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Las Farc están en 'el momento histórico de todo o nada': Fiscal

Las Farc están en 'el momento histórico de todo o nada': Fiscal

Eduardo Montealegre se opone a la interrupción de las negociaciones en Cuba.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
19 de octubre 2013 , 08:27 p. m.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, se opone radicalmente a la suspensión de los diálogos de paz en Cuba por las elecciones que se avecinan y advierte que una interrupción prolongada colocará el proceso en un “limbo de muerte”. Según el alto funcionario, “al contrario, en elecciones en medio del proceso, los colombianos tendrán que decidir si prefieren “la paz o cien años más, no de soledad, sino de guerra”.

Montealegre hace en este reportaje una radiografía jurídica de las circunstancias actuales del proceso de paz y declara sin vacilación que unas “condiciones tan favorables para firmar la paz no serán repetibles”. Las Farc –dice– están hoy ante el “todo o nada”.

El Fiscal afirma que si el proceso culmina con éxito, los militares acusados también tendrán que ser beneficiados por una justicia transicional.

“No estoy de acuerdo con la opción de suspender los diálogos en La Habana –afirma–. No es preocupante que los diálogos de paz se crucen con la agenda electoral. Al contrario, es saludable para una democracia que los términos y condiciones de un proceso de paz puedan ser discutidos en el proceso electoral y que los diversos candidatos fijen sus posiciones. De hecho, creo que las votaciones para Cámara y Senado y para Presidente van a servir también como indicativo de cuál es la real postura de los colombianos frente al proceso de paz”.

¿Tiene temores sobre lo que podría pasar si el proceso se suspende o se rompe?

Sí, porque la suspensión implicaría grave peligro para su continuidad. Son muy altos los riesgos de que una suspensión termine en una ruptura total, y las consecuencias pueden ser nefastas para el país. Suspender ahora las negociaciones sería dar un paso adelante y dos pasos atrás, como dijo en otro momento un gran revolucionario ruso de orientación bolchevique.

Pero hay evidente decepción porque no se avanza, ¿no le parece?

Se han visto avances históricos en el tema de tierras y en participación en política. Con algo de razón se señala que la agenda avanza lentamente. Pero aun así, los resultados son significativos. Si se decide suspender, esa interrupción durará casi nueve meses, y en ese lapso seguramente el impulso se perderá. Creo que pararse de la mesa ahora trunca el proceso y lo deja en un limbo de muerte.

¿No le parece que el proceso ha perdido un poco de credibilidad ante la opinión?

Faltan aún muestras importantes de la voluntad de paz de las Farc.

¿Usted cree en esa voluntad de paz de las Farc?

Creo en la voluntad sincera de las Farc de llegar a un acuerdo y creo que, a pesar de las dificultades, hemos avanzado como en ningún otro proceso de paz. Creo que existe voluntad de una solución negociada al conflicto por parte de ellos, pero también que tienen que mandar muestras inequívocas a la opinión de esa voluntad. Las Farc a veces afectan al proceso, y el ejemplo más claro es infiltrarse en las marchas legítimas de protestas. Deberían entender que con estas acciones restan esperanza al proceso y afectan la protesta social legítima. Me parece que esos mensajes ambivalentes que mandan son muy perjudiciales. Por eso, un silencio de nueve meses tendría un impacto muy negativo en la opinión pública.

Si las conversaciones de paz se interrumpen por el proceso electoral, ¿qué va a pasar con las órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía?

Ese es otro talón de Aquiles de una eventual suspensión. Si es indefinida o por un tiempo largo, la consecuencia será que deben reactivarse las órdenes de captura, y tendrían que regresar los negociadores a Colombia y lamentablemente reincorporarse a la lucha armada. Por el contrario, si es una suspensión temporal razonable, de corto tiempo, no sería necesario reactivar las órdenes de captura y podrían continuar en Cuba a pesar de la pausa en las negociaciones. La última palabra la tendrá el Presidente de la República.

¿Usted ve el proceso sólido en materia jurídica?

Hay una coyuntura de orden jurídico interno que propicia la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Como nunca antes, este proceso de paz está rodeado por el apoyo de toda la justicia nacional, y además cuenta con un gran apoyo internacional. Es muy diciente y significativo que la Corte Constitucional haya dado un aval muy importante al marco jurídico para la paz. También la Sala Penal de la Corte Suprema ha expresado su apoyo, lo mismo que el Consejo de Estado y el Fiscal General. Salvo la excepción solitaria del señor Procurador General, este proceso es apoyado por la justicia, tanto nacional como internacional.

Por eso, esta es una oportunidad histórica que difícilmente se va a repetir. Si las Farc no aprovechan este momento en que tenemos tesis muy razonables para defender como colombianos nuestro marco de justicia transicional ante la Corte Penal Internacional y ante el Sistema Interamericano, si las Farc pierden ahora esta coyuntura, se le cerrará para siempre la puerta a una paz negociada. No van a volver a encontrar todos estos elementos de contexto de apoyo tan enorme a un proceso de paz. Tirarán la llave al mar y quemarán las naves si no aprovechan esta oportunidad histórica que existe. Sería un error gigantesco que las Farc no lleguen a buen puerto en este proceso de negociación, porque las condiciones históricas que hoy existen son irrepetibles.

¿Qué ocurriría si las Farc no aprovechan la que llama “oportunidad histórica”?

Conducirán al Estado a una confrontación que muchos no deseamos. Las Farc están hoy en el todo o nada. Si no se logra un acuerdo negociado, si se rompe este proceso, pondrán al Estado en la posición necesaria de una gran ofensiva militar que muchos no queremos.

