Las pistas que destaparon el 'cartel de jueces' de Paloquemao

Las pistas que destaparon el 'cartel de jueces' de Paloquemao

Negociaban libertades y otros beneficios cobrando hasta $50 millones. Van 11 capturados.

17 de octubre 2013 , 09:02 p.m.

Cinco millones de pesos habría pagado en abril pasado un hombre preso por el delito de enriquecimiento ilícito para que le cambiaran la detención domiciliaria por libertad condicional.

El caso fue resuelto por el juez Francisco Javier Borbón, uno de los once capturados este jueves por la Policía y la Fiscalía en una operación contra el ‘cartel de jueces’, una organización cuyo negocio –cobrar por decisiones judiciales, especialmente por libertades– era un secreto a voces desde hace casi un año en el complejo judicial de Paloquemao, el más grande e importante del país. El otro juez capturado es Ricardo del Cristo Rodríguez, y la operación sigue hacia otros despachos. (Lea aquí: Uno de los jueces capturados quería ser magistrado de la Corte Suprema)

La investigación, liderada por la Dijín de la Policía y varios fiscales especializados, se inició el año pasado, cuando la red contactó a un funcionario del Centro de Servicio Judiciales de Paloquemao al que le ofrecieron un millón de pesos para que un proceso terminara en manos del 'cartel'.

Ese procedimiento se hace por sistema y es, supuestamente, aleatorio. La banda tenía claves de acceso al programa y así consiguió que varios casos, por los que se pagó plata, fueran a despachos específicos.

El funcionario al que le ofrecieron el soborno lo denunció ante la Fiscalía y empezó a trabajar encubierto. Alcanzó a recibir diez millones de pesos por asignar a dedo diez procesos que, según los investigadores, ya estaban ‘arreglados’.

En el expediente hay 15 casos documentados por los que la red cobró, entre junio del 2011 y julio del 2012, sumas que iban desde cinco hasta 50 millones de pesos, según la decisión que tenía que tomar el juez del caso.

“Hay procesos de hurtos, fleteos y corrupción en los que se detectaron pagos”, dijo uno de los investigadores. En seis de los procesos identificados se concedió la libertad a los investigados.

Los seguimientos hechos a la organización permitieron probar que uno de los funcionarios capturados se reunió en un centro comercial con un procesado al que acababan de conceder la detención domiciliaria. El encuentro, además, se dio a más de diez kilómetros de la casa en la que se suponía debía permanecer el interno.

El expediente, cuyos alcances serán revelados apenas este viernes, en la audiencia contra los miembros de la banda, señala que otro de los capturados, Manuel Humberto González, supuestamente buscaba ‘clientes’ en la cárcel de la Modelo, de Bogotá. En ese sitio se ofrecieron los servicios del ‘cartel de jueces’, señalan las fuentes.

Otro de los casos documentados es el pago hecho a un funcionario judicial para que informara los movimientos de la Fiscalía (solicitud de autorización para practicar pruebas, fechas de audiencias reservadas, etc.) en el caso contra los particulares que se apropiaron de un terreno de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) avaluado en 50.000 millones de pesos.

Además de los dos jueces, fueron capturados tres funcionarios de los juzgados penales municipales, cuatro funcionarios del centro de servicios de Paloquemao y dos particulares. Se incautaron 11 millones de pesos en efectivo.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que los capturados se habrían organizado para garantizar que “esos jueces de control de garantías produjeran decisiones contrarias a la ley, como decretar libertades, distorsionar el sentido del derecho y desviar las investigaciones”.

La Fiscalía les imputará hoy viernes cargos por concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias. Además, pedirá que sigan privados de la libertad.

Escándalos en todo el país

Aunque el del ‘cartel de los jueces’ de Paloquemao puede ser el escándalo más grande desde el arranque del sistema penal acusatorio en el país, en el 2005, los cuestionamientos por la conducta de los jueces y fiscales son numerosos.

Así, decisiones de jueces de garantías que han puesto en libertad a peligrosos jefes de bandas criminales, o la entrega del beneficio de detención domiciliaria han puesto en el ojo de la opinión pública a varios operadores judiciales.

Hace un mes, el juez tercero de descongestión de Cúcuta, Carlos Javier Bernal, le dio casa por cárcel y le impuso una multa de 100.000 pesos a alias ‘Solarte’, el principal secuestrador del Eln en el sur de Bolívar. El guerrillero se fugó a los pocos días.

Capos como el ‘Cebollero’ (uno de los jefes de la mafia en Medellín) y ‘Pantera’ también fueron beneficiados en su momento por cuestionadas decisiones judiciales.

Otro caso emblemático es el del juez Luis Eduardo Beltrán Farías, que en su momento les dio libertad a los capos ‘Fritanga’ y el ‘Indio’, así como a su socio Felipe Sierra. Los dos narcos duraron fugados más de dos años. Beltrán fue condenado y paga cárcel por otro caso de corrupción.

Entre los fiscales, son famosos los casos de Ramiro Antury (extraditado a EE. UU), Leobardo Latorre y Camilo Bula, exjefe de la Unidad Antimafia.

"No se puede estigmatizar a toda la justicia"

Frente a los casos de corrupción, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó este viernes que "la justicia ya comenzó a actuar".

"Aunque es un hecho grave de corrupción (...) fue la misma justicia, a través de la Policía y la Fiscalía, la que reaccionó y detectó estos casos, los cuales jamás se deberían presentar”, reiteró el jefe de la cartera, quien recordó que estos casos no son los primeros que se presentan.

REDACCIÓN JUSTICIA

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