantes trabajos de investigación realizados entre el 2010 y el 2013 en relación con los costos de la atención postaborto y del aborto legal en Colombia.
Primero, habría que especificar que desde 1989 la tasa de aborto en este país se ha mantenido relativamente constante; es decir, entre 36 y 39 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, aun cuando esta tasa varía mucho según las regiones.
En el 2008, el 56% del total de embarazos en Colombia fueron no deseados o no planeados. De estos, más de la mitad acaban en aborto. En cuanto a los abortos legales –para las tres excepciones despenalizadas desde el 2006 por la sentencia 355 de la Corte Constitucional– representan menos del 1% de los abortos que se realizan en el país.
Además, las mujeres que tienen derecho a un aborto legal y que deberían recibir las mejores condiciones de atención y seguridad enfrentan continuamente barreras de acceso innecesarias que se traducen en dilaciones injustificadas y, lógicamente, en aumentos de semanas de gestación. Es así como muchas de ellas terminan por recurrir a procedimientos clandestinos que significan atenciones postabortos más complejas y se traducen en altos costos de atención para el sistema de salud. A esto tenemos que añadir que el 33% del total de mujeres colombianas que recurren a abortos clandestinos sufren complicaciones, cifra que sube al 53% en las mujeres pobres del campo.
Se estima que en el 2012 aproximadamente 102.000 mujeres fueron tratadas por complicaciones de aborto en instituciones médicas, lo que le cuesta a nuestro sistema de salud aproximadamente 14 millones de dólares al año solo en costos directos. La mitad del total de abortos en Colombia se hace hoy día mediante el uso del misoprostol. Sin embargo, y pese a la alta eficacia y seguridad del medicamento cuando se usa correctamente, el inadecuado conocimiento sobre cómo y cuándo usarlo, tanto en las mujeres como en los proveedores, da lugar a una alta tasa de complicaciones. Y lo que debemos saber es que la mayoría de las complicaciones y atenciones postaborto se atienden con la técnica de dilatación y curetaje, lo que implica una anestesia general y días de hospitalización, entre otros costos hospitalarios, pese a que la técnica recomendada por la OMS es la aspiración manual endouterina, más segura, menos invasiva y menos costosa.
Las conclusiones saltan a la vista: en primer lugar está la necesidad imperiosa de mejorar la implementación de la sentencia C-355 del 2006 y de asegurar que se respeten las directrices para la prestación de servicios de interrupción del embarazo, que se eliminen las barreras para los servicios legales y que se mejore la difusión de información sobre criterios jurídicos entre mujeres, jueces y personal médico.
En segundo lugar, es necesario mejorar la cobertura y calidad de la atención postaborto, así como alentar el uso generalizado de la aspiración manual endouterina que reducirá significativamente los costos hospitalarios. Y finalmente, me parece urgente volver a pensar en campañas modernas y sin tabúes de una educación sexual centrada en derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción y anticoncepción de emergencia, sin olvidar la responsabilidad que tienen las facultades de medicina en formar médicos y médicas con miradas ilustradas sobre el tema.
Florence Thomas
Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad
Florence Thomas
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