Ahora se está discutiendo en Cuba el tema de la participación en política. ¿Cuál es su opinión sobre esa opción?

Eso está definido constitucionalmente. Las personas que sean condenadas por crímenes de lesa humanidad no podrán participar en política. Estoy de acuerdo en que, salvo quienes no estén condenados en ese momento por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política. Creo impensable que las Farc no intenten hacer una transformación del Estado a través de los mecanismos que ofrece la democracia, especialmente cuando lo han intentado hacer sin éxito a través de la violencia. No se puede pretender que, una vez solucionado el conflicto, todos los desmovilizados de las Farc pasen a ser unos jubilados del Estado.

¿Y entonces?

Hay que abrir las puertas para la participación de las Farc en política, para que esos ideales que tienen, de transformación radical de la sociedad, los consigan por la vía democrática. Por eso no comparto las estigmatizaciones que a veces se escuchan contra Marcha Patriótica. Es legítimo que existan expresiones como esa. Hay que dejar a los sectores de izquierda construir una gran autopista democrática en proyectos como Marcha Patriótica, donde, inclusive y si cada uno lo considera, puedan aterrizar luego los miembros de las Farc y puedan intervenir en política para que sea su canal de expresión. Esa es la democracia, esas son las reglas de juego de un Estado de derecho.

¿Pero qué tipo de confianza puede tener la izquierda en Colombia si a una de sus líderes, la exsenadora Piedad Córdoba, la derecha le impuso muerte política?

Su caso no está cerrado del todo. La tutela que falló la Corte Constitucional solo sienta la tesis de que el Procurador sí tiene competencia para destituir o sancionar a funcionarios elegidos democráticamente, pero desde el punto de vista probatorio el proceso está abierto en la Corte Suprema.

¿Y si la Corte Suprema no encuentra pruebas contra ella?

Esa es mi pregunta. Creo que estaría en serios aprietos la decisión del Procurador. Esa situación podría significar lo que la jurisprudencia llama “hecho nuevo”, que le permitiría a la senadora volver a interponer una acción de tutela. No se ha cerrado totalmente la puerta para ella.

¿La Fiscalía tiene pruebas contra Piedad Córdoba?

Ni pruebas ni evidencias serias de una vinculación indebida de la exsenadora con las Farc. Lo que tenemos es conocimiento de su actividad como defensora de derechos humanos y como una luchadora decidida por una solución negociada al conflicto.

¿Qué hacer si la negociación de paz en Cuba sigue tan lenta?

Vamos a tener que llenarnos de una dosis inmensa de paciencia. Esta negociación va a ser demorada, pero debe tenerse presente que superar 50 años de conflicto, frente a una organización que ha cometido actos muy condenables, no es fácil. Como dijo Humberto de la Calle, vamos a tener que pensar que necesitamos una década para consolidar este proceso de paz. La negociación no es sino el principio. Recuerdo que Winston Churchill, en medio de la crisis de la II Guerra Mundial, dijo: “Este no es el principio del fin, es el fin del principio…”.

¿Para usted es evidente que, en la campaña electoral que viene, el tema de la paz va a ser el tema central del debate?

Eso es inexorable. Es que la solución negociada del conflicto es la decisión más importante de Colombia, desde el punto de vista político e institucional, en un siglo. Es la gran decisión de vida de los colombianos, la decisión histórica más importante en los últimos cien años. Si el presidente Santos aspira a la reelección, tiene que cumplir un mandato constitucional imperativo: la paz es un derecho y un deber.

Es decir, ¿las elecciones serán para decidir la paz o la guerra?

Es la decisión que deben tomar los colombianos: a favor o en contra de la paz, a favor o en contra de la guerra. Hay sectores políticos muy importantes que plantean la solución por la vía de la guerra, no por la vía de la negociación. Vamos a saber, en forma real, cuál es la decisión de los colombianos: la paz, y evitamos más guerra través de una solución negociada, o nos vamos por cien años más, no de soledad sino de guerra, para derrotar a las Farc.

Después de un eventual acuerdo

Si se logra un acuerdo en Cuba, ¿qué sigue?

Implementar acuerdos, rediseños institucionales, dar dentro del Derecho Penal Internacional y la Constitución garantías de seguridad jurídica a los desmovilizados. Un cierre definitivo de procesos que tienen origen en el conflicto y no solo frente a las Farc. Tiene que haber justicia transicional también frente a los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchos que colaboraron con ‘paras’ no han sido juzgados dentro de la ley de justicia y paz. Tienen que entrar en la justicia transicional. El desarrollo jurídico es reto descomunal.

¿Y que pasaría con los ‘falsos positivos’?

Cualquier mecanismo de justicia transicional que incluya a miembros de la Fuerza Pública debe excluir beneficios para los autores de los ‘falsos positivos’.

¿Eso qué llama “cierre de procesos” no está prohibido internacionalmente?

La justicia internacional exige que haya mecanismos judiciales que den un recurso efectivo a las víctimas de los delitos que mencionamos. Estos recursos requieren que haya castigos para algunos responsables, pero eso no es sinónimo de privación de la libertad. El deber de castigar y judicializar no se traduce necesariamente en cárcel. Cuando me refiero a cierre de procesos, lo hago dentro de los presupuestos previstos en el marco jurídico para la paz que la Corte Constitucional declaró exequible. No se desconoce la justicia internacional. Me refiero a que, hechas las investigaciones y producidas las condenas, exista un mecanismo de cosa juzgada integral y definitiva para los hechos cometidos en el conflicto. Si no, se volvería una historia sin fin, nociva para consolidar la paz.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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