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Tras renuncia, liquidadora del San Juan denuncia persecución política

Tras renuncia, liquidadora del San Juan denuncia persecución política

Anna Karenina Gauna dimitió luego de cumplirse orden de suspensión dada por la Contraloría.

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Este martes, Anna Karenina Gauna, liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, dueña de los hospitales de igual nombre y del Instituto Materno Infantil (IMI), presentó su renuncia irrevocable y dijo que estará en el cargo hasta el 31 de octubre. (Lea también: Piden suspensión de la liquidadora del San Juan de Dios)

Su retiro lo anuncia luego de que el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, cumplió la orden dada por la Contraloría General de suspenderla como liquidadora, por haber establecido un presunto 'completo caos' en ese proceso liquidatorio.

Según el organismo de control, la funcionaria, siete años después de asumir la liquidación de la Fundación, no presenta un balance contable consistente, no tiene claro qué tiene ni qué debe y las sedes donde funciona el complejo hospitalario del San Juan están deterioradas y con ocupantes ilegales.

Gauna le dijo a EL TIEMPO.COM que detrás de estas acciones lo que hay "es una persecución política".

De hecho, en un aviso de prensa, Gauna señaló que presentó su renuncia irrevocable "producto de la de apoyo y la persecución política que ha sido objeto, y no porque haya hecho nada ilegal".

Dijo que detrás de esa persecución están "algunas entidades interesadas en el complejo hospitalario que a través de vías de hecho se han tomado a la fuerza parte de las instalaciones y (...) han perseguido a la liquidadora por proteger los bienes en proceso de liquidación".

Gauna se refiere, y así lo deja ver en el aviso, a que hay un interés de la actual administración de Bogotá por adquirir el complejo hospitalario y que uno de los predios (donde funciona el puesto de salud dentro del hospital San Juan de Dios) "fue tomado a la fuerza" por la Secretaría de Salud, hecho por el cual inició acciones penales.

Gauna añadió que la Contraloría, casualmente cuando se encuentra en la fase final del proceso de liquidación de la Fundación y abrió la convocatoria pública para la venta del San Juan y el Materno, ordenó su suspensión "por ser presuntamente responsable del deterioro de los activos de la entidad, cuando ninguna de las autoridades legalmente obligadas (..) ha hecho lo que le corresponde, ni el organismo de control las obligó a cumplir con el deber del mantenimiento y conservación".

Dijo también que desde el 2001, cinco años antes de iniciarse el proceso de liquidación, se produjo la toma de las instalaciones del San Juan y que es a la Alcaldía a la que le corresponde hacer el desalojo de los ocupantes en el inmueble.

Sin embargo, agregó que ella también ha solicitado que se inicie el trámite de desalojo, sin hallar apoyo de alguna de las autoridades para tal efecto.

Así mismo, que los recursos para la remodelación y protección de los bienes que fueron declarados de interés cultural corresponden a los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, Alcalde Mayor y Gobernador de Cundinamarca.

Por el contrario –dijo- la liquidadora es la que ha venido haciendo mantenimiento y reparaciones necesarias. Agregó que lo que se ha venido haciendo es una defensa de los activos "frente a acciones realizadas por la misma Beneficencia de Cundinamarca, tendientes a obtener los activos sin asumir a cambio los pasivos, lo cual, por obvias razones, configuraría un fraude a los acreedores".

De igual forma, culpó a la Beneficencia de "torpedear" cualquier proceso de enajenación de esos bienes.

Indicó que interpuso una acción de tutela porque considera que con la decisión tomada por la Contraloría "se pone en grave peligro los derechos de los acreedores y se afectan los derechos fundamentales de la misma".

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, informó que nombró como liquidador encargado a Pablo Leal, quien trabajaba en la oficina Jurídica de la Gobernación.

Agregó que el proceso de venta del San Juan de Dios y el Materno continúa, de acuerdo con lo iniciado por la liquidadora saliente.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